Consejo de Seguridad, sin novedad

INSEGURIDAD
29/noviembre/2009

*Realidad, más dramática que los datos
*Error, desaparecer la policía municipal

Generó descontento. Pero lo más importante de aquello que se dijo en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizó recién en Palacio Nacional, fue el reporte “Termómetro Delictivo 2009” a nivel nacional, que presentó Luis de la Barreda, como director general del (independiente y ciudadano) Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Para refrescar la memoria a gobernantes y gobernados, sobre lo que ocurre en materia de inseguridad que trae a todos de cabeza en este país, De la Barreda recordó que Chihuahua es el estado más violento, seguido por Sinaloa, Baja California, Distrito Federal y Guerrero.
Ninguna novedad. La encuesta se levantó en 2008, en 16 ciudades del país y fue presentada en agosto pasado. Es lo que dicen las personas. Pero claro. Hubo protestas de los gobernadores. Se habló de dudas, posible manipulación de datos, cuestionamiento a la metodología de la encuesta, etcétera. Pero se dijo lo menos del problema. Tampoco del qué hacer.
Ni siquiera la propuesta del presidente Felipe Calderón, de restarle importancia a la policía municipal desapareciéndola para incorporarla a una coordinación estatal es interesante, porque no es funcional. Bueno, Calderón hace dicho planteamiento sin consultar siquiera a los involucrados: a la propia autoridad local, y mucho menos a los ciudadanos. ¡Craso error! Por eso, de entrada, sería una más de las tantas medidas erróneas que se llevan a cabo para combatir la inseguridad.
Además, con una salida de este tipo, quedaría de lado el hecho que los ciudadanos prefieren siempre más al policía de la esquina —o de barrio, colonia o pueblo; ese concepto que no se retoma pero es efectivo—, que a un perfecto desconocido sin el mínimo de confianza requerida. Y, sin esa figura de autoridad cercana (y honesta), no se puede avanzar más allá. Como solicitar al ciudadano común y corriente, su colaboración para combatir eficientemente al delincuente que anda en las calles, que tiene un domicilio desde el cual opera, y ronda un territorio por donde trafica o delinque. ¡Quién mejor —incluso que los curas del lugar— el ciudadano que conoce al delincuente! A un sujeto que se caracteriza por sus lujos, sus armas y un cuerpo de seguridad visible. Recuérdese que en muchos casos el delincuente allana la ausencia o la falta de recursos de la autoridad municipal. Recluta y genera trabajo remunerado a jóvenes, pero también ofrece servicios a los municipios y ordena obras para las comunidades.
Esto es. No se puede dejar de lado que sólo con una participación ciudadana activa, con la sociedad civil organizada, coadyuvante en materia de denuncia, organización y prevención —ya sea también por células comunitarias— por manzana, unidad, colonia, bario y pueblo, es posible que las instancias de gobierno competentes hagan el resto de su tarea con la detección temprana, la detención efectiva, el desmantelamiento preciso y el proceso judicial correspondiente, de aquellos individuos pertenecientes a las bandas de criminales. Juntos, sociedad y gobierno, como se ha hecho en muchos países con éxito, tan sólo véase Italia y Colombia.
No obstante, la eficacia será todavía mayor si se cuenta con autoridades honestas. Sin pizca de corrupción (“patología grave”: José Narro) ni visos de impunidad. Una tarea que, por cierto, debería emprenderse a la par: preparar, capacitar y remunerar mejor para que hagan bien el trabajo encomendado todos; desde el policía hasta el juez. Y no sólo con más armamento. Las armas solas no funcionan. Sí mejores sueldos, pero una mayor depuración y capacitación. Y un replanteamiento de la estrategia.
Incluso, castigando severamente aquellas autoridades —del nivel que sea— que participen de cualquier modo con los criminales. Es decir, sin contemplaciones para quienes se coluden desde las estructuras de gobierno local-municipal, estatal o federal; como espías, vendiendo información confidencial o delincuentes con placa. De lo contrario seguirá esta “guerra” declarada unilateral y sin cuartel por parte del gobierno federal, en contra de los delincuentes sin ofrecer los resultados prometidos —incluso con el Ejército en las calles; una de las opciones que deben revisarse con urgencia porque los soldados no son policías—, mucho menos los esperados por una sociedad harta de tanta violencia y un clima cotidiano de inseguridad. Se olvida que, más que al gobierno, es al ciudadano a quien le interesa ganar terreno al delincuente y al secuestrador, para vivir en paz y no en incertidumbre permanente.
Por todo, es lamentable que las propias autoridades estatales, como sucedió en la reunión de Seguridad, los gobernadores refuten una encuesta. Cuando el problema no demanda justificaciones sino exige acciones coordinadas de la autoridad con la sociedad organizada. Es más, los gobiernos estatales deberían trabajar con el legislador, para replantear el tema presupuestal de los municipios. Porque en la pasada pugna entre ambas instancias —gobernadores y Congreso— con motivo del Presupuesto de Egresos 2010, los presidentes municipales quedaron fuera. Por eso, en lugar de ayudar a los 2,438 municipios les bajaron recursos para el año que viene.
Por eso, no valen los descalificativos. Como respondieron desde Ciudad Juárez a Felipe Calderón, cuando el pasado 25 día de la eliminación de la violencia contra mujeres, dijo tratarse de un caso “emblemático por la violencia en las calles, no sólo contra mujeres sino de hombres, en su mayoría adolescentes y jóvenes de familias disfuncionales”. Diputados y comerciantes refutaron: “Aquí lo único disfuncional es el gobierno de Felipe Calderón, que no ha sabido satisfacer la necesidad de seguridad de las familias mexicanas... Lo que están haciendo, Calderón y Gómez Mont, es tratar de justificar acciones represivas que emprendieron con el Ejército y que no han funcionado”. Ni más ni menos.

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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.