INSEGURIDAD
18/diciembre/2009
*Exitoso operativo Cuernavaca
*El mérito es de La Marina
Un punto a favor, con muchos en contra. Acabar con Arturo Beltrán Leyva, La Muerte, El Barbas o El Jefe de jefes, es un mérito de la Secretaría de Marina y un golpe de suerte para Felipe Calderón. El cabecilla del cartel de Sinaloa, enemigo de Joaquín Loera El Chapo Guzmán desde enero del 2008 —cuando fue capturado el hermano Alfredo Beltrán El Mochomo—, era también el líder de los Beltrán Leyva, aliado del brazo armado del cartel del Golfo, Los Zetas (firmaron “pacto de no agresión”), y uno de los tres capos más buscados por Estados Unidos y perseguido por autoridades mexicanas —los otros dos son: El Chapo e Ismael El Mayo Zambada.
Violencia generalizada que siembra el terror. Los Beltrán Leyva realizaban ejecuciones para “limpiar” las plazas bajo su control, asesinando secuestradores, ladrones de autos y extorsionadores en estados como Guerrero, Morelos y el Distrito Federal. Además de apadrinar a grupos de gatilleros en Guerrero (Los Pelones) y Sinaloa (Los Güeros), para hacer el trabajo sucio de quitar territorio y mercado a los enemigos. A la competencia de otros como El Chapo. Mediante la llamada “Operación limpieza”, se presume, incluso que El Barbas y su banda lograron infiltrar altas autoridades de la PGR, la SIEDO y la Interpol México, mediante las relaciones de Alberto Pineda Villa, alias El Borrado.
Jefe de Jefes, con corrido y todo, el narcotraficante era uno de los capos más peligrosos de los traficantes de droga en México, con operaciones desde Colombia (su relación era con el cartel Norte del Valle, de dicho país) hasta el mercado más grande del mundo, el de los Estados Unidos. Pasando por territorios “controlados” para operaciones propias del transporte de droga y lavado de dinero, en varios estados de la República donde aparecen Morelos —posible centro de trabajo—, Puebla, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca. Y con Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, se expandieron a Guerrero, Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Estado de México, Distrito Federal, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La Armada de México trajo a salto de mata a Arturo Beltrán durante los últimos ocho días, hasta que lo cazó. Lo seguía desde el enfrentamiento del jueves 10 de diciembre en Cholula y Puebla, en donde murieron cuatro pistoleros. El viernes 11 se les escabulló de Tepoztlán, Morelos, de una preposada en donde amenizaban los Cadetes de Linares, Grupo Torrente y el conjunto de Ramón Ayala. Ahí murieron tres sicarios y otros nueve fueron capturados. Uno de los detenidos ese día dio el pitazo de que Arturo Beltrán Leyva se escondía en el fraccionamiento “Altitudes”, un exclusivo conjunto habitacional ubicado en el centro de Cuernavaca, estado de Morelos.
Ahí acabó la persecución el miércoles 16 de diciembre por la noche, luego de la balacera de 45 minutos en donde los marinos pusieron fin a La Muerte, El Jefe de Jefes —se presume que también estaba La Barbie, pero no apareció entre las víctimas—, junto a otros seis pistoleros que lo resguardaban y otros detenidos, entre ellos dos mujeres de 18 y 44 años.
Tras el anuncio de la muerte de El Barbas, la Procuraduría General de la República advirtió sobre el riesgo posible que se avecina por la recomposición del cartel en cuestión. Tanto al interior como hacia afuera, por los posibles choques con las otras bandas del crimen organizado. Pero se advierte que el liderazgo del grupo lo asumiría el hermano prófugo, Héctor Beltrán Leyva.
Bien por la Secretaria de Marina, porque realizó con éxito el trabajo peligroso. Pero no es tiempo para regodeos de Calderón, como lo expresó desde Copenhague donde andaba —en la fallida cumbre climática—. La Operación Cuernavaca ha sido “producto, dijo el presidente, de una intensa labor de inteligencia de la Armada”, y con ellos “ha quedado demostrado que la inteligencia es un arma eficaz y poderosa contra el crimen organizado”.
Tampoco es tiempo de cantar victoria. Michele M. Leonhart, la administradora interina de la agencia antidrogas, la DEA, dijo que “el reino de Arturo Beltrán Leyva ha terminado”. Y su muerte representa un golpe demoledor a uno de los carteles más violentos del mundo. Pero no hay nada seguro todavía.
Para el gobierno de Calderón es más un golpe de suerte. Y lo es porque se inserta en un contexto de guerra que lleva muchas vidas. Todo porque no hay estrategia. Los 16 mil muertos que van desde el inicio del sexenio calderonista no habrían ocurrido si desde hace tres años hubiera algo más que el enfrentamiento armado.
Por eso hay que insistir en la urgencia de replantear la ruta. Ahora es cuando se puede y debe redefinir la estrategia a seguir. Ahora es cuando debe escucharse la voz de los expertos —analistas independientes e investigadores de las universidades—, al igual que revisar las políticas aplicadas en otros países. Desde ya dejar a un lado la soberbia con la que inició una guerra entintada con mucha sangre.
Urge saltar del enfrentamiento en las calles al ataque desde las entrañas mismas de la delincuencia. Nada se hace por atacar los flujos de recursos de procedencia ilícita ni por contener el lavado de dinero. Al menos no lo suficiente porque las bandas siguen creciendo, y generando tremendas ganancias ilícitas en dinero contante y sonante. No hay alianza con el ciudadano, porque esta lucha de Calderón comenzó al revés.
NB. Por los días festivos que vienen, este autor deja de publicar hasta el próximo día 4 de enero. Felices fiestas.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
jueves, 17 de diciembre de 2009
La propuesta de Calderón-II
INSEGURIDAD
17/diciembre/2009
*Fortalecer y reelegir al Presidente
*El decálogo, iniciativa retrógrada
Con el esqueleto del sistema político mexicano de consejero, y dejando intacto el autoritarismo con el que se ejercita en el cargo (el “estilo personal de gobernar”), el presidente Felipe Calderón va por la reelección presidencial. No lo dice en su decálogo de reforma político-electoral (que nada tiene de reforma del Estado), pero apunta para allá. Y de paso, con el pretexto de “fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema político, e instituir mecanismos para consolidar las instituciones”, lo que busca es vigorizar el presidencialismo.
Lo que primero intenta romper es el prejuicio de la reelección, que causa tanto revuelo entre los mexicanos —no únicamente al interior de la clase política— desde que Porfirio Díaz fue echado de Palacio Nacional con un levantamiento armado que devino en la primera Revolución del siglo XX.
Por eso, en los diez puntos propone reelegir a legisladores federales (léase Congreso de la Unión), a los alcaldes y demás autoridades de los ayuntamientos; así como a “jefes delegacionales en los estados de la República” (¿se refiere a los gobernadores?), hasta por un periodo de 12 años. Pero reelección sin revocación de mandato no funciona, como tantas veces lo ha dicho Porfirio Muñoz Ledo; así como la rendición de cuentas cuya ausencia va de la mano de la corrupción que deriva en enriquecimiento inexplicable de representantes populares y demás funcionarios.
Una vez roto el estigma de la reelección, entonces le pega un parche a la Constitución y el Presidente también repite periodo sexenal. Pero antes de que eso se convierta en una posibilidad —porque Calderón no lo señala directa ni claramente para no levantar sospechas— quiere un Presidente todavía más fuerte de lo que se lo heredó el PRI. Ejercer un presidencialismo con mayores facultades de las que tiene, y las que se le adjudica durante cada sexenio (con todo y que Vicente Fox debilitó más a la institución presidencial).
Y para que el Congreso no le enmiende la plana en materia presupuestal —en el manejo de los recursos, tanto en lo referente al ingreso como a los egresos; recuérdense los debates de la última reforma presupuestal—, Calderón propone en el punto 10, establecer “observaciones parciales o totales”. Lo que quiere decir que, convertido en oficialía de partes, el Congreso de la Unión aprobaría una ley, pero el Presidente decide sobre el contenido final. No solo en lo referente al “Presupuesto de Egresos”, sino a “los proyectos aprobados por el Congreso”; es decir a todas las leyes que surjan del legislativo. Una atribución mucho más allá del derecho de veto que ya ejerce, porque simplemente el Presidente haría su voluntad.
Por si fuera poco, también propone “facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo (¿“presidencial o del Congreso?). En caso contrario éstas se considerarán aprobadas”. Es decir, que el Ejecutivo decide. Así las iniciativas sean presentadas al último minuto del periodo en cuestión. El colmo de la imposición.
Pero el asunto de fortalecer al presidencialismo no para ahí. Bajo el supuesto de “consolidar las instituciones”, Felipe Calderón propone la reducción del número de integrantes del Congreso. Menos diputados y menos senadores. Tres senadores por estado y 400 diputados. Serían 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional. Eso no está mal, siempre y cuando no baje la representación partidista. El Congreso puede operar mejor con menos legisladores. Es verdad. Pero si adolece de la pluralidad de ahora no funciona.
Menos cuando la tirada de Felipe Calderón es que desaparezcan los partidos chicos al aumentar del 2 al 4 por ciento el porcentaje mínimo para conservar el registro ante el IFE. Sabe que la chiquillada junta suma votos a favor o en contra. Y el PAN no las tiene todas consigo. Más bien el intento de Calderón, en este punto es, como bien se avizora ya, algo que va de la mano de la “segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República”: unir al PRI y al PAN en contra de un tercero. En su caso, para golpear al PRD (la mal llamada izquierda) y sus no menos fuertes candidatos.
Es decir, que la pluralidad ideológica y partidista desfavorece al presidencialismo, sea panista o priista. Dispersa menos el voto —abriendo las posibilidades de una mayor captación de votos, y ganando así legitimidad— y controla mejor el poder ahora disperso.
El otorgamiento a la SCJN para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia es importante, pero no lo es la propuesta de “iniciativa ciudadana”. En este caso las propuestas quedarían sujetas a la agenda legislativa, y difícilmente pasarían a discusión y aprobación del Congreso. Eso no llena la promesa de “fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema político”, porque sólo la promesa lo sustenta. No están, en cambio, el plebiscito y el referéndum, que son demandas añejas.
El tema de las “candidaturas independientes” tendría muchos candados. De aprobarse, si bien le quitaría el monopolio a los partidos para aspirar a un cargo de elección popular, sin recursos para hacer campañas, sin el apoyo para vigilar el voto en las casillas, y sin una estructura para organizar la propia campaña, no opera. Salvo que brinque algún candidato de mucha lana. Pero eso es más un gancho de la iniciativa que un avance.
No hay que perder de vista que la mira de Felipe Calderón está en la reelección presidencial, de la mano de ratificar otras autoridades previamente. Fortalecer el presidencialismo, otorgarle mayores facultades, pasando por debilitar al Congreso. Delimitar y doblegar al poder legislativo; desarticular el sistema de partidos y, unir a los dos grandes en contra del tercero en discordia para asegurar —mediante segunda vuelta— el triunfo de PRI o PAN en el caso de la elección presidencial. Decálogo retrógrado, el de Calderón. Más la víspera del 2010. A 100 años de que arrancó la revuelta bajo la consigna de: “Sufragio Efectivo, No Reelección”.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
17/diciembre/2009
*Fortalecer y reelegir al Presidente
*El decálogo, iniciativa retrógrada
Con el esqueleto del sistema político mexicano de consejero, y dejando intacto el autoritarismo con el que se ejercita en el cargo (el “estilo personal de gobernar”), el presidente Felipe Calderón va por la reelección presidencial. No lo dice en su decálogo de reforma político-electoral (que nada tiene de reforma del Estado), pero apunta para allá. Y de paso, con el pretexto de “fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema político, e instituir mecanismos para consolidar las instituciones”, lo que busca es vigorizar el presidencialismo.
Lo que primero intenta romper es el prejuicio de la reelección, que causa tanto revuelo entre los mexicanos —no únicamente al interior de la clase política— desde que Porfirio Díaz fue echado de Palacio Nacional con un levantamiento armado que devino en la primera Revolución del siglo XX.
Por eso, en los diez puntos propone reelegir a legisladores federales (léase Congreso de la Unión), a los alcaldes y demás autoridades de los ayuntamientos; así como a “jefes delegacionales en los estados de la República” (¿se refiere a los gobernadores?), hasta por un periodo de 12 años. Pero reelección sin revocación de mandato no funciona, como tantas veces lo ha dicho Porfirio Muñoz Ledo; así como la rendición de cuentas cuya ausencia va de la mano de la corrupción que deriva en enriquecimiento inexplicable de representantes populares y demás funcionarios.
Una vez roto el estigma de la reelección, entonces le pega un parche a la Constitución y el Presidente también repite periodo sexenal. Pero antes de que eso se convierta en una posibilidad —porque Calderón no lo señala directa ni claramente para no levantar sospechas— quiere un Presidente todavía más fuerte de lo que se lo heredó el PRI. Ejercer un presidencialismo con mayores facultades de las que tiene, y las que se le adjudica durante cada sexenio (con todo y que Vicente Fox debilitó más a la institución presidencial).
Y para que el Congreso no le enmiende la plana en materia presupuestal —en el manejo de los recursos, tanto en lo referente al ingreso como a los egresos; recuérdense los debates de la última reforma presupuestal—, Calderón propone en el punto 10, establecer “observaciones parciales o totales”. Lo que quiere decir que, convertido en oficialía de partes, el Congreso de la Unión aprobaría una ley, pero el Presidente decide sobre el contenido final. No solo en lo referente al “Presupuesto de Egresos”, sino a “los proyectos aprobados por el Congreso”; es decir a todas las leyes que surjan del legislativo. Una atribución mucho más allá del derecho de veto que ya ejerce, porque simplemente el Presidente haría su voluntad.
Por si fuera poco, también propone “facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo (¿“presidencial o del Congreso?). En caso contrario éstas se considerarán aprobadas”. Es decir, que el Ejecutivo decide. Así las iniciativas sean presentadas al último minuto del periodo en cuestión. El colmo de la imposición.
Pero el asunto de fortalecer al presidencialismo no para ahí. Bajo el supuesto de “consolidar las instituciones”, Felipe Calderón propone la reducción del número de integrantes del Congreso. Menos diputados y menos senadores. Tres senadores por estado y 400 diputados. Serían 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional. Eso no está mal, siempre y cuando no baje la representación partidista. El Congreso puede operar mejor con menos legisladores. Es verdad. Pero si adolece de la pluralidad de ahora no funciona.
Menos cuando la tirada de Felipe Calderón es que desaparezcan los partidos chicos al aumentar del 2 al 4 por ciento el porcentaje mínimo para conservar el registro ante el IFE. Sabe que la chiquillada junta suma votos a favor o en contra. Y el PAN no las tiene todas consigo. Más bien el intento de Calderón, en este punto es, como bien se avizora ya, algo que va de la mano de la “segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República”: unir al PRI y al PAN en contra de un tercero. En su caso, para golpear al PRD (la mal llamada izquierda) y sus no menos fuertes candidatos.
Es decir, que la pluralidad ideológica y partidista desfavorece al presidencialismo, sea panista o priista. Dispersa menos el voto —abriendo las posibilidades de una mayor captación de votos, y ganando así legitimidad— y controla mejor el poder ahora disperso.
El otorgamiento a la SCJN para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia es importante, pero no lo es la propuesta de “iniciativa ciudadana”. En este caso las propuestas quedarían sujetas a la agenda legislativa, y difícilmente pasarían a discusión y aprobación del Congreso. Eso no llena la promesa de “fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema político”, porque sólo la promesa lo sustenta. No están, en cambio, el plebiscito y el referéndum, que son demandas añejas.
El tema de las “candidaturas independientes” tendría muchos candados. De aprobarse, si bien le quitaría el monopolio a los partidos para aspirar a un cargo de elección popular, sin recursos para hacer campañas, sin el apoyo para vigilar el voto en las casillas, y sin una estructura para organizar la propia campaña, no opera. Salvo que brinque algún candidato de mucha lana. Pero eso es más un gancho de la iniciativa que un avance.
No hay que perder de vista que la mira de Felipe Calderón está en la reelección presidencial, de la mano de ratificar otras autoridades previamente. Fortalecer el presidencialismo, otorgarle mayores facultades, pasando por debilitar al Congreso. Delimitar y doblegar al poder legislativo; desarticular el sistema de partidos y, unir a los dos grandes en contra del tercero en discordia para asegurar —mediante segunda vuelta— el triunfo de PRI o PAN en el caso de la elección presidencial. Decálogo retrógrado, el de Calderón. Más la víspera del 2010. A 100 años de que arrancó la revuelta bajo la consigna de: “Sufragio Efectivo, No Reelección”.
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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
miércoles, 16 de diciembre de 2009
La propuesta de Calderón-I
INSEGURIDAD
16/diciembre/2009
*Los vicios del sistema político
*La minirreforma presidencial
Piensa mal y acertarás. Y no por mal pensados, sino porque en el ejercicio de la política las cosas no son tan lineales. Más bien resultan en lo inverso. Es el caso de la iniciativa de reforma política (¿o del Estado?) del presidente Felipe Calderón que no tiene pies ni cabeza y apenas presentó ayer al Congreso.
¿Es el intento de otro albazo al ciudadano, al presentarla el último día del periodo de sesiones del Congreso? Porque se dirigió a la Comisión Permanente. Como si se trate de un asunto simple que no requiera de la mayor discusión en el recinto legislativo, y con los representantes populares. ¿Acaso presume que, por el alcance de las mismas, sus propuestas serán avaladas de ese modo, en la Permanente?
No es descabellado. Recuérdese que el presidente Felipe Calderón acostumbra la imposición. Promueve el diálogo pero acude al uso de la fuerza para gobernar. Apela al consenso pero negocia bajo el agua. En lo oscurito, como se dice. Es más un presidente autoritario que un presidente preocupado u ocupado de tomar decisiones bajo un esquema democrático. A Calderón no le interesa la democracia, no obstante sus maestros fundadores del PAN y la tradición panista. Pese al ejemplo del demócrata, maestro suyo, Carlos Castillo Peraza y otros.
Felpe Calderón ejerce el poder bajo la peor vertiente del legado priista, y del sistema político mexicano. Abandera el doble lenguaje. Muy útil para la renovación del poder y del propio sistema. Para la reproducción y la sobrevivencia de éste. Sin importar las consecuencias. Es su “estilo personal de gobernar”.
Impone porque tiene el poder. Y reproduce el esquema. Desde arriba hasta abajo. Desde el que tiene el mayor poder de decisión hasta el que menos, pero también lo ejerce. Porque no siempre se decide ni aplica lo mejor. Lo contrario. No son las mejores medidas sino las más hostiles. No importa que falle la gobernabilidad. O que caiga la popularidad y anule la representación. Al fin que el PAN se ve perdido en el horizonte del 2012.
Es la marca de la tradición presidencial. Y ahí se mueve seguro Felipe Calderón. Reproduce las atribuciones que le otorga el sistema político. Donde prevalece el engaño. El juego de espejos en el ejercicio del poder. La imposición de la mentira como verdad. Luego la pantalla chica se encarga de legitimar.
Es la realidad bajo la visión y la autorización de arriba. Desde el tradicional “soldado” del Presidente (Azcárraga), hasta la manipulación generalizada. Servir al poder para obtienen la mayor tajada presupuestal.
Como el sistema político, Calderón utiliza las parábolas; pero a la inversa. En la vida partidaria, y en las organizaciones cupulares. Critica, pero mantiene intocables a los incómodos pero útiles poderes fácticos. Golpea a los débiles, o los doblega por la fuerza (SME).
Son los golpes bajos del poder contra los del no poder otros. Los que tienen que padecer las consecuencias. Es la traición, tanto como la puñalada trapera. El esquema de alianzas para ganar mayorías e imponer en todos los niveles (de gobierno, político y electorales).
Muchas de las prácticas son escuela del PRI en sus años mozos. Instauradas como parte del ejercicio de la política durante 70 años de tener el control. El PRI las legó como molde para el comportamiento posterior, entre los partidos y los políticos. Y el PAN y el Presidente lo ejercen bien. Para beneficio de ellos (y del sistema), pero no para la población.
Fueron siete décadas de aprendizaje, para todo aquél decidido a mantenerse en la verdad (el que vive fuera del presupuesto vive en el error) de la práctica política. Por eso el sistema se ha reproducido igualmente con el PAN que con el PRI. Con sus vicios y todo. Las amenazas han sido repelidas con el uso de la fuerza. Ahí están, tanto el 68 represivo como el 88 fraudulento con el PRI. El 2000 del “cambio”, como el 2006 del fraude.
Y ya asoma el 2010. El año que toca a las puertas del autoritarismo. Es la tentación del despertar por culpa del ejercicio del presidencialismo y el autoritarismo.
El sistema que adoptó el cochupo como medio de convencimiento. Además el mayoriteo como mecanismo legislativo. El partido de las mayorías utiliza a sus legisladores como simples levantadedos. Así se aplicaba la barredora antes, igualmente ahora. Aún para aprobar leyes antipopulares. No son prácticas del pasado.
No importan los consensos. Tampoco el interés general. Sólo el interés de grupo, o del partido gobernante. Es el proyecto de quienes detentan el poder. El bienestar de las mayorías no interesa. Es lo de menos. Tampoco, en estos casos, importa la provocación que eso genera.
Tanto para el PRI como ahora el PAN, la democracia es poco menos que un pretexto. Un ideal, más que un propósito. En México no hay ejercicio democrático del poder. Tampoco en la vida interna de los partidos. El Presidente le impone al de abajo. Y así va la cadena del ejercicio antidemocrático del poder y de la política.
Es característico del sistema presidencialista. Desde ahí se decide lo demás. Por si fuera poco, aparte de las facultades constitucionales subsisten las metaconstitucionales para el Presidente. Desde ahí la reproducción de toda clase de arbitrariedades.
Hay nombramiento libre de funcionarios de alto nivel (de gabinete) sin participación legislativa. Es nula la rendición de cuentas. No hay remoción del cargo, pese a los errores cometidos en la conducción de la política y del país. No existe el juicio político contra el Presidente. Más bien subsiste un jefe del Ejecutivo con facultades para un ejercicio impune del poder presidencial. La impunidad con sustento del sistema presidencial.
Luego se trasmina a la sociedad el ejercicio autoritario de los poderes. Son algunas de las características del sistema político que siguen vivos. Y dan pauta para abordar desde esta óptica las propuestas de ayer envidas al Congreso por Felipe Calderón.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
16/diciembre/2009
*Los vicios del sistema político
*La minirreforma presidencial
Piensa mal y acertarás. Y no por mal pensados, sino porque en el ejercicio de la política las cosas no son tan lineales. Más bien resultan en lo inverso. Es el caso de la iniciativa de reforma política (¿o del Estado?) del presidente Felipe Calderón que no tiene pies ni cabeza y apenas presentó ayer al Congreso.
¿Es el intento de otro albazo al ciudadano, al presentarla el último día del periodo de sesiones del Congreso? Porque se dirigió a la Comisión Permanente. Como si se trate de un asunto simple que no requiera de la mayor discusión en el recinto legislativo, y con los representantes populares. ¿Acaso presume que, por el alcance de las mismas, sus propuestas serán avaladas de ese modo, en la Permanente?
No es descabellado. Recuérdese que el presidente Felipe Calderón acostumbra la imposición. Promueve el diálogo pero acude al uso de la fuerza para gobernar. Apela al consenso pero negocia bajo el agua. En lo oscurito, como se dice. Es más un presidente autoritario que un presidente preocupado u ocupado de tomar decisiones bajo un esquema democrático. A Calderón no le interesa la democracia, no obstante sus maestros fundadores del PAN y la tradición panista. Pese al ejemplo del demócrata, maestro suyo, Carlos Castillo Peraza y otros.
Felpe Calderón ejerce el poder bajo la peor vertiente del legado priista, y del sistema político mexicano. Abandera el doble lenguaje. Muy útil para la renovación del poder y del propio sistema. Para la reproducción y la sobrevivencia de éste. Sin importar las consecuencias. Es su “estilo personal de gobernar”.
Impone porque tiene el poder. Y reproduce el esquema. Desde arriba hasta abajo. Desde el que tiene el mayor poder de decisión hasta el que menos, pero también lo ejerce. Porque no siempre se decide ni aplica lo mejor. Lo contrario. No son las mejores medidas sino las más hostiles. No importa que falle la gobernabilidad. O que caiga la popularidad y anule la representación. Al fin que el PAN se ve perdido en el horizonte del 2012.
Es la marca de la tradición presidencial. Y ahí se mueve seguro Felipe Calderón. Reproduce las atribuciones que le otorga el sistema político. Donde prevalece el engaño. El juego de espejos en el ejercicio del poder. La imposición de la mentira como verdad. Luego la pantalla chica se encarga de legitimar.
Es la realidad bajo la visión y la autorización de arriba. Desde el tradicional “soldado” del Presidente (Azcárraga), hasta la manipulación generalizada. Servir al poder para obtienen la mayor tajada presupuestal.
Como el sistema político, Calderón utiliza las parábolas; pero a la inversa. En la vida partidaria, y en las organizaciones cupulares. Critica, pero mantiene intocables a los incómodos pero útiles poderes fácticos. Golpea a los débiles, o los doblega por la fuerza (SME).
Son los golpes bajos del poder contra los del no poder otros. Los que tienen que padecer las consecuencias. Es la traición, tanto como la puñalada trapera. El esquema de alianzas para ganar mayorías e imponer en todos los niveles (de gobierno, político y electorales).
Muchas de las prácticas son escuela del PRI en sus años mozos. Instauradas como parte del ejercicio de la política durante 70 años de tener el control. El PRI las legó como molde para el comportamiento posterior, entre los partidos y los políticos. Y el PAN y el Presidente lo ejercen bien. Para beneficio de ellos (y del sistema), pero no para la población.
Fueron siete décadas de aprendizaje, para todo aquél decidido a mantenerse en la verdad (el que vive fuera del presupuesto vive en el error) de la práctica política. Por eso el sistema se ha reproducido igualmente con el PAN que con el PRI. Con sus vicios y todo. Las amenazas han sido repelidas con el uso de la fuerza. Ahí están, tanto el 68 represivo como el 88 fraudulento con el PRI. El 2000 del “cambio”, como el 2006 del fraude.
Y ya asoma el 2010. El año que toca a las puertas del autoritarismo. Es la tentación del despertar por culpa del ejercicio del presidencialismo y el autoritarismo.
El sistema que adoptó el cochupo como medio de convencimiento. Además el mayoriteo como mecanismo legislativo. El partido de las mayorías utiliza a sus legisladores como simples levantadedos. Así se aplicaba la barredora antes, igualmente ahora. Aún para aprobar leyes antipopulares. No son prácticas del pasado.
No importan los consensos. Tampoco el interés general. Sólo el interés de grupo, o del partido gobernante. Es el proyecto de quienes detentan el poder. El bienestar de las mayorías no interesa. Es lo de menos. Tampoco, en estos casos, importa la provocación que eso genera.
Tanto para el PRI como ahora el PAN, la democracia es poco menos que un pretexto. Un ideal, más que un propósito. En México no hay ejercicio democrático del poder. Tampoco en la vida interna de los partidos. El Presidente le impone al de abajo. Y así va la cadena del ejercicio antidemocrático del poder y de la política.
Es característico del sistema presidencialista. Desde ahí se decide lo demás. Por si fuera poco, aparte de las facultades constitucionales subsisten las metaconstitucionales para el Presidente. Desde ahí la reproducción de toda clase de arbitrariedades.
Hay nombramiento libre de funcionarios de alto nivel (de gabinete) sin participación legislativa. Es nula la rendición de cuentas. No hay remoción del cargo, pese a los errores cometidos en la conducción de la política y del país. No existe el juicio político contra el Presidente. Más bien subsiste un jefe del Ejecutivo con facultades para un ejercicio impune del poder presidencial. La impunidad con sustento del sistema presidencial.
Luego se trasmina a la sociedad el ejercicio autoritario de los poderes. Son algunas de las características del sistema político que siguen vivos. Y dan pauta para abordar desde esta óptica las propuestas de ayer envidas al Congreso por Felipe Calderón.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
ASF, la sucesión parcial
INSEGURIDAD
15/diciembre/2009
*Porqué no compitió el actual auditor
*Urgen fiscalización y rendición de cuentas
Si, como dice Arturo González de Aragón, en México los indicadores de desempeño le son desfavorables a todas las autoridades y hay un ascenso en la percepción de la corrupción, entonces los controles tienen que ajustarse al alza. La rendición de cuentas, la fiscalización y la revisión del ejercicio presupuestal de toda entidad de gobierno que realiza sus funciones con presupuesto público, como el análisis que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resulta tan indispensable como imprescindible.
Y es que el día de hoy se presentará la terna al pleno de sesiones de los diputados en San Lázaro, para elegir al próximo titular del citado órgano (la ASF) adscrito a la Cámara de Diputados y dotado de autonomía técnica y de gestión para auditar los ejercicios presupuestales de toda instancia de gobierno. Y los tres últimos candidatos del total que fueron registrados son: Julián Alfonso Olivas Ugalde, Juan Manuel Portal Martínez y José Luis Nava Díaz.
Alguno de ellos —con experiencia los tres, por sus funciones en el área de fiscalización— será el nuevo responsable de la ASF para el periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017. La gestión de González de Aragón concluye este 15 de diciembre, tras haber permanecido ocho años al frente y entregar buenas cuentas, no obstante dimitir a la posibilidad de su propia reelección, resentido por la falta de transparencia del procedimiento.
En otras palabras, porque, según ha dicho Aragón, desconfía de la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso dentro de la Cámara de Diputados para elegir al nuevo titular de la ASF. Buen señalamiento, porque ocurre con todo aquellas instancias del Estado que, presuntamente, deberían guardar la autonomía correspondiente para el sano e independiente ejercicio. Grave, porque ello ocurre solo en el papel. Y los ejemplos sobran. En entredicho están los titulares de organismos como el IFE, los Tribunales, Derechos Humanos, IFAI, etcétera.
En este caso, se presume, los tres finalistas son apadrinados. Y los tres parecen ser cartas para el PRI. Así, por ejemplo, se asegura que una parte de los priistas postula a Olivas Ugalde, quien es el actual Secretario Ejecutivo de la SCJN, también exprofesor de la Escuela Libre de Derecho y ex titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma ASF. Otra ala del PRI —aquellos muy cercanos a la líder Beatriz Paredes, entre los cuales está el líder camaral Francisco Rojas—, empujan a Portal Martínez, el actual auditor especial de cumplimiento financiero en la ASF, excontralor interno en la Sedesol y en Liconsa. De último momento entró también Nava, director general de inversiones físicas de la ASF. Este último, en la definición de la terna, sin embargo logró 26 votos, contra 22 de Ugalde y 25 de Martínez. Nava, y bien puede ser el caballo negro en esta carrera.
Pero dada la importancia del órgano auditor, no están de más los señalamientos de González de Aragón. En su carta de declinación a participar en este proceso —siguiendo a la convocatoria de los diputados—, advertía lo siguiente: “Se deberá tener especial cuidado en que no se constituya (se refiere a la ASF) por cuotas partidistas y en refugio de recomendados, para lo cual deberá garantizarse que la persona que se elija no provenga de partido político alguno, y no tenga conflicto de intereses presente o riesgo futuro”.
El caso es que, de no cumplir con el procedimiento y/o “lineamientos de imparcialidad, está en riesgo la neutralidad, credibilidad y confianza que el organismo fiscalizador se ha ganado entre los ciudadanos”, admitía hace poco De Aragón. El haber sido señalado —conforme al expediente UE/DECGA/01/2006— por tener conflicto de intereses casi dos años después (abril de 2008) de que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados le dictaminó responsabilidad por ese cargo imputado en la LIX Legislatura por el panista Ángel Pasta Muñuzuri, y desistirse de un amparo contra esa medida (presunta doble fiscalización durante el periodo 2001-2003, entre el auditor desde la ASF y sus hijos desde el despacho familiar), no le restan las buenas cuentas que entrega al frente del organismos fiscalizador.
Así ha ocurrido con las revisiones últimas de las cuentas públicas 2006, 2007 y 2008, mismas que causaron descontento en el gobierno, y aplausos por parte de la sociedad por los puntuales señalamientos. En reciente balance de gestión, Arturo González de Aragón admitía, con todo y las resistencias, algunos avances; pues presentó 31 denuncias en contra funcionarios, más ocho pendientes. Además: “Se han recuperado 35 mil 352 millones de pesos, 23 por ciento de ellos de estados y municipios.” Aún contra aquellos partidos que presumían la falta de revisión municipal.
En fin, que con todo y las advertencias de la necesaria autonomía para dirigir la ASF, por la responsabilidad que implica la función y el prestigio ganado, los partidos votarán hoy las propuestas donde el PRI tiene la ventaja, para designar al nuevo auditor superior de la Cámara de Diputados. El riesgo es la amenaza latente de no auditar como se debe por conflicto de intereses partidistas. Más ahora, cuando la sociedad demanda transparencia, rendición de cuentas y fiscalización eficaz, puesto que la corrupción es una característica latente del ejercicio gubernamental.
Máxime porque, como sentenció, González de Aragón, la ASF, “no puede ser una fábrica de indulgencias. El camino ha estado lleno de obstáculos: el detector de mentiras, las auditorías fiscales, las acusaciones mendaces en los medios, las amenazas anónimas, las controversias constitucionales, los amparos, las denuncias para desviar los resultados de las auditorias y la reducción de los presupuestos institucionales, son todas ellas, acciones que han afectado y han inhibido la fiscalización”.
Vicios para revertir, puesto que la sociedad demanda transparencia en el uso de aquellos recursos de procedencia impositiva. Y para el cumplimiento de acciones de gobierno, no para fines privados por el círculo perverso de la corrupción.
—
Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
15/diciembre/2009
*Porqué no compitió el actual auditor
*Urgen fiscalización y rendición de cuentas
Si, como dice Arturo González de Aragón, en México los indicadores de desempeño le son desfavorables a todas las autoridades y hay un ascenso en la percepción de la corrupción, entonces los controles tienen que ajustarse al alza. La rendición de cuentas, la fiscalización y la revisión del ejercicio presupuestal de toda entidad de gobierno que realiza sus funciones con presupuesto público, como el análisis que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resulta tan indispensable como imprescindible.
Y es que el día de hoy se presentará la terna al pleno de sesiones de los diputados en San Lázaro, para elegir al próximo titular del citado órgano (la ASF) adscrito a la Cámara de Diputados y dotado de autonomía técnica y de gestión para auditar los ejercicios presupuestales de toda instancia de gobierno. Y los tres últimos candidatos del total que fueron registrados son: Julián Alfonso Olivas Ugalde, Juan Manuel Portal Martínez y José Luis Nava Díaz.
Alguno de ellos —con experiencia los tres, por sus funciones en el área de fiscalización— será el nuevo responsable de la ASF para el periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017. La gestión de González de Aragón concluye este 15 de diciembre, tras haber permanecido ocho años al frente y entregar buenas cuentas, no obstante dimitir a la posibilidad de su propia reelección, resentido por la falta de transparencia del procedimiento.
En otras palabras, porque, según ha dicho Aragón, desconfía de la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso dentro de la Cámara de Diputados para elegir al nuevo titular de la ASF. Buen señalamiento, porque ocurre con todo aquellas instancias del Estado que, presuntamente, deberían guardar la autonomía correspondiente para el sano e independiente ejercicio. Grave, porque ello ocurre solo en el papel. Y los ejemplos sobran. En entredicho están los titulares de organismos como el IFE, los Tribunales, Derechos Humanos, IFAI, etcétera.
En este caso, se presume, los tres finalistas son apadrinados. Y los tres parecen ser cartas para el PRI. Así, por ejemplo, se asegura que una parte de los priistas postula a Olivas Ugalde, quien es el actual Secretario Ejecutivo de la SCJN, también exprofesor de la Escuela Libre de Derecho y ex titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma ASF. Otra ala del PRI —aquellos muy cercanos a la líder Beatriz Paredes, entre los cuales está el líder camaral Francisco Rojas—, empujan a Portal Martínez, el actual auditor especial de cumplimiento financiero en la ASF, excontralor interno en la Sedesol y en Liconsa. De último momento entró también Nava, director general de inversiones físicas de la ASF. Este último, en la definición de la terna, sin embargo logró 26 votos, contra 22 de Ugalde y 25 de Martínez. Nava, y bien puede ser el caballo negro en esta carrera.
Pero dada la importancia del órgano auditor, no están de más los señalamientos de González de Aragón. En su carta de declinación a participar en este proceso —siguiendo a la convocatoria de los diputados—, advertía lo siguiente: “Se deberá tener especial cuidado en que no se constituya (se refiere a la ASF) por cuotas partidistas y en refugio de recomendados, para lo cual deberá garantizarse que la persona que se elija no provenga de partido político alguno, y no tenga conflicto de intereses presente o riesgo futuro”.
El caso es que, de no cumplir con el procedimiento y/o “lineamientos de imparcialidad, está en riesgo la neutralidad, credibilidad y confianza que el organismo fiscalizador se ha ganado entre los ciudadanos”, admitía hace poco De Aragón. El haber sido señalado —conforme al expediente UE/DECGA/01/2006— por tener conflicto de intereses casi dos años después (abril de 2008) de que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados le dictaminó responsabilidad por ese cargo imputado en la LIX Legislatura por el panista Ángel Pasta Muñuzuri, y desistirse de un amparo contra esa medida (presunta doble fiscalización durante el periodo 2001-2003, entre el auditor desde la ASF y sus hijos desde el despacho familiar), no le restan las buenas cuentas que entrega al frente del organismos fiscalizador.
Así ha ocurrido con las revisiones últimas de las cuentas públicas 2006, 2007 y 2008, mismas que causaron descontento en el gobierno, y aplausos por parte de la sociedad por los puntuales señalamientos. En reciente balance de gestión, Arturo González de Aragón admitía, con todo y las resistencias, algunos avances; pues presentó 31 denuncias en contra funcionarios, más ocho pendientes. Además: “Se han recuperado 35 mil 352 millones de pesos, 23 por ciento de ellos de estados y municipios.” Aún contra aquellos partidos que presumían la falta de revisión municipal.
En fin, que con todo y las advertencias de la necesaria autonomía para dirigir la ASF, por la responsabilidad que implica la función y el prestigio ganado, los partidos votarán hoy las propuestas donde el PRI tiene la ventaja, para designar al nuevo auditor superior de la Cámara de Diputados. El riesgo es la amenaza latente de no auditar como se debe por conflicto de intereses partidistas. Más ahora, cuando la sociedad demanda transparencia, rendición de cuentas y fiscalización eficaz, puesto que la corrupción es una característica latente del ejercicio gubernamental.
Máxime porque, como sentenció, González de Aragón, la ASF, “no puede ser una fábrica de indulgencias. El camino ha estado lleno de obstáculos: el detector de mentiras, las auditorías fiscales, las acusaciones mendaces en los medios, las amenazas anónimas, las controversias constitucionales, los amparos, las denuncias para desviar los resultados de las auditorias y la reducción de los presupuestos institucionales, son todas ellas, acciones que han afectado y han inhibido la fiscalización”.
Vicios para revertir, puesto que la sociedad demanda transparencia en el uso de aquellos recursos de procedencia impositiva. Y para el cumplimiento de acciones de gobierno, no para fines privados por el círculo perverso de la corrupción.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
El reality show de Juanito
INSEGURIDAD
14/diciembre/2009
*Perdió la corriente de René Arce
*Ganó el ciudadano de Iztapalapa
Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito, ganó perdiendo o perdió ganando en las elecciones del 6 de julio de 2009. Usted elige. Y Marcelo Ebrard Casaubón, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se desembarazó de un problema que le dejó la intriga palaciega de aquellos grupos perredistas que se disputaron la delegación Iztapalapa como coto de poder, más que como preocupación para enfrentar y resolver los problemas de los habitantes de la demarcación.
Desde que a la corriente ligada con la familia de René Arce Islas —primero él fue delegado, luego su hermano Víctor Hugo Círigo que le sucedió, y finalmente la esposa (¿o ex?) Silvia Oliva Fragoso, quien compitió en la última elección—, le disgustó que otros grupos dentro del mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD) le disputaran esa rebanada del pastel que representa el control de la delegación más grande del DF (e igualmente una de las más complicadas para gobernar), operaron hasta lo imposible para no perder Iztapalapa.
El hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le retirara el reconocimiento a la más firme opositora de aquél grupo, Clara Marina Brugada Molina, para otorgárselo a Silvia Oliva pese al triunfo electoral interno perredista por una diferencia superior a los 5 mil votos, metió en un galimatías y convirtió en una amenaza grave a los propios iztapalapenses por el escenario de descomposición política generada y por la disputa que amenazó al grado de confrontación, no sólo entre perredistas sino entre los ciudadanos mismos.
Dicha resolución del TEPJF causó, más pronto que tarde, la suspicacia generalizada de que el triunfo logrado por Brugada en la interna del PRD habría sido negociado dentro de propio Tribunal para dárselo —sin merecerlo— a la propia Oliva del grupo o la corriente Nueva Izquierda (NI) que encabeza René Arce. Después se sabría que la manipulación tenía nombres, porque la todavía presidente del PAN-DF, y exdiputada local, Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala de Calderón, era amiga de la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.
Ante el arrebato, Clara Brugada unificó a los grupos de la demarcación a su favor y cerraron filas para apoyarla y encontrar la solución salomónica, que luego se sacaría de la manga Andrés Manuel López Obrador, El Peje. Dado que Brugada aparecía en las boletas electorales, pero ya no era la candidata para el Tribunal, la propuesta del PRD y el propio Instituto Electoral del Distrito Federal, era que quienes votaran por Brugada en los hechos lo harían por Silvia Oliva.
Eso, de la mano de la injustificada destitución de Clara, generó el descontento de muchos grupos de la delegación —los Panchos Villa, la UPRES y otros tantos del ex MUP— avalaron la propuesta de El Peje, siempre que se hiciera efectiva con la renuncia de Juanito en cuanto éste obtuviera el triunfo en la elección del 6 de julio. El acuerdo interno de los grupos, los ciudadanos, el Partido del Trabajo —el partido que lo había registrado como su candidato—, Juanito y los iztapalapenses, impidió que el proceso electoral se desbordara. Incluso la policía capitalina se preparó el día de la elección esperando desde insultos hasta violencia entre los grupos por el ambiente tan caldeado la víspera.
La sorpresa fue que Juanito ganó y, de seguro que pocos esperaban su triunfo. La idea era que luego cumpliera su palabra y denunciara para que pronto Clara Brugada subiera a ocupar la jefatura delegacional. La realidad es que Juanito resultó el jefe delegacional electo en Iztapalapa. Esa era la parte formal, concedida luego de la sorpresiva e inesperada votación.
Con ello quedaron al descubierto varios escenarios. 1) El poder de convocatoria y persuasión de El Peje. 2) El descontento de los habitantes de la demarcación por la sustitución ilegítima por el TEPJF de Clara Brugada de la candidatura por el PRD a la jefatura delegacional. 3) El rechazo ganado a pulso por el grupo de NI, liderado por Arce en la delegación. 4) El poder de los ciudadanos y los grupos que, alineados en torno a un objetivo —en este caso el apoyo para Brugada—, pueden conseguir uniéndose por encima de las rencillas internas de un partido político; en este caso del PRD. 5) El triunfo de un candidato (Juanito) que, no obstante, luego zigzagueó intentando rechazar la prometida renuncia. 6) El restablecimiento de la legalidad en una demarcación, bajo la responsabilidad ciudadana de utilizar el voto como medida pacífica de solución de conflictos.
En fin. Que si bien serían sus propias trampas —falsificación de documentos— las que colocarían a Juanito en el banquillo de los acusados y en la tablita de la ilegalidad (amén de sus declaraciones rimbombantes, las constantes amenazas de agitar el ambiente político en Iztapalapa, y su acelerado protagonismo), tras su renuncia final todavía podría enfrentar problemas con la justicia por el alcance de sus presuntos delitos electorales y otros derivados, el hoy actor de obras teatrales resultó un fiasco porque convirtió un capital político personal en escenario para lucir sus cualidades histriónicas.
Juanito fue el ganador, pero también el perdedor. Juanito ganó puntos para su carrera en los teatros. Perdió porque dejó ir una oportunidad de crecer políticamente. Porque los elevados índices de popularidad lo encumbraron a escalas, seguramente, nunca previsibles.
Marcelo Ebrard actuó en todo tiempo con mesura. No complicó las cosas al proponer a Clara Brugada como la única candidata para ser votada por la ALDF, como la jefa delegacional sustituta en Iztapalapa. Al final, se le cerró la puerta a la corriente NI y hasta René ha dicho que se va del PRD. Ya perdió su cuota del pastel, a qué se queda. Juanito ya está en los escenarios. Pero perdió lo más por lo menos.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
14/diciembre/2009
*Perdió la corriente de René Arce
*Ganó el ciudadano de Iztapalapa
Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito, ganó perdiendo o perdió ganando en las elecciones del 6 de julio de 2009. Usted elige. Y Marcelo Ebrard Casaubón, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se desembarazó de un problema que le dejó la intriga palaciega de aquellos grupos perredistas que se disputaron la delegación Iztapalapa como coto de poder, más que como preocupación para enfrentar y resolver los problemas de los habitantes de la demarcación.
Desde que a la corriente ligada con la familia de René Arce Islas —primero él fue delegado, luego su hermano Víctor Hugo Círigo que le sucedió, y finalmente la esposa (¿o ex?) Silvia Oliva Fragoso, quien compitió en la última elección—, le disgustó que otros grupos dentro del mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD) le disputaran esa rebanada del pastel que representa el control de la delegación más grande del DF (e igualmente una de las más complicadas para gobernar), operaron hasta lo imposible para no perder Iztapalapa.
El hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le retirara el reconocimiento a la más firme opositora de aquél grupo, Clara Marina Brugada Molina, para otorgárselo a Silvia Oliva pese al triunfo electoral interno perredista por una diferencia superior a los 5 mil votos, metió en un galimatías y convirtió en una amenaza grave a los propios iztapalapenses por el escenario de descomposición política generada y por la disputa que amenazó al grado de confrontación, no sólo entre perredistas sino entre los ciudadanos mismos.
Dicha resolución del TEPJF causó, más pronto que tarde, la suspicacia generalizada de que el triunfo logrado por Brugada en la interna del PRD habría sido negociado dentro de propio Tribunal para dárselo —sin merecerlo— a la propia Oliva del grupo o la corriente Nueva Izquierda (NI) que encabeza René Arce. Después se sabría que la manipulación tenía nombres, porque la todavía presidente del PAN-DF, y exdiputada local, Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala de Calderón, era amiga de la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.
Ante el arrebato, Clara Brugada unificó a los grupos de la demarcación a su favor y cerraron filas para apoyarla y encontrar la solución salomónica, que luego se sacaría de la manga Andrés Manuel López Obrador, El Peje. Dado que Brugada aparecía en las boletas electorales, pero ya no era la candidata para el Tribunal, la propuesta del PRD y el propio Instituto Electoral del Distrito Federal, era que quienes votaran por Brugada en los hechos lo harían por Silvia Oliva.
Eso, de la mano de la injustificada destitución de Clara, generó el descontento de muchos grupos de la delegación —los Panchos Villa, la UPRES y otros tantos del ex MUP— avalaron la propuesta de El Peje, siempre que se hiciera efectiva con la renuncia de Juanito en cuanto éste obtuviera el triunfo en la elección del 6 de julio. El acuerdo interno de los grupos, los ciudadanos, el Partido del Trabajo —el partido que lo había registrado como su candidato—, Juanito y los iztapalapenses, impidió que el proceso electoral se desbordara. Incluso la policía capitalina se preparó el día de la elección esperando desde insultos hasta violencia entre los grupos por el ambiente tan caldeado la víspera.
La sorpresa fue que Juanito ganó y, de seguro que pocos esperaban su triunfo. La idea era que luego cumpliera su palabra y denunciara para que pronto Clara Brugada subiera a ocupar la jefatura delegacional. La realidad es que Juanito resultó el jefe delegacional electo en Iztapalapa. Esa era la parte formal, concedida luego de la sorpresiva e inesperada votación.
Con ello quedaron al descubierto varios escenarios. 1) El poder de convocatoria y persuasión de El Peje. 2) El descontento de los habitantes de la demarcación por la sustitución ilegítima por el TEPJF de Clara Brugada de la candidatura por el PRD a la jefatura delegacional. 3) El rechazo ganado a pulso por el grupo de NI, liderado por Arce en la delegación. 4) El poder de los ciudadanos y los grupos que, alineados en torno a un objetivo —en este caso el apoyo para Brugada—, pueden conseguir uniéndose por encima de las rencillas internas de un partido político; en este caso del PRD. 5) El triunfo de un candidato (Juanito) que, no obstante, luego zigzagueó intentando rechazar la prometida renuncia. 6) El restablecimiento de la legalidad en una demarcación, bajo la responsabilidad ciudadana de utilizar el voto como medida pacífica de solución de conflictos.
En fin. Que si bien serían sus propias trampas —falsificación de documentos— las que colocarían a Juanito en el banquillo de los acusados y en la tablita de la ilegalidad (amén de sus declaraciones rimbombantes, las constantes amenazas de agitar el ambiente político en Iztapalapa, y su acelerado protagonismo), tras su renuncia final todavía podría enfrentar problemas con la justicia por el alcance de sus presuntos delitos electorales y otros derivados, el hoy actor de obras teatrales resultó un fiasco porque convirtió un capital político personal en escenario para lucir sus cualidades histriónicas.
Juanito fue el ganador, pero también el perdedor. Juanito ganó puntos para su carrera en los teatros. Perdió porque dejó ir una oportunidad de crecer políticamente. Porque los elevados índices de popularidad lo encumbraron a escalas, seguramente, nunca previsibles.
Marcelo Ebrard actuó en todo tiempo con mesura. No complicó las cosas al proponer a Clara Brugada como la única candidata para ser votada por la ALDF, como la jefa delegacional sustituta en Iztapalapa. Al final, se le cerró la puerta a la corriente NI y hasta René ha dicho que se va del PRD. Ya perdió su cuota del pastel, a qué se queda. Juanito ya está en los escenarios. Pero perdió lo más por lo menos.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
Nobel de la paz, por la guerra
INSEGURIDAD
13/diciembre/2009
*Barack Obama y el belicismo de EU
*El desatino del Comité Noruego
No resulta de fácil comprensión, pero veamos algunos antecedentes. Muchos hombres han trabajado y conseguido importantes descubrimientos en el terreno de la ciencia —al igual que en la medicina, la literatura y a beneficio de la paz— a lo largo del belicoso siglo XX y lo que va del XXI (que pinta peor por la continuidad), principalmente en aquellos países donde se destinan mayores recursos a la investigación e incentivos a los científicos dedicados de tiempo completo, y por ello han sido acreedores a alguno de los cinco reconocimientos que Alfred Nobel (1833-1896) quiso que se otorgaran anualmente, un año después de 1900, cuando se creó la fundación que lleva su nombre.
Del origen de los fondos. El químico sueco logró amasar una gran fortuna, gracias a las patentes de sus descubrimientos y a la fundación de varias compañías dedicadas a la fabricación y comercialización de explosivos, además del fruto de sus inversiones en pozos petroleros en el Cáucaso. Cuando midió el alcance de sus invenciones, consideró los desastres causados a la humanidad por su acciones y determinó que su fortuna se empleara para, de los intereses devengados, premiar anualmente a toda aquella persona que más beneficio otorgara a la humanidad, en cinco áreas de la actividad científica por él consideradas: la física, la química, la medicina, la literatura y la paz.
Sobre el Nobel de la Paz, específicamente, el filántropo escribió en su testamento: “Para los campeones de la paz”. Con la precisión siguiente: “Una (quinta) parte a la persona que se ha hecho la mayor parte o la mejor obra de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes, y para la celebración y promoción de congresos de paz”. Y agregó: “Es mi deseo expresar que en la adjudicación de los premios no se considera a la nacionalidad de los candidatos, pero que el más digno, recibirá el premio, independientemente de que sean escandinavo o no”.
Desde entonces (1901), el Nobel de la Paz se ha otorgado a 95 personas y a 23 organizaciones, y en este 2009 el Comité Noruego decidió entregar el reconocimiento al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, diploma y medalla, acompañado de 10 millones de coronas suecas (un millón, 434 dólares). La justificación quedó como sigue: “Por sus esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, en palabras de su presidente Thorbjoern Jagland.
Pero hubo más. “El comité otorgó mucha importancia a la visión y a los esfuerzos de Obama en la perspectiva de un mundo sin armas nucleares”. Y el presidente de EU ha pedido el desarme mundial y trabaja para reiniciar el estancado proceso de paz en Medio Oriente, desde que asumió el cargo en enero. “Además de que ha reactivado (sic), no sin críticas internas, la política multilateral estadounidense tras los años de la administración de George Bush”. Se consideran sus propuestas de negociar con Cuba e Irán. Por lo que: “Sólo muy rara vez una persona ha logrado al mismo grado que Obama, captura la atención del mundo y dar esperanza a su pueblo de un mejor futuro”, según el comité. “Obama ha creado, como presidente, un clima nuevo en política internacional. La diplomacia multilateral ha recuperado una posición central, con énfasis en el papel que pueden tener las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales” (cursivas SGB). Promesas, las de Obama, ni para su país y el mundo. Un corolario de expectativas generadas luego de su triunfo electoral el 4 de noviembre de 2008.
Así, queda claro que el Comité Noruego se apresuró en reconocer a Obama. Porque en los hechos, el premiado está aplicando la misma política belicista de George Bush, su antecesor republicano. Mantiene la guerra en Irak y ha decidido enviar 30 mil soldados más a Afganistán —con la promesa del retiro en el verano de 2011—. Tampoco meterá en cintura al eterno aliado en Medio Oriente, Israel. Sin el rompimiento de la política de Bush, ¿cómo evitará la ofensiva en contra de Paquistán (e Irán), que está en la lista negra del Pentágono? El cierre de Guantánamo es promesa. Porque Obama obedece a las presiones de la derecha de su país.
De ahí la lluvia de críticas que el Nobel ha generado en el mundo, porque Barack Obama no es “el candidato más digno”, ni un “campeón de la paz”, como quería Alfred Nobel. Los miles de jóvenes noruegos se manifestaron: “Ya te lo ganaste. Ahora merécetelo”, le reprocharon. Recibirlo fue peor (“No estaba obligado a un acto cínico”, le reclamó Fidel Castro), que la justificación discursiva. “La considerable controversia que… rodea mi recibimiento de este premio —dijo en el foro— es el hecho de que yo soy el comandante en jefe de una nación (y del ejército más poderoso del mundo, olvidó decir) que está en medio de dos guerras… Enfrento el mundo como es y no puedo permanecer sin hacer nada frente a amenazas al pueblo estadounidense” (¿cuál amenaza?; no podía dar vuelta a la hoja).
Pero “a veces la guerra es necesaria, y en cierta medida la guerra es una expresión de los sentimientos humanos”. Como el fin que justifica los medios. Es más, “nunca es gloriosa (la guerra) y jamás debe ser presentada como tal… pero a veces puede no sólo ser necesaria, sino moralmente justificable”. Algo así como la paz de los sepulcros. No obstante, recibe el premio con “gran humildad. En comparación con algunos de los gigantes de la historia que han recibido este premio, mis logros son escasos”.
En fin, que no es un reconocimiento a la paz, es un premio por la guerra de un presidente, y de un imperio. Ese fue el desatino del Comité Noruego que otorgó —prematuramente o no— el Premio Nobel 2009 a Barack Obama.
—
Correo: sgb33@hotmail.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
13/diciembre/2009
*Barack Obama y el belicismo de EU
*El desatino del Comité Noruego
No resulta de fácil comprensión, pero veamos algunos antecedentes. Muchos hombres han trabajado y conseguido importantes descubrimientos en el terreno de la ciencia —al igual que en la medicina, la literatura y a beneficio de la paz— a lo largo del belicoso siglo XX y lo que va del XXI (que pinta peor por la continuidad), principalmente en aquellos países donde se destinan mayores recursos a la investigación e incentivos a los científicos dedicados de tiempo completo, y por ello han sido acreedores a alguno de los cinco reconocimientos que Alfred Nobel (1833-1896) quiso que se otorgaran anualmente, un año después de 1900, cuando se creó la fundación que lleva su nombre.
Del origen de los fondos. El químico sueco logró amasar una gran fortuna, gracias a las patentes de sus descubrimientos y a la fundación de varias compañías dedicadas a la fabricación y comercialización de explosivos, además del fruto de sus inversiones en pozos petroleros en el Cáucaso. Cuando midió el alcance de sus invenciones, consideró los desastres causados a la humanidad por su acciones y determinó que su fortuna se empleara para, de los intereses devengados, premiar anualmente a toda aquella persona que más beneficio otorgara a la humanidad, en cinco áreas de la actividad científica por él consideradas: la física, la química, la medicina, la literatura y la paz.
Sobre el Nobel de la Paz, específicamente, el filántropo escribió en su testamento: “Para los campeones de la paz”. Con la precisión siguiente: “Una (quinta) parte a la persona que se ha hecho la mayor parte o la mejor obra de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes, y para la celebración y promoción de congresos de paz”. Y agregó: “Es mi deseo expresar que en la adjudicación de los premios no se considera a la nacionalidad de los candidatos, pero que el más digno, recibirá el premio, independientemente de que sean escandinavo o no”.
Desde entonces (1901), el Nobel de la Paz se ha otorgado a 95 personas y a 23 organizaciones, y en este 2009 el Comité Noruego decidió entregar el reconocimiento al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, diploma y medalla, acompañado de 10 millones de coronas suecas (un millón, 434 dólares). La justificación quedó como sigue: “Por sus esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, en palabras de su presidente Thorbjoern Jagland.
Pero hubo más. “El comité otorgó mucha importancia a la visión y a los esfuerzos de Obama en la perspectiva de un mundo sin armas nucleares”. Y el presidente de EU ha pedido el desarme mundial y trabaja para reiniciar el estancado proceso de paz en Medio Oriente, desde que asumió el cargo en enero. “Además de que ha reactivado (sic), no sin críticas internas, la política multilateral estadounidense tras los años de la administración de George Bush”. Se consideran sus propuestas de negociar con Cuba e Irán. Por lo que: “Sólo muy rara vez una persona ha logrado al mismo grado que Obama, captura la atención del mundo y dar esperanza a su pueblo de un mejor futuro”, según el comité. “Obama ha creado, como presidente, un clima nuevo en política internacional. La diplomacia multilateral ha recuperado una posición central, con énfasis en el papel que pueden tener las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales” (cursivas SGB). Promesas, las de Obama, ni para su país y el mundo. Un corolario de expectativas generadas luego de su triunfo electoral el 4 de noviembre de 2008.
Así, queda claro que el Comité Noruego se apresuró en reconocer a Obama. Porque en los hechos, el premiado está aplicando la misma política belicista de George Bush, su antecesor republicano. Mantiene la guerra en Irak y ha decidido enviar 30 mil soldados más a Afganistán —con la promesa del retiro en el verano de 2011—. Tampoco meterá en cintura al eterno aliado en Medio Oriente, Israel. Sin el rompimiento de la política de Bush, ¿cómo evitará la ofensiva en contra de Paquistán (e Irán), que está en la lista negra del Pentágono? El cierre de Guantánamo es promesa. Porque Obama obedece a las presiones de la derecha de su país.
De ahí la lluvia de críticas que el Nobel ha generado en el mundo, porque Barack Obama no es “el candidato más digno”, ni un “campeón de la paz”, como quería Alfred Nobel. Los miles de jóvenes noruegos se manifestaron: “Ya te lo ganaste. Ahora merécetelo”, le reprocharon. Recibirlo fue peor (“No estaba obligado a un acto cínico”, le reclamó Fidel Castro), que la justificación discursiva. “La considerable controversia que… rodea mi recibimiento de este premio —dijo en el foro— es el hecho de que yo soy el comandante en jefe de una nación (y del ejército más poderoso del mundo, olvidó decir) que está en medio de dos guerras… Enfrento el mundo como es y no puedo permanecer sin hacer nada frente a amenazas al pueblo estadounidense” (¿cuál amenaza?; no podía dar vuelta a la hoja).
Pero “a veces la guerra es necesaria, y en cierta medida la guerra es una expresión de los sentimientos humanos”. Como el fin que justifica los medios. Es más, “nunca es gloriosa (la guerra) y jamás debe ser presentada como tal… pero a veces puede no sólo ser necesaria, sino moralmente justificable”. Algo así como la paz de los sepulcros. No obstante, recibe el premio con “gran humildad. En comparación con algunos de los gigantes de la historia que han recibido este premio, mis logros son escasos”.
En fin, que no es un reconocimiento a la paz, es un premio por la guerra de un presidente, y de un imperio. Ese fue el desatino del Comité Noruego que otorgó —prematuramente o no— el Premio Nobel 2009 a Barack Obama.
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Correo: sgb33@hotmail.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
Relevos sin cambio
INSEGURIDAD
11/diciembre/2009
*Del Banxico a Sedesol
*El paso por Hacienda
Bien para el gabinete calderonista. Mal para México. El presidente Felipe Calderón Hinojosa ha propuesto los enroques respectivos (necesarios) para sustituir a Guillermo Ortiz Martínez del Banco de México, después de 12 años al frente de la institución. Pero sin una idea clara de la responsabilidad que asumen, los propuestos Agustín Carstens Carstens para Gobernador del Banco de México, Ernesto Cordero Arroyo como titular de la Secretaría de Hacienda y Heriberto Félix García como el nuevo Secretario de Desarrollo Social, no le servirán a México.
Comenzando porque no hay rumbo de país. Las promesas de sacarlo de la crisis no tienen fundamento ni se corresponden con las medidas adoptadas en política económica sexenal, ni presupuestales. Y la mayor ineficacia le compete precisamente al gabinete económico; Calderón, Carstens y Ortiz. Menos que conservan los hilos del modelo desarticulador económico neoliberal, que con 27 años de vida sirve sólo a los hombres ricos pero no a los mexicanos.
Eso sí. Felipe Calderón apoya a los amigos. Aparte que los tres propuestos son fieles “servidores”. Carstens dijo recién, ir “a donde lo requiera el presidente”. Esa será la “autonomía” del Banxico para controlar la inflación y ejercer la política monetaria. Cordero por ser compañero desde el ITAM. Félix, esposo de Lorena Clouthier y amigo durante la campaña. Por eso el presidente los presentó como los mejores para ocupar los cargos.
Sin proyecto. No importa cómo desempeñen sus funciones. Ni los cuestionamientos que arrastren cada uno. No interesa que Félix —el mayor desconocido—, como subsecretario en Economía haya hecho poco de lo prometido: transformar a México en un país sin pobreza, justo, y con igualdad de oportunidades. O que Cordero sólo haya “mareado” a los pobres con el pronasolero “Oportunidades”, y nada por regular siquiera el tipo de manejo en las estancias infantiles. Tampoco que sea un perfecto desconocido en el ámbito internacional, siendo que Hacienda requiere de un hombre de fogueo sobre todo en la relación con el sector financiero de los Estados Unidos. Ese será su talón de Aquiles.
Mucho menos que Carstens sea mal garante de la autonomía que requiere el Banco de México. No se olvide que uno de los mayores disgustos de Calderón con Guillermo Ortiz fue el tema de las tasas de interés; cuando aquél pedía que bajaran y éste no cedió a las presiones y, al contrario, las elevó. En junio de 2008, Ortiz alzó las tasas en medio punto, al pasar de 7.5 a 7.75 para contener un posible aumento inflacionario. Esa decisión tuvo el aval del director general del FMI, Dominique Strauss Khan, pero disgustó a Calderón.
Ahora, con Carstens, el presidente está seguro de presentar “la mejor candidatura”, y le apuesta a encontrar una mejor relación entre su gobierno y el banco central. Lo dijo así: “Las designaciones en la SHCP y en el Banco Central, de ser aprobadas por el Senado y sin demerito de la autonomía del Banco de México, permitirán armonizar de mejor forma la relación entre el gobierno federal y el Banco Central, a fin de alcanzar el doble propósito de, por una parte, contar con bajas tasas de interés y así preservar el poder adquisitivo, y al propio tiempo impulsar cambios y transformaciones que permitan acelerar el ritmo de crecimiento de nuestra economía”.
Bonito credo. Pero no bastan las buenas intenciones ni los cambios de primera mano para modificar la política económica, o sacar al país del bache en que se encuentra desde el “catarrito” que le diagnosticó Carstens. Calderón olvida que, por ley, el Banxico no es promotor del desarrollo, como sí lo son los bancos autónomos de otros países. Mucho menos amenazando la autonomía. Recuérdese que ya en 1925, cuando se creó el Banco de México, la exposición de motivos de Plutarco Elías Calles, establecía que “Hay efectivamente, en un banco controlado por el gobierno, el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público”.
Aparte, que el candado de la “autonomía” se formalizó en la Constitución, en la reforma al Artículo 28 en 1994, donde se amarraron las funciones del Banco Central a: “Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional…, acuñación de moneda y emisión de billetes”. Además de “regular los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia”. Nada sobre el desarrollo.
Tampoco de promover el crecimiento económico y el empleo. Fiel a la ortodoxia neoliberal (y Carstens es uno de esos Chicago boy), la autonomía del Banxico no basta. Su propósito está cojo. Mantener la inflación bajo control y garantizar al sector financiero la estabilidad necesaria para operar sin riesgo alguno resulta hasta ofensivo. Habría que reformar la Constitución para modificar el propósito del Banco de México.
Y este tema de los relevos, da pauta para que los legisladores discutan la funcionalidad de la Banca Central —con todo que las vacaciones navideñas estén en puerta—. No se diga que para replantear el modelo de desarrollo también hay la coyuntura. Porque la estrategia neoliberal es la que sustenta el papel del Banxico como está hasta ahora. Un modelo abandonado por todos los países, incluso en los EU. Pero eso sería mucho pedir. En fin, que los enroques no operan para beneficiar al país, sino sólo para un proyecto político y un modelo económico caduco.
—
Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
11/diciembre/2009
*Del Banxico a Sedesol
*El paso por Hacienda
Bien para el gabinete calderonista. Mal para México. El presidente Felipe Calderón Hinojosa ha propuesto los enroques respectivos (necesarios) para sustituir a Guillermo Ortiz Martínez del Banco de México, después de 12 años al frente de la institución. Pero sin una idea clara de la responsabilidad que asumen, los propuestos Agustín Carstens Carstens para Gobernador del Banco de México, Ernesto Cordero Arroyo como titular de la Secretaría de Hacienda y Heriberto Félix García como el nuevo Secretario de Desarrollo Social, no le servirán a México.
Comenzando porque no hay rumbo de país. Las promesas de sacarlo de la crisis no tienen fundamento ni se corresponden con las medidas adoptadas en política económica sexenal, ni presupuestales. Y la mayor ineficacia le compete precisamente al gabinete económico; Calderón, Carstens y Ortiz. Menos que conservan los hilos del modelo desarticulador económico neoliberal, que con 27 años de vida sirve sólo a los hombres ricos pero no a los mexicanos.
Eso sí. Felipe Calderón apoya a los amigos. Aparte que los tres propuestos son fieles “servidores”. Carstens dijo recién, ir “a donde lo requiera el presidente”. Esa será la “autonomía” del Banxico para controlar la inflación y ejercer la política monetaria. Cordero por ser compañero desde el ITAM. Félix, esposo de Lorena Clouthier y amigo durante la campaña. Por eso el presidente los presentó como los mejores para ocupar los cargos.
Sin proyecto. No importa cómo desempeñen sus funciones. Ni los cuestionamientos que arrastren cada uno. No interesa que Félix —el mayor desconocido—, como subsecretario en Economía haya hecho poco de lo prometido: transformar a México en un país sin pobreza, justo, y con igualdad de oportunidades. O que Cordero sólo haya “mareado” a los pobres con el pronasolero “Oportunidades”, y nada por regular siquiera el tipo de manejo en las estancias infantiles. Tampoco que sea un perfecto desconocido en el ámbito internacional, siendo que Hacienda requiere de un hombre de fogueo sobre todo en la relación con el sector financiero de los Estados Unidos. Ese será su talón de Aquiles.
Mucho menos que Carstens sea mal garante de la autonomía que requiere el Banco de México. No se olvide que uno de los mayores disgustos de Calderón con Guillermo Ortiz fue el tema de las tasas de interés; cuando aquél pedía que bajaran y éste no cedió a las presiones y, al contrario, las elevó. En junio de 2008, Ortiz alzó las tasas en medio punto, al pasar de 7.5 a 7.75 para contener un posible aumento inflacionario. Esa decisión tuvo el aval del director general del FMI, Dominique Strauss Khan, pero disgustó a Calderón.
Ahora, con Carstens, el presidente está seguro de presentar “la mejor candidatura”, y le apuesta a encontrar una mejor relación entre su gobierno y el banco central. Lo dijo así: “Las designaciones en la SHCP y en el Banco Central, de ser aprobadas por el Senado y sin demerito de la autonomía del Banco de México, permitirán armonizar de mejor forma la relación entre el gobierno federal y el Banco Central, a fin de alcanzar el doble propósito de, por una parte, contar con bajas tasas de interés y así preservar el poder adquisitivo, y al propio tiempo impulsar cambios y transformaciones que permitan acelerar el ritmo de crecimiento de nuestra economía”.
Bonito credo. Pero no bastan las buenas intenciones ni los cambios de primera mano para modificar la política económica, o sacar al país del bache en que se encuentra desde el “catarrito” que le diagnosticó Carstens. Calderón olvida que, por ley, el Banxico no es promotor del desarrollo, como sí lo son los bancos autónomos de otros países. Mucho menos amenazando la autonomía. Recuérdese que ya en 1925, cuando se creó el Banco de México, la exposición de motivos de Plutarco Elías Calles, establecía que “Hay efectivamente, en un banco controlado por el gobierno, el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público”.
Aparte, que el candado de la “autonomía” se formalizó en la Constitución, en la reforma al Artículo 28 en 1994, donde se amarraron las funciones del Banco Central a: “Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional…, acuñación de moneda y emisión de billetes”. Además de “regular los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia”. Nada sobre el desarrollo.
Tampoco de promover el crecimiento económico y el empleo. Fiel a la ortodoxia neoliberal (y Carstens es uno de esos Chicago boy), la autonomía del Banxico no basta. Su propósito está cojo. Mantener la inflación bajo control y garantizar al sector financiero la estabilidad necesaria para operar sin riesgo alguno resulta hasta ofensivo. Habría que reformar la Constitución para modificar el propósito del Banco de México.
Y este tema de los relevos, da pauta para que los legisladores discutan la funcionalidad de la Banca Central —con todo que las vacaciones navideñas estén en puerta—. No se diga que para replantear el modelo de desarrollo también hay la coyuntura. Porque la estrategia neoliberal es la que sustenta el papel del Banxico como está hasta ahora. Un modelo abandonado por todos los países, incluso en los EU. Pero eso sería mucho pedir. En fin, que los enroques no operan para beneficiar al país, sino sólo para un proyecto político y un modelo económico caduco.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
jueves, 10 de diciembre de 2009
Ciudad Juárez, la inseguridad
INSEGURIDAD
10/diciembre/2009
*La ciudad más violenta del mundo
*Calderón debe revisar la estrategia
La violencia generalizada que hace acto de presencia de manera cotidiana, la impunidad en la que incurren las autoridades al no dar puntual seguimiento e investigar las demandas por los asesinatos cometidos y —corolario de obligar a las Fuerzas Armadas a emprender acciones policiacas—, las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y las policías federales y locales, instancias encargadas todas de combatir al narcotráfico y al crimen organizado en esa región fronteriza, conforman un coctel tan altamente explosivo que hace de Ciudad Juárez la ciudad más violenta no sólo del país sino del mundo, después de Caracas y Nueva Orleans.
Desde los crímenes cometidos en contra de las mujeres en esa ciudad, un problema que ha dado la vuelta al mundo, conocido como “las muertas de Juárez”, quedó en claro que o bien las autoridades no supieron enfrentar el problema para encontrarle una solución pronta e impedir que se generalizara y extendiera en el tiempo, o bien había involucramiento de algunos mandos regionales o locales en el problema que no acaba de esclarecerse a fondo. Ni se han encarcelado a todos los culpables —porque seguramente hay chivos expiatorios en el caso—, ni se han seguido todas las líneas de investigación posibles hasta sus últimas consecuencias (el actual procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, tiene parte de esa responsabilidad como exprocurador General de Justicia del Estado de Chihuahua). Entre ellas, la del tráfico de órganos, que va de la mano de la trata de blancas y/o la comercialización de pornografía por parte del crimen organizado. Entre otras posibles causas, incluso aquellas ligadas a la propia operación de las bandas de narcotraficantes. Violencia, corrupción e impunidad que se juntan en los feminicidios de Juárez.
Y a juzgar porque la ola de violencia va en aumento en la entidad, por el muy lamentable número de muertes, y ahora por las acusaciones que le echa en cara al propio Ejército organismos como Amnistía Internacional (AI) —que por lo demás presenta un informe con datos reales—, por las violaciones a los derechos humanos, no sobra decir que el único balance posible a la fecha, de la Operación Conjunta Chihuahua que entró en vigor en marzo de 2008, es no haber rendido los frutos esperados. Al contrario, ha ganado un mayor desprestigio la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado (de la cual forma parte aquel operativo) que apresuró el presidente Felipe Calderón por todo el país, apoyado y utilizando a las Fuerzas Armadas para dicho fin.
El 26 de agosto de 2009, la organización civil mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad pública y la Justicia Penal, AC, presentó un informe donde señalaba que Ciudad Juárez aparece como la más violenta del mundo con 130 por cada 100 mil habitantes, seguida de Caracas con 96 y Nueva Orleans en tercer lugar con 95 crímenes. Es decir, que tan sólo entre el 1 de enero y el 21 de agosto del presente año, “se habían cometido en la localidad 2,293 homicidios”, sobre una base de 1.4 millones de habitantes. De ellos, 1,362 habían sido homicidios dolosos, cometidos en esta ciudad, escenario de la pugna entre los cárteles de Sinaloa y Juárez por el control de la ruta del flujo de droga hacia los Estados Unidos, más la disputa por la venta al menudeo en dicho mercado.
Ya para 2008, el diario El Mundo de España (febrero de 2009), señalaba también las siguientes cifras: 1,600 personas asesinadas en Ciudad Juárez, lo que la convierte en la localidad fronteriza con EU más violenta de todo el país. Pero si el rating es nuevo, la violencia no. Porque a los largo de los últimos 15 años, son cientos las mujeres y niñas las que han padecido el secuestro; además, han sido violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas en esa ciudad, muchas de ellas arrojadas en lugares desérticos o en terrenos baldíos de la misma ciudad.
Los habitantes de Ciudad Juárez viven en el terror. Porque a la violencia contra las mujeres se suman los secuestros, las amenazas cumplidas contra empresarios que se niegan a “comprar la protección” de las mismas bandas. Aparte la falta de resultados, la impunidad que hace acto de presencia porque no se persiguen los delitos y las violaciones cometidas por las propias policías encargadas de brindar seguridad. O, bajo el pretexto mismo del combate a los criminales, como se da en el caso del Ejército, se cometen todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
Así lo ha dado a conocer AI. Pero no solamente dicho organismo internacional. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en voz del visitador Gustavo de la Rosa Hickerson, participante de la marcha Solución para Juárez de hace dos días. Con datos que molestan al gobierno de Calderón y al propio titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, porque inciden en la corresponsabilidad del gobierno. Sobre todo los señalamientos de AI, que hace hincapié en la desaparición forzada, la tortura y el asesinato que involucra tanto a policías federales como a miembros del Ejército. Situación que reconoce el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia.
“La situación sigue siendo extremadamente grave, y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, apuntó Hickerson. A este y otros señalamientos responde Calderón con un arrebato: “Desoír aquellas voces que ingenuamente pretenden que el Estado se retire de la lucha contra el crimen, como si esos problemas se solucionaran por arte de magia”. Solo que nadie ha dicho que tal cosa ocurra. Menos el Estado porque, el Estado somos todos. Tal vez Calderón se refiera al gobierno. Eso sí. Pero ante su fallida estrategia contra el crimen organizado, no atina siquiera a revisarla, como tampoco asumir la corresponsabilidad por el uso del Ejército.
—
Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
10/diciembre/2009
*La ciudad más violenta del mundo
*Calderón debe revisar la estrategia
La violencia generalizada que hace acto de presencia de manera cotidiana, la impunidad en la que incurren las autoridades al no dar puntual seguimiento e investigar las demandas por los asesinatos cometidos y —corolario de obligar a las Fuerzas Armadas a emprender acciones policiacas—, las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y las policías federales y locales, instancias encargadas todas de combatir al narcotráfico y al crimen organizado en esa región fronteriza, conforman un coctel tan altamente explosivo que hace de Ciudad Juárez la ciudad más violenta no sólo del país sino del mundo, después de Caracas y Nueva Orleans.
Desde los crímenes cometidos en contra de las mujeres en esa ciudad, un problema que ha dado la vuelta al mundo, conocido como “las muertas de Juárez”, quedó en claro que o bien las autoridades no supieron enfrentar el problema para encontrarle una solución pronta e impedir que se generalizara y extendiera en el tiempo, o bien había involucramiento de algunos mandos regionales o locales en el problema que no acaba de esclarecerse a fondo. Ni se han encarcelado a todos los culpables —porque seguramente hay chivos expiatorios en el caso—, ni se han seguido todas las líneas de investigación posibles hasta sus últimas consecuencias (el actual procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, tiene parte de esa responsabilidad como exprocurador General de Justicia del Estado de Chihuahua). Entre ellas, la del tráfico de órganos, que va de la mano de la trata de blancas y/o la comercialización de pornografía por parte del crimen organizado. Entre otras posibles causas, incluso aquellas ligadas a la propia operación de las bandas de narcotraficantes. Violencia, corrupción e impunidad que se juntan en los feminicidios de Juárez.
Y a juzgar porque la ola de violencia va en aumento en la entidad, por el muy lamentable número de muertes, y ahora por las acusaciones que le echa en cara al propio Ejército organismos como Amnistía Internacional (AI) —que por lo demás presenta un informe con datos reales—, por las violaciones a los derechos humanos, no sobra decir que el único balance posible a la fecha, de la Operación Conjunta Chihuahua que entró en vigor en marzo de 2008, es no haber rendido los frutos esperados. Al contrario, ha ganado un mayor desprestigio la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado (de la cual forma parte aquel operativo) que apresuró el presidente Felipe Calderón por todo el país, apoyado y utilizando a las Fuerzas Armadas para dicho fin.
El 26 de agosto de 2009, la organización civil mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad pública y la Justicia Penal, AC, presentó un informe donde señalaba que Ciudad Juárez aparece como la más violenta del mundo con 130 por cada 100 mil habitantes, seguida de Caracas con 96 y Nueva Orleans en tercer lugar con 95 crímenes. Es decir, que tan sólo entre el 1 de enero y el 21 de agosto del presente año, “se habían cometido en la localidad 2,293 homicidios”, sobre una base de 1.4 millones de habitantes. De ellos, 1,362 habían sido homicidios dolosos, cometidos en esta ciudad, escenario de la pugna entre los cárteles de Sinaloa y Juárez por el control de la ruta del flujo de droga hacia los Estados Unidos, más la disputa por la venta al menudeo en dicho mercado.
Ya para 2008, el diario El Mundo de España (febrero de 2009), señalaba también las siguientes cifras: 1,600 personas asesinadas en Ciudad Juárez, lo que la convierte en la localidad fronteriza con EU más violenta de todo el país. Pero si el rating es nuevo, la violencia no. Porque a los largo de los últimos 15 años, son cientos las mujeres y niñas las que han padecido el secuestro; además, han sido violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas en esa ciudad, muchas de ellas arrojadas en lugares desérticos o en terrenos baldíos de la misma ciudad.
Los habitantes de Ciudad Juárez viven en el terror. Porque a la violencia contra las mujeres se suman los secuestros, las amenazas cumplidas contra empresarios que se niegan a “comprar la protección” de las mismas bandas. Aparte la falta de resultados, la impunidad que hace acto de presencia porque no se persiguen los delitos y las violaciones cometidas por las propias policías encargadas de brindar seguridad. O, bajo el pretexto mismo del combate a los criminales, como se da en el caso del Ejército, se cometen todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
Así lo ha dado a conocer AI. Pero no solamente dicho organismo internacional. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en voz del visitador Gustavo de la Rosa Hickerson, participante de la marcha Solución para Juárez de hace dos días. Con datos que molestan al gobierno de Calderón y al propio titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, porque inciden en la corresponsabilidad del gobierno. Sobre todo los señalamientos de AI, que hace hincapié en la desaparición forzada, la tortura y el asesinato que involucra tanto a policías federales como a miembros del Ejército. Situación que reconoce el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia.
“La situación sigue siendo extremadamente grave, y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, apuntó Hickerson. A este y otros señalamientos responde Calderón con un arrebato: “Desoír aquellas voces que ingenuamente pretenden que el Estado se retire de la lucha contra el crimen, como si esos problemas se solucionaran por arte de magia”. Solo que nadie ha dicho que tal cosa ocurra. Menos el Estado porque, el Estado somos todos. Tal vez Calderón se refiera al gobierno. Eso sí. Pero ante su fallida estrategia contra el crimen organizado, no atina siquiera a revisarla, como tampoco asumir la corresponsabilidad por el uso del Ejército.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
SME-LyFC-Gobernación
INSEGURIDAD
09/diciembre/2009
*Mientras haya decreto, no hay solución
*”Notables” y huelga de hambre, fallidas
Puras largas, con una buena dosis de encrespamiento. El conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el gobierno, se le complica al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, y a todos los que andan atrás del negocio de la fibra óptica, del triple play. Pero se imponen.
La indignación por el método aplicado para “desaparecer” a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y de refilón echar a la calle a los 34 mil trabajadores sindicalizados (la agrupación más antigua y de las más combativas de México), obligan a mantener la resistencia. Amén del apoyo de otras tantas organizaciones sociales y sindicales que se han solidarizado con la lucha del SME, y de muchos ciudadanos que padecen molestos la ineptitud en la prestación del servicio en el Valle de México y estados aledaños, por parte de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hasta no hace mucho, el titular del Trabajo aparecía en público o en conferencia de prensa, sólo para mostrar desdén por las demandas laborales argumentando que, como quiera que le hagan, no hay vuelta de hoja al asunto del SME. Es más, incluso resultaron falsas las promesas de recontratación de trabajadores, una vez cobrado el finiquito —los pocos que han acudido, y bien se entiende que es por la necesidad—, han denunciado que las únicas propuestas son que inviertan su dinero en negocios tipo Oxxo, que se maneja como franquicia. El argumento del lado de la autoridad es: aquellos que han solicitado su reingreso, ahora bajo el mando de los ingenieros de CFE, no han pasado los exámenes.
Pero además, lo grave del caso es que ninguno de los argumentos plasmados en el decreto de extinción de LyFC presentado por Felipe Calderón el domingo 11 de octubre (al día siguiente del sabadazo, cuando la Policía Federal ocupó las instalaciones de la citada compañía de luz), justificaron —bueno, ni siquiera con razones menos con argumentos jurídicos; el procedimiento como tal es juicio aparte— la desaparición de la prestadora del servicio de luz en el centro del país.
Así, pese a que tanto en la forma como en el fondo, el decreto del presidente Calderón resultó violatorio de la Constitución —a criterio elemental y de muchos juristas constitucionalistas; salvo opinión contraria de muchos “empleados” serviciales al gobierno—, en su oportunidad ni los partidos ni el Congreso de la Unión dictaminaron procedente la revisión del caso. Y mucho menos, el inicio de la controversia constitucional. Legalmente esa fue la estocada que le dieron los poderes establecidos al SME. Porque sin la demanda de dicha controversia constitucional, no podía haber (como no la hubo) revisión de la Suprema Corte.
Así las cosas, y con el sabadazo aplicado por todos los poderes del Estado al SME y a favor de la extinción de LyFC, llegó la negativa de la juez. O mejor dicho el aplazamiento. La titular del Juzgado 1 de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata, aplazó la resolución sobre si otorga o no la suspensión definitiva al SME contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dictó el comunicado de prensa. Y no se ve por dónde apoye dicha juez. Pero, aunque pueda porque está entre sus facultades, no comprará el boleto porque en ello se juega el hueso.
Dos puntos más. Uno. Con todo y que los personajes son dignos de todo el respeto. El involucramiento de los “cinco notables”, suena más a tomadura de pelo que a otra cosa. A darle largas al asunto del SME. Porque la principal demanda del líder, Martín Esparza Flores —a quien la autoridad se esmera en desconocer a como dé lugar—, de sentarse a negociar con el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no dará resultado alguno. Ya se dialogaron una vez y no hubo avances. Esparza calificó de “simulación”, la reunión del 11 de octubre en la casona de Covián, con su principal inquilino. Porque el gobierno no retrocederá en el decreto, que es el motor del conflicto. Y tampoco habrá la recuperación del empleo, que es lo que demandan los electricistas.
Hay voluntad política de intervenir, por parte de las personalidades, y analizan la conformación de una posible comisión de intermediación, en tanto “escuchen a las partes”. Están el rector de la UNAM, José Narro, el director del IPN, Enrique Villa; y los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el senado, Manlio Fabio, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, respectivamente. Pero de poco servirá. Largas al asunto. No habrá solución porque no está en sus manos.
Dos. El otro tema tiene que ver con la huelga de hambre de las 10 mujeres y los 5 hombres electricistas, que lleva más de dos semanas en la esquina de Reforma e Insurgentes, en el DF. Demandan la solución del conflicto y el retorno a sus empleos. La huelga no parará —con todo y que Gobernación ya ofreció extender el servicio del IMSS a los trabajadores por un año más—, hasta en tanto “se instale la mesa de negociación con el gobierno federal”. La mera instalación no rendirá frutos.
Lo escribimos en este espacio el mismo día del decreto: el gobierno juega con fuego en este caso. Lo reconoció ayer el propio senador Carlos Navarrete. “Nuestra concepción y nuestra idea es que las cosas se están complicando mucho y este conflicto corre el riesgo de desbordamientos si no se encuentran vías transitables para todos…” Pero, a estas alturas, el apoyo desde el Senado llega más que retrasado. Por encima de todo y de todos, se impone a toda costa el negocio del triple play. Legalmente, al SME ya no le queda más que acudir a los tribunales internacionales…
—
Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
09/diciembre/2009
*Mientras haya decreto, no hay solución
*”Notables” y huelga de hambre, fallidas
Puras largas, con una buena dosis de encrespamiento. El conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el gobierno, se le complica al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, y a todos los que andan atrás del negocio de la fibra óptica, del triple play. Pero se imponen.
La indignación por el método aplicado para “desaparecer” a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y de refilón echar a la calle a los 34 mil trabajadores sindicalizados (la agrupación más antigua y de las más combativas de México), obligan a mantener la resistencia. Amén del apoyo de otras tantas organizaciones sociales y sindicales que se han solidarizado con la lucha del SME, y de muchos ciudadanos que padecen molestos la ineptitud en la prestación del servicio en el Valle de México y estados aledaños, por parte de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hasta no hace mucho, el titular del Trabajo aparecía en público o en conferencia de prensa, sólo para mostrar desdén por las demandas laborales argumentando que, como quiera que le hagan, no hay vuelta de hoja al asunto del SME. Es más, incluso resultaron falsas las promesas de recontratación de trabajadores, una vez cobrado el finiquito —los pocos que han acudido, y bien se entiende que es por la necesidad—, han denunciado que las únicas propuestas son que inviertan su dinero en negocios tipo Oxxo, que se maneja como franquicia. El argumento del lado de la autoridad es: aquellos que han solicitado su reingreso, ahora bajo el mando de los ingenieros de CFE, no han pasado los exámenes.
Pero además, lo grave del caso es que ninguno de los argumentos plasmados en el decreto de extinción de LyFC presentado por Felipe Calderón el domingo 11 de octubre (al día siguiente del sabadazo, cuando la Policía Federal ocupó las instalaciones de la citada compañía de luz), justificaron —bueno, ni siquiera con razones menos con argumentos jurídicos; el procedimiento como tal es juicio aparte— la desaparición de la prestadora del servicio de luz en el centro del país.
Así, pese a que tanto en la forma como en el fondo, el decreto del presidente Calderón resultó violatorio de la Constitución —a criterio elemental y de muchos juristas constitucionalistas; salvo opinión contraria de muchos “empleados” serviciales al gobierno—, en su oportunidad ni los partidos ni el Congreso de la Unión dictaminaron procedente la revisión del caso. Y mucho menos, el inicio de la controversia constitucional. Legalmente esa fue la estocada que le dieron los poderes establecidos al SME. Porque sin la demanda de dicha controversia constitucional, no podía haber (como no la hubo) revisión de la Suprema Corte.
Así las cosas, y con el sabadazo aplicado por todos los poderes del Estado al SME y a favor de la extinción de LyFC, llegó la negativa de la juez. O mejor dicho el aplazamiento. La titular del Juzgado 1 de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata, aplazó la resolución sobre si otorga o no la suspensión definitiva al SME contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dictó el comunicado de prensa. Y no se ve por dónde apoye dicha juez. Pero, aunque pueda porque está entre sus facultades, no comprará el boleto porque en ello se juega el hueso.
Dos puntos más. Uno. Con todo y que los personajes son dignos de todo el respeto. El involucramiento de los “cinco notables”, suena más a tomadura de pelo que a otra cosa. A darle largas al asunto del SME. Porque la principal demanda del líder, Martín Esparza Flores —a quien la autoridad se esmera en desconocer a como dé lugar—, de sentarse a negociar con el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no dará resultado alguno. Ya se dialogaron una vez y no hubo avances. Esparza calificó de “simulación”, la reunión del 11 de octubre en la casona de Covián, con su principal inquilino. Porque el gobierno no retrocederá en el decreto, que es el motor del conflicto. Y tampoco habrá la recuperación del empleo, que es lo que demandan los electricistas.
Hay voluntad política de intervenir, por parte de las personalidades, y analizan la conformación de una posible comisión de intermediación, en tanto “escuchen a las partes”. Están el rector de la UNAM, José Narro, el director del IPN, Enrique Villa; y los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el senado, Manlio Fabio, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, respectivamente. Pero de poco servirá. Largas al asunto. No habrá solución porque no está en sus manos.
Dos. El otro tema tiene que ver con la huelga de hambre de las 10 mujeres y los 5 hombres electricistas, que lleva más de dos semanas en la esquina de Reforma e Insurgentes, en el DF. Demandan la solución del conflicto y el retorno a sus empleos. La huelga no parará —con todo y que Gobernación ya ofreció extender el servicio del IMSS a los trabajadores por un año más—, hasta en tanto “se instale la mesa de negociación con el gobierno federal”. La mera instalación no rendirá frutos.
Lo escribimos en este espacio el mismo día del decreto: el gobierno juega con fuego en este caso. Lo reconoció ayer el propio senador Carlos Navarrete. “Nuestra concepción y nuestra idea es que las cosas se están complicando mucho y este conflicto corre el riesgo de desbordamientos si no se encuentran vías transitables para todos…” Pero, a estas alturas, el apoyo desde el Senado llega más que retrasado. Por encima de todo y de todos, se impone a toda costa el negocio del triple play. Legalmente, al SME ya no le queda más que acudir a los tribunales internacionales…
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
martes, 8 de diciembre de 2009
Democracia y legitimidad
INSEGURIDAD
08/diciembre/2009
*Entre lo ideal y lo posible
*Apostarle al cambio de fondo
Bajo el principio ideal y democrático de que es al ciudadano a quien le corresponde, haciendo uso del derecho de emitir su voto en tiempos electorales, designar a cualquier otro ciudadano como su representante en un cargo de gobierno, o en instancias legislativas —en todo caso, claro, bajo las siglas de un instituto político—, es por la votación por lo que se deciden las preferencias por determinados individuos o partidos. A tantos candidatos corresponde determinado número de votos. Así se definen ganadores que asumen sus cargos y perdedores se van a su casa.
Ocurre que si los procesos electorales son limpios y transparentes, los ganadores son reconocidos y respetados. Se erigen con la legitimidad del voto y asumen su responsabilidad con la calidad política y moral suficientes para emprender las acciones prometidas en campaña. Los programas de gobierno salen de los principios partidistas y del diagnóstico de las necesidades mediatas e inmediatas del estado o país en cuestión.
Esto puede darse en un país con una democracia más o menos ideal. Pero lo ideal, o bien existe sólo en La Utopía de Tomás Moro, o mal aterriza únicamente en algunas democracias de ciertos países europeos muy desarrollados como Suecia, Finlandia, etcétera. (De todos modos, hay que considerar: “Democracia participativa” como principio de legitimidad; “democracia representativa” como sistema político, y “democracia como ideal”, como los tres aspectos, según Giovanni Sartori, para cuando se defina a la democracia).
Pero en el resto de países “en vías de desarrollo” infiltrados, y con sociedades controladas por una fuerte carga de intereses y unos medios de comunicación activos y al servicio del poder, un proceso limpio y democrático parece más un imposible. Aunque en la realidad no lo sea (aquí estamos entrampados los mexicanos, bajo la falsa creencia de que no podemos tener procesos limpios ni democráticos. Porque partidos, gobierno y los hombres que detentan el poder nos hacen creer que las “trampas” son parte intrínseca de toda elección; como por mala suerte, como especie de idiosincrasia de los mexicanos donde “el que no transa no avanza”), como lo hemos visto recientemente en elecciones de países como Uruguay y Bolivia.
Así, en nuestro país ganan siempre aquellos políticos que son apoyados o impulsados y asociados por los hombres que detentan el poder. Muchos del sector empresarial, el resto del político y gubernamental —funcionarios en espacios clave, bajo designios del poder presidencial— donde las determinaciones se toman sin tocar siquiera aquellos intereses que los sostienen. Eso sucede en toda sucesión presidencial. Y para mantener el control de otros poderes auxiliares o aleatorios, como son los espacios en instancias legislativas y judiciales. Por eso vemos que muchos políticos, los más visibles, rondan de un cargo de “elección popular” a otro, gracias a la trampa de la “representatividad proporcional”.
Los partidos mayores, el PRI y el PAN, son los que portan la batuta. No por grandes o más viejos, sino porque en la historia y en el ejercicio de gobierno, ambos partidos han dado muestra de garantizar y mantener una relativa estabilidad política —ante cualquier desbordamiento de cualquier alzamiento violento que parezca incontrolable (léase represión)— y social. (El PRI resultó servicial y por eso duró 70 años en el poder, colocando presidentes y haciendo la política; el PAN que no muestra talla en los retos que la propia iniciativa privada demanda, para garantizar un ambiente propicio para los negocios.) Preservar un clima lo suficientemente “sano” y bajo control, para la pronta y eficaz reproducción de los intereses que los capitales de los hombres ricos demandan sin chistar de nadie.
En otras palabras, es el dinero el que define ganadores y perdedores. Y así ocurre, salvo excepciones, en los espacios de gobierno y representación. Son los intereses en juego durante cada elección, los que deciden al ganador. El encumbramiento de un político en un cargo, conlleva ataduras y “compromisos”, porque los triunfos tienen dueños.
Más cuando las “trampas” se arman de muchas maneras en cada elección. Por eso se generan todo tipo de suspicacias, por la opacidad en el proceso electoral. No bastan los controles que pueda tener el órgano regulador, el IFE. Porque en el resto del proceso es en donde se arman las “trampas” que atentan contra la credibilidad. Las alianzas entre partidos y candidatos, con los que financian campañas, conforman la plataforma de arranque (los topes de campañas no se respetan; y eso no hay quien lo fiscalice, con todo y que el IFE diga lo contrario).
Aparece la compra del voto. Porque los montos de recursos definen el tamaño de la votación. Llegan los acarreos de servidores públicos. El manejo que de un candidato hacen las televisoras, resulta clave para el triunfo, porque venden una imagen, una pose, una etiqueta; no un candidato con soluciones.
Los resultados finales de una votación resultan, casi siempre, del tamaño de las trampas del proceso. Son, por cierto, algunos de los preceptos de todo fraude.
No resolver los problemas, es de pésima visión. No basta controlar a la población para ganar más invirtiendo menos. La política es más sana y la economía también, apostándole a la educación, a crear empleos, apoyar a las mismas empresas, etcétera a un proyecto incluyente y de largo plazo. Como dijo el recientemente ganador de la presidencia en Uruguay, José Pepe Mujica: “Hay de aquellos que no se den cuenta de que el poder no está arriba sino en el corazón de las grandes masas”. Pero sin legitimidad no hay democracia. Y sin democracia no hay gobernabilidad.
—
Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
08/diciembre/2009
*Entre lo ideal y lo posible
*Apostarle al cambio de fondo
Bajo el principio ideal y democrático de que es al ciudadano a quien le corresponde, haciendo uso del derecho de emitir su voto en tiempos electorales, designar a cualquier otro ciudadano como su representante en un cargo de gobierno, o en instancias legislativas —en todo caso, claro, bajo las siglas de un instituto político—, es por la votación por lo que se deciden las preferencias por determinados individuos o partidos. A tantos candidatos corresponde determinado número de votos. Así se definen ganadores que asumen sus cargos y perdedores se van a su casa.
Ocurre que si los procesos electorales son limpios y transparentes, los ganadores son reconocidos y respetados. Se erigen con la legitimidad del voto y asumen su responsabilidad con la calidad política y moral suficientes para emprender las acciones prometidas en campaña. Los programas de gobierno salen de los principios partidistas y del diagnóstico de las necesidades mediatas e inmediatas del estado o país en cuestión.
Esto puede darse en un país con una democracia más o menos ideal. Pero lo ideal, o bien existe sólo en La Utopía de Tomás Moro, o mal aterriza únicamente en algunas democracias de ciertos países europeos muy desarrollados como Suecia, Finlandia, etcétera. (De todos modos, hay que considerar: “Democracia participativa” como principio de legitimidad; “democracia representativa” como sistema político, y “democracia como ideal”, como los tres aspectos, según Giovanni Sartori, para cuando se defina a la democracia).
Pero en el resto de países “en vías de desarrollo” infiltrados, y con sociedades controladas por una fuerte carga de intereses y unos medios de comunicación activos y al servicio del poder, un proceso limpio y democrático parece más un imposible. Aunque en la realidad no lo sea (aquí estamos entrampados los mexicanos, bajo la falsa creencia de que no podemos tener procesos limpios ni democráticos. Porque partidos, gobierno y los hombres que detentan el poder nos hacen creer que las “trampas” son parte intrínseca de toda elección; como por mala suerte, como especie de idiosincrasia de los mexicanos donde “el que no transa no avanza”), como lo hemos visto recientemente en elecciones de países como Uruguay y Bolivia.
Así, en nuestro país ganan siempre aquellos políticos que son apoyados o impulsados y asociados por los hombres que detentan el poder. Muchos del sector empresarial, el resto del político y gubernamental —funcionarios en espacios clave, bajo designios del poder presidencial— donde las determinaciones se toman sin tocar siquiera aquellos intereses que los sostienen. Eso sucede en toda sucesión presidencial. Y para mantener el control de otros poderes auxiliares o aleatorios, como son los espacios en instancias legislativas y judiciales. Por eso vemos que muchos políticos, los más visibles, rondan de un cargo de “elección popular” a otro, gracias a la trampa de la “representatividad proporcional”.
Los partidos mayores, el PRI y el PAN, son los que portan la batuta. No por grandes o más viejos, sino porque en la historia y en el ejercicio de gobierno, ambos partidos han dado muestra de garantizar y mantener una relativa estabilidad política —ante cualquier desbordamiento de cualquier alzamiento violento que parezca incontrolable (léase represión)— y social. (El PRI resultó servicial y por eso duró 70 años en el poder, colocando presidentes y haciendo la política; el PAN que no muestra talla en los retos que la propia iniciativa privada demanda, para garantizar un ambiente propicio para los negocios.) Preservar un clima lo suficientemente “sano” y bajo control, para la pronta y eficaz reproducción de los intereses que los capitales de los hombres ricos demandan sin chistar de nadie.
En otras palabras, es el dinero el que define ganadores y perdedores. Y así ocurre, salvo excepciones, en los espacios de gobierno y representación. Son los intereses en juego durante cada elección, los que deciden al ganador. El encumbramiento de un político en un cargo, conlleva ataduras y “compromisos”, porque los triunfos tienen dueños.
Más cuando las “trampas” se arman de muchas maneras en cada elección. Por eso se generan todo tipo de suspicacias, por la opacidad en el proceso electoral. No bastan los controles que pueda tener el órgano regulador, el IFE. Porque en el resto del proceso es en donde se arman las “trampas” que atentan contra la credibilidad. Las alianzas entre partidos y candidatos, con los que financian campañas, conforman la plataforma de arranque (los topes de campañas no se respetan; y eso no hay quien lo fiscalice, con todo y que el IFE diga lo contrario).
Aparece la compra del voto. Porque los montos de recursos definen el tamaño de la votación. Llegan los acarreos de servidores públicos. El manejo que de un candidato hacen las televisoras, resulta clave para el triunfo, porque venden una imagen, una pose, una etiqueta; no un candidato con soluciones.
Los resultados finales de una votación resultan, casi siempre, del tamaño de las trampas del proceso. Son, por cierto, algunos de los preceptos de todo fraude.
No resolver los problemas, es de pésima visión. No basta controlar a la población para ganar más invirtiendo menos. La política es más sana y la economía también, apostándole a la educación, a crear empleos, apoyar a las mismas empresas, etcétera a un proyecto incluyente y de largo plazo. Como dijo el recientemente ganador de la presidencia en Uruguay, José Pepe Mujica: “Hay de aquellos que no se den cuenta de que el poder no está arriba sino en el corazón de las grandes masas”. Pero sin legitimidad no hay democracia. Y sin democracia no hay gobernabilidad.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
domingo, 6 de diciembre de 2009
Tropas en Afganistán
INSEGURIDAD
07/diciembre/2009
*Apoyo de muerte al Pentágono
*La guerra perdida de Obama
Estados Unidos sigue en pie de guerra. El nuevo y flamante presidente de los EU, Barack Hussein Obama, ha retomado la batuta del desastre siguiendo los pasos de su antecesor, George W. Bush, porque ha reculado a su promesa de campaña de que retiraría a su país de la guerra en Asia, cediendo al envío de 30 mil soldados más para reforzar la plaza en Afganistán y a la presión de la derecha de su país.
Eso sí, nadie en EU —ni siquiera los generales del frente de guerra—, supone siquiera en dónde se encuentra Osama Bin Laden, el terrorista y enemigo público (el exsocio de los Bush en varios negocios) número uno acusado de la catastrófica destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, y el oscuro pretexto para movilizar al ejército más poderoso del mundo por aquellas tierras persiguiendo células talibanes.
Así lo ha reconocido el titular de Defensa, Robert Gates, que no disponen desde hace años de información fidedigna de los servicios de inteligencia sobre el paradero del líder de Al Qaeda. “No sabemos dónde está Osama Bin Laden. Si lo supiéramos, lo habríamos capturado”. “Han pasado años”, de eso. Se dice, incluso, que tal vez el número de talibanes no pasa de entre 200 y 500 hombres escondidos en Paquistán (¿pretexto?), y otros cuantos dispersos en el planeta, de Yemen a Argelia pasando por Somalia.
Claro. Nadie sabe en dónde anda Bin Laden, pero sí saben en dónde —países y yacimientos— se encuentra el petróleo y el negocio de la droga en Afganistán (habría que preguntarle al hermano del títere y presidente afgano Hamid Karzai, Ahmed Wali, sospechoso de estar en el negocio ilegal del tráfico del opio y que recibe apoyo y dinero de la CIA, según revelaciones de The New York Times).
Es el interés de fondo, porque los propios estadounidenses saben que la dichosa guerra en ese país es un asunto perdido. Pese, eso sí, al elevado costo en vidas para los soldados y las familias de quienes están en el frente de batalla. Una guerra, desde luego, sin otro sentido que las reservas energéticas estratégicas, pero que no comprenden las familias de los más de 800 muertos, caídos desde hace ocho años. Pero justifica, eso sí, el aval de la mayoría de los países “amigos” de los EU que, vía la OTAN, han respondido también al llamado de Obama de solidarizarse aportando más elementos para la desdichada guerra.
Bastó el llamado del general Stanley McChrystal, comandante en Afganistán y del secretario de defensa, Robert Gates, para que los republicanos conservadores y algunos demócratas, se movilizaran y presionaran a Obama para encontrar una respuesta inmediata a la petición de enviar no 30 sino 40 mil soldados a Afganistán. Ante esto, en su discurso del martes pasado en la academia de West Point, el presidente Obama argumentó a favor para defender “el interés nacional” y “la seguridad”, pero bajo dos variables —y presuntas— condicionantes: 1) La relación con Pakistán, y 2) el retiro de las tropas del Pentágono en el verano del 2011.
Ambas promesas resultan falaces. Bueno, la segunda falsa y la primera peligrosa. Por un lado, nadie cree que en el 2011 haya condiciones para retirar al Ejército de Afganistán. Porque de acuerdo con su estrategia se tiene que ceder paulatinamente el poder al gobierno local, y para eso es muy poco tiempo el año y medio restante. “Todo el mundo entiende que la escalada militar contra los talibanes y demás insurgentes en Afganistán no tendrá éxito al menos que vaya acompañada de una eficaz estrategia destinada a lograr el apoyo de la sociedad. Esto requiere, entre otras cosas, proteger mejor a la población civil, aumentar el empleo y disminuir la corrupción. Nada de esto es fácil”, como ha escrito en Los Ángeles Times, el articulista Moisés Naím.
Como también la inconveniencia de abrir el frente de Paquistán, porque este país sí cuenta con la bomba atómica. Lo que resultó una burla al mundo al hacer creer que se justificaba la invasión de Irak porque había arsenales de “armas de destrucción masiva” en manos de Saddam Husein. Cuando Obama citó a Paquistán en su discurso de West Point, en el sentido de que Al Qaeda se apodere del arma nuclear paquistaní, el anglófono The News protestó en su editorial: “Es como echar sal en las heridas. Porque la referencia al poder nuclear de Pakistán no era en absoluto necesario”.
Obama se entrampó solito. De por sí el conflicto está más que complicado. En vidas y en pérdidas para su país, pues se trata de una guerra que ha costado al menos 227,000 millones de dólares “tratando de estabilizar a ese país”. Incluso ya se habla de la similitudes entre la guerra de Afganistán y la de Vietnam. Aunque les duele reconocer. Es decir, que EU perderá la guerra en Afganistán, pese a todo el arsenal con que cuenta el ejército más poderoso de mundo. Como perdió igual la del Golfo Pérsico y la segunda invasión de Irak. La de Corea y la primera del Golfo fueron empates políticos. Es decir, hoy por hoy está más claro que nunca que no hay imperios por muy grandes que sean que resulten invencibles.
Y EU, y el Pentágono, y los estrategas del Pentágono, y los soldados del frente, y los aliados de la OTAN van al desfiladero, encaminados por el propio presidente Barak Obama que ha cedido a las presiones de los halcones de Washington para enviar más soldados a Afganistán, y para encender la peligrosa llama en contra de Paquistán. Por eso Obama está en pie de guerra, pero entrampado. En una guerra que se encamina a la derrota, con todo y el apoyo de los aliados de la OTAN que han garantizado el apoyo de unos 5 mil soldados. Salvo algunas excepciones, porque países como Francia se han negado al apoyo.
Si Obama ha medio ganado la lucha a favor de la asistencia social en el Congreso, no ocurrirá lo mismo con una guerra que, aparte, le resta cuantiosos recursos para sacar a la economía de EU de la debacle. Menos cuando, según encuesta reciente, hasta un 40 por ciento de estadounidenses opina que debe reducir tropas en Afganistán y solo 32 apoya el envío. Avanza mal el premio Nobel de la Paz, 2009.
—
Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
07/diciembre/2009
*Apoyo de muerte al Pentágono
*La guerra perdida de Obama
Estados Unidos sigue en pie de guerra. El nuevo y flamante presidente de los EU, Barack Hussein Obama, ha retomado la batuta del desastre siguiendo los pasos de su antecesor, George W. Bush, porque ha reculado a su promesa de campaña de que retiraría a su país de la guerra en Asia, cediendo al envío de 30 mil soldados más para reforzar la plaza en Afganistán y a la presión de la derecha de su país.
Eso sí, nadie en EU —ni siquiera los generales del frente de guerra—, supone siquiera en dónde se encuentra Osama Bin Laden, el terrorista y enemigo público (el exsocio de los Bush en varios negocios) número uno acusado de la catastrófica destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, y el oscuro pretexto para movilizar al ejército más poderoso del mundo por aquellas tierras persiguiendo células talibanes.
Así lo ha reconocido el titular de Defensa, Robert Gates, que no disponen desde hace años de información fidedigna de los servicios de inteligencia sobre el paradero del líder de Al Qaeda. “No sabemos dónde está Osama Bin Laden. Si lo supiéramos, lo habríamos capturado”. “Han pasado años”, de eso. Se dice, incluso, que tal vez el número de talibanes no pasa de entre 200 y 500 hombres escondidos en Paquistán (¿pretexto?), y otros cuantos dispersos en el planeta, de Yemen a Argelia pasando por Somalia.
Claro. Nadie sabe en dónde anda Bin Laden, pero sí saben en dónde —países y yacimientos— se encuentra el petróleo y el negocio de la droga en Afganistán (habría que preguntarle al hermano del títere y presidente afgano Hamid Karzai, Ahmed Wali, sospechoso de estar en el negocio ilegal del tráfico del opio y que recibe apoyo y dinero de la CIA, según revelaciones de The New York Times).
Es el interés de fondo, porque los propios estadounidenses saben que la dichosa guerra en ese país es un asunto perdido. Pese, eso sí, al elevado costo en vidas para los soldados y las familias de quienes están en el frente de batalla. Una guerra, desde luego, sin otro sentido que las reservas energéticas estratégicas, pero que no comprenden las familias de los más de 800 muertos, caídos desde hace ocho años. Pero justifica, eso sí, el aval de la mayoría de los países “amigos” de los EU que, vía la OTAN, han respondido también al llamado de Obama de solidarizarse aportando más elementos para la desdichada guerra.
Bastó el llamado del general Stanley McChrystal, comandante en Afganistán y del secretario de defensa, Robert Gates, para que los republicanos conservadores y algunos demócratas, se movilizaran y presionaran a Obama para encontrar una respuesta inmediata a la petición de enviar no 30 sino 40 mil soldados a Afganistán. Ante esto, en su discurso del martes pasado en la academia de West Point, el presidente Obama argumentó a favor para defender “el interés nacional” y “la seguridad”, pero bajo dos variables —y presuntas— condicionantes: 1) La relación con Pakistán, y 2) el retiro de las tropas del Pentágono en el verano del 2011.
Ambas promesas resultan falaces. Bueno, la segunda falsa y la primera peligrosa. Por un lado, nadie cree que en el 2011 haya condiciones para retirar al Ejército de Afganistán. Porque de acuerdo con su estrategia se tiene que ceder paulatinamente el poder al gobierno local, y para eso es muy poco tiempo el año y medio restante. “Todo el mundo entiende que la escalada militar contra los talibanes y demás insurgentes en Afganistán no tendrá éxito al menos que vaya acompañada de una eficaz estrategia destinada a lograr el apoyo de la sociedad. Esto requiere, entre otras cosas, proteger mejor a la población civil, aumentar el empleo y disminuir la corrupción. Nada de esto es fácil”, como ha escrito en Los Ángeles Times, el articulista Moisés Naím.
Como también la inconveniencia de abrir el frente de Paquistán, porque este país sí cuenta con la bomba atómica. Lo que resultó una burla al mundo al hacer creer que se justificaba la invasión de Irak porque había arsenales de “armas de destrucción masiva” en manos de Saddam Husein. Cuando Obama citó a Paquistán en su discurso de West Point, en el sentido de que Al Qaeda se apodere del arma nuclear paquistaní, el anglófono The News protestó en su editorial: “Es como echar sal en las heridas. Porque la referencia al poder nuclear de Pakistán no era en absoluto necesario”.
Obama se entrampó solito. De por sí el conflicto está más que complicado. En vidas y en pérdidas para su país, pues se trata de una guerra que ha costado al menos 227,000 millones de dólares “tratando de estabilizar a ese país”. Incluso ya se habla de la similitudes entre la guerra de Afganistán y la de Vietnam. Aunque les duele reconocer. Es decir, que EU perderá la guerra en Afganistán, pese a todo el arsenal con que cuenta el ejército más poderoso de mundo. Como perdió igual la del Golfo Pérsico y la segunda invasión de Irak. La de Corea y la primera del Golfo fueron empates políticos. Es decir, hoy por hoy está más claro que nunca que no hay imperios por muy grandes que sean que resulten invencibles.
Y EU, y el Pentágono, y los estrategas del Pentágono, y los soldados del frente, y los aliados de la OTAN van al desfiladero, encaminados por el propio presidente Barak Obama que ha cedido a las presiones de los halcones de Washington para enviar más soldados a Afganistán, y para encender la peligrosa llama en contra de Paquistán. Por eso Obama está en pie de guerra, pero entrampado. En una guerra que se encamina a la derrota, con todo y el apoyo de los aliados de la OTAN que han garantizado el apoyo de unos 5 mil soldados. Salvo algunas excepciones, porque países como Francia se han negado al apoyo.
Si Obama ha medio ganado la lucha a favor de la asistencia social en el Congreso, no ocurrirá lo mismo con una guerra que, aparte, le resta cuantiosos recursos para sacar a la economía de EU de la debacle. Menos cuando, según encuesta reciente, hasta un 40 por ciento de estadounidenses opina que debe reducir tropas en Afganistán y solo 32 apoya el envío. Avanza mal el premio Nobel de la Paz, 2009.
—
Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
Congreso perredista
INSEGURIDAD
06/diciembre/2009
*Los problemas de un partido clientelar
*Reto: construir una opción de izquierda
Los perredistas están de manteles largos. Mejor dicho, de Congreso. Se han reunido en Oaxtepec, ante el clima favorable de Morelos, para hablar del qué hacer con el fantasma desfavorable que les ronda, y para “refundar” al Partido de la Revolución Democrática. No la tienen fácil, porque retrocedieron en la elección intermedia del 2006. Y al igual que el PAN, fueron los dos grandes partidos perdedores de porcentajes, curules y espacios de gobierno en presidencias municipales, que les arrebató el PRI.
De cara al 2010, 2011 y 2012, el PRD tiene muchos retos encima. Contabilicemos algunos.
1) Reposicionarse frente a la ciudadanía que no los ve con muy buenos ojos que digamos, porque no han gobernado tan eficientemente como habían prometido desde que tienen espacios de poder, con las gubernaturas de algunos estados de la República, la jefatura de gobierno del DF, y muchas presidencias municipales. Ya es vox pópuli en el Distrito Federal, que el PRD llegó para hacer las cosas peor de lo que las venía haciendo el PRI, en los tiempos de las regencias. No obstante algunos avances relativos en el DF con los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y ahora Marcelo Ebrard. Varios problemas han tenido con los gobiernos de Michoacán y Guerrero, que encabezan Leonel Godoy y Zeferino Torreblanca, respectivamente. En la pasada elección perdieron todo el llamado “corredor amarillo”, de varios e importantes municipios en el Estado de México. Grandes, poblacionalmente hablando, son: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Ixtapaluca y Chimalhuacán. Se los arrancó el PRI.
2) Más que como partido, el PRD se ha sostenido activo por sus huestes. Las corrientes internas, los conflictos y arrebatos por las candidaturas a los diferentes espacios de gobierno —o de responsabilidad administrativa; aunque no lo ven así— entre las diversas expresiones, los han desacreditado porque se desnudan ante la sociedad disputando los espacios como aves de rapiña, más que como actores políticos preocupados por enfrentar y resolver la problemática generada por los otros partidos. No obstante reconocer que en su momento lo que le dio cuerpo al PRD, sobre todo en el DF, fueron las corrientes primigenias, como fue el caso de la expresión bejaranista que, con su organización de vivienda Nueva Tenochtitlan (creada como el MUP en 1985 luego de los sismos), sostuvo parte importante de las campañas tanto de Cárdenas como de El Peje, cuando disputaron la jefatura de gobierno del DF.
3) Aglutinador de las fuerzas de izquierda inicial, más pronto que tarde perdió ese galardón. Sobre todo cuando se constituyó en 1989 (1 de mayo), un año después de que la lucha cardenista y declarada izquierda rindió sus frutos en la elección de 1988 como Frente Democrático Nacional (FDN), porque las promesas alentaron las esperanzas del ciudadano cansado del PRI, y deseoso de encontrar una auténtica opción de cambio y expresión democrática. Consiguió el apoyo de la mayoría de las expresiones de izquierda opositoras al sistema, el partido se constituyó aglutinando un gran e histórico capital político y social. Conformado por el Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) que comandaba Heberto Castillo, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Popular Revolucionario (PPR), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), la Unión de la Izquierda Comunista (UIC). Se unió, entonces, al PRD la trascendente expresión de la izquierda socialista mexicana, cuyos orígenes enraizaban en el Partido Comunista Mexicano. Pese a recoger, de ese modo, el tan importantísimo capital político, pronto lo dilapidó por el agandalle continuo de las corrientes internas que desencantaron primero al interior, y luego hicieron lo propio con la militancia de izquierda y con la sociedad.
4) Pero el mayor problema de PRD es que se ha desligado de la gente. Hasta de sus militantes. Y en tiempos electorales ha utilizado los vicios de otros partidos. Eso sí: el acarreo, la compra del voto, la cooptación forzada, el condicionamiento, etcétera. Ha reproducido sin chistar vicios otrora criticables al PRI, como el manejo corporativo y clientelar. Pero eso no es todo. Tampoco ha correspondido en atender las promesas de enfrentar los problemas de la gente común y corriente. Como partido, ciertamente ha debatido temas importantes con los otros partidos; como también ha entablado debates sobre temas coyunturales en los espacios legislativos. Buena parte del avance democrático en el país no se explicaría sin la presencia del PRD. Desde luego. Vaya si ha puesto su granito de arena. Pero el esfuerzo se ha quedado corto porque las demandas son todavía mayores. Y, en el fondo, el partido tampoco ha planteado alternativas de fondo para solucionar los grandes problemas nacionales. Al menos desde los tiempos reacios de Carlos Salinas para acá. Porque la mera denuncia de algunos de esos problemas generados no basta.
Todavía más. Su propio diagnóstico los delata. Llegaron a su XII Congreso a realizarse del 3 al 6 de diciembre, con muchas demandas internas: no pueden hacer un ejercicio de simulación por los retos mediatos e inmediatos; las corrientes son su lastre principal; deben limitar a las tribus, que sólo colocan cuadros bajo el principio del reparto de cuotas de poder; deben terminar con los acuerdos cupulares; cargan con el lastre de una burocracia partidista.
Así que, sin refundación y con la elección del 2012 encima, el PRD la tienen difícil. Más si continúa el protagonismo de algunos líderes, como Carlos Navarrete que ya se autodestapó. El tema de las alianzas electorales próximas les traerá mayores problemas. No se diga la definición del candidato presidencial 2012, porque son varios los que se sienten “buenos” para ser nominados. Lástima, porque al PRD le falta mucho para reconvertirse en opción real de gobierno, igual sostener una alternativa de nación. Porque al país le hace falta una opción de izquierda consolidada. Y esa no la representa, hoy por hoy, el PRD.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
06/diciembre/2009
*Los problemas de un partido clientelar
*Reto: construir una opción de izquierda
Los perredistas están de manteles largos. Mejor dicho, de Congreso. Se han reunido en Oaxtepec, ante el clima favorable de Morelos, para hablar del qué hacer con el fantasma desfavorable que les ronda, y para “refundar” al Partido de la Revolución Democrática. No la tienen fácil, porque retrocedieron en la elección intermedia del 2006. Y al igual que el PAN, fueron los dos grandes partidos perdedores de porcentajes, curules y espacios de gobierno en presidencias municipales, que les arrebató el PRI.
De cara al 2010, 2011 y 2012, el PRD tiene muchos retos encima. Contabilicemos algunos.
1) Reposicionarse frente a la ciudadanía que no los ve con muy buenos ojos que digamos, porque no han gobernado tan eficientemente como habían prometido desde que tienen espacios de poder, con las gubernaturas de algunos estados de la República, la jefatura de gobierno del DF, y muchas presidencias municipales. Ya es vox pópuli en el Distrito Federal, que el PRD llegó para hacer las cosas peor de lo que las venía haciendo el PRI, en los tiempos de las regencias. No obstante algunos avances relativos en el DF con los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y ahora Marcelo Ebrard. Varios problemas han tenido con los gobiernos de Michoacán y Guerrero, que encabezan Leonel Godoy y Zeferino Torreblanca, respectivamente. En la pasada elección perdieron todo el llamado “corredor amarillo”, de varios e importantes municipios en el Estado de México. Grandes, poblacionalmente hablando, son: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Ixtapaluca y Chimalhuacán. Se los arrancó el PRI.
2) Más que como partido, el PRD se ha sostenido activo por sus huestes. Las corrientes internas, los conflictos y arrebatos por las candidaturas a los diferentes espacios de gobierno —o de responsabilidad administrativa; aunque no lo ven así— entre las diversas expresiones, los han desacreditado porque se desnudan ante la sociedad disputando los espacios como aves de rapiña, más que como actores políticos preocupados por enfrentar y resolver la problemática generada por los otros partidos. No obstante reconocer que en su momento lo que le dio cuerpo al PRD, sobre todo en el DF, fueron las corrientes primigenias, como fue el caso de la expresión bejaranista que, con su organización de vivienda Nueva Tenochtitlan (creada como el MUP en 1985 luego de los sismos), sostuvo parte importante de las campañas tanto de Cárdenas como de El Peje, cuando disputaron la jefatura de gobierno del DF.
3) Aglutinador de las fuerzas de izquierda inicial, más pronto que tarde perdió ese galardón. Sobre todo cuando se constituyó en 1989 (1 de mayo), un año después de que la lucha cardenista y declarada izquierda rindió sus frutos en la elección de 1988 como Frente Democrático Nacional (FDN), porque las promesas alentaron las esperanzas del ciudadano cansado del PRI, y deseoso de encontrar una auténtica opción de cambio y expresión democrática. Consiguió el apoyo de la mayoría de las expresiones de izquierda opositoras al sistema, el partido se constituyó aglutinando un gran e histórico capital político y social. Conformado por el Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) que comandaba Heberto Castillo, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Popular Revolucionario (PPR), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), la Unión de la Izquierda Comunista (UIC). Se unió, entonces, al PRD la trascendente expresión de la izquierda socialista mexicana, cuyos orígenes enraizaban en el Partido Comunista Mexicano. Pese a recoger, de ese modo, el tan importantísimo capital político, pronto lo dilapidó por el agandalle continuo de las corrientes internas que desencantaron primero al interior, y luego hicieron lo propio con la militancia de izquierda y con la sociedad.
4) Pero el mayor problema de PRD es que se ha desligado de la gente. Hasta de sus militantes. Y en tiempos electorales ha utilizado los vicios de otros partidos. Eso sí: el acarreo, la compra del voto, la cooptación forzada, el condicionamiento, etcétera. Ha reproducido sin chistar vicios otrora criticables al PRI, como el manejo corporativo y clientelar. Pero eso no es todo. Tampoco ha correspondido en atender las promesas de enfrentar los problemas de la gente común y corriente. Como partido, ciertamente ha debatido temas importantes con los otros partidos; como también ha entablado debates sobre temas coyunturales en los espacios legislativos. Buena parte del avance democrático en el país no se explicaría sin la presencia del PRD. Desde luego. Vaya si ha puesto su granito de arena. Pero el esfuerzo se ha quedado corto porque las demandas son todavía mayores. Y, en el fondo, el partido tampoco ha planteado alternativas de fondo para solucionar los grandes problemas nacionales. Al menos desde los tiempos reacios de Carlos Salinas para acá. Porque la mera denuncia de algunos de esos problemas generados no basta.
Todavía más. Su propio diagnóstico los delata. Llegaron a su XII Congreso a realizarse del 3 al 6 de diciembre, con muchas demandas internas: no pueden hacer un ejercicio de simulación por los retos mediatos e inmediatos; las corrientes son su lastre principal; deben limitar a las tribus, que sólo colocan cuadros bajo el principio del reparto de cuotas de poder; deben terminar con los acuerdos cupulares; cargan con el lastre de una burocracia partidista.
Así que, sin refundación y con la elección del 2012 encima, el PRD la tienen difícil. Más si continúa el protagonismo de algunos líderes, como Carlos Navarrete que ya se autodestapó. El tema de las alianzas electorales próximas les traerá mayores problemas. No se diga la definición del candidato presidencial 2012, porque son varios los que se sienten “buenos” para ser nominados. Lástima, porque al PRD le falta mucho para reconvertirse en opción real de gobierno, igual sostener una alternativa de nación. Porque al país le hace falta una opción de izquierda consolidada. Y esa no la representa, hoy por hoy, el PRD.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
Las narcocampañas
INSEGURIDAD
04/diciembre/2009
*Los peligros son mayúsculos
*Del financiamiento hasta el poder
Es tan grande el riesgo de las narcocampañas para el país, como urgente prender todas las alarmas para impedir el ascenso de los narcopolíticos en cualquiera de los espacios de poder y, no se diga, de llegar hasta el peligro extremo de construir un narcoEstado. Y tal riesgo está latente. No únicamente en tiempos de campañas políticas, porque la delincuencia está ganando espacios a pasos agigantados en todo momento, y comprando o coludiendo personas de todos los niveles —empresariales o del campo— y/o estratos sociales.
La infiltración de las actividades ilícitas penetra más fácilmente en una sociedad lastimada por la crisis económica. Y resentida con un gobierno que de plano los abandona, porque no plantea salidas. En el campo, los hombres, jóvenes, mujeres y niños son cooptados para la siembra en sus tierras y para la cosecha de enervantes; para el procesamiento, cuidado y vigilancia de todo lo relacionado con las drogas. En las ciudades, desde los niños que peligran dentro y fuera de las escuelas, y los jóvenes que son introducidos al consumo que deriva en dependencia, hasta aquellos adultos que son inducidos al negocio, sucio y peligroso, pero de dinero fácil.
Por las tentaciones del dinero, por la dependencia que genera el consumo de las drogas y por la falta de los apoyos del Estado con programas económicos-sociales-culturales para todas las edades, como alternativas de solución a los problemas de la vida cotidiana, es que el narcotráfico penetra las estructuras sociales. La vida social y la vida económica de los pueblos. Y la amenaza creciente: de llegar hasta el control de instancias de poder, o de espacios para la toma de decisiones en gobierno. Amenaza que crece por la corrupción y la impunidad prevalecientes que impiden enfrentar aquellos casos, tan pronto hacen acto de presencia. Máxime cuando la justicia se ejerce de manera parcial y selectiva.
Por eso, no resulta tan alarmante cuando se menciona que, a estas alturas, un número muy elevado de municipios del país están ya bajo la influencia del narcotráfico. Porque eso significa que todos los niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— no están haciendo lo suficiente tanto para resolver los problemas en la célula de la República (el municipio), como para contener dicha penetración en otras escalas.
Recuérdese como desde el mes de junio del año pasado, el asesor de Naciones Unidas, Edgardo Buscaglia, advertía cómo entre el 50 y el 60 por ciento de los gobiernos municipales en el país habían sido “capturados o feudalizados” por el narcotráfico. Y agregaba: “Los altos niveles de corrupción y delincuencia organizada sólo pueden ser sostenibles cuando los estados no gozan de niveles aceptables de gobernabilidad, entonces se dan alianzas tácticas o explícitas entre actores políticos y empresas privadas con organizaciones criminales”. Eso se da en China y Rusia. “Y no me llamaría la atención que también ocurra en México”.
Pero el problema no para ahí, porque “todos los países —advertía Buscaglia— sufren la infiltración de la delincuencia organizada, primero entran mediante relaciones personales, sobornos o extorsiones; luego feudalizan, cuando el personaje al que financian se transforma en diputado, alcalde o gobernador”… Indagatorias en varios estados de la República arrojan la conclusión de que “a escala municipal México está sufriendo una feudalización de su sistema político (además) del ámbito municipal se está yendo hacia las gubernaturas.” Y remata: El caso de Mario Villanueva no debe verse como el último.
En otras palabras, se está ante un problema de muchas y peligrosas aristas. Y el riesgo no está sólo en “las campañas”, como les ocupa en estos días a los actores políticos —incluido el presidente—; ni es un problema únicamente de los partidos. Es una amenaza para el país, como lo es en el mundo. El peligro está en sus actividades vitales para México: políticas, sociales y económicas.
Dejar de lado la miopía ayudará a mirar el problema en toda su dimensión. Para ello, es importante elaborar una propuesta con la meta de redefinir la política y replantearse la vida de la República. Esto, bajo la mira de refrendar la institucionalidad en todas las actividades relacionadas con la vida política y de gobierno. A fin de renovar la gobernabilidad dentro de marco constitucional y bajo preceptos democráticos. Eso ayudaría, de paso, a encontrar alternativas a los grades temas de fondo. También a problemas transitorios como la crisis económica y, desde luego a otros como la inseguridad que lacera y trastoca la vida social de los mexicanos.
No sirve mirar nada más el tema del financiamiento a los partidos, y lo relativo a las campañas políticas. Los cañonazos de 50 mil pesos quedaron para la historia. Por allá en los tiempos de Álvaro Obregón. Ahora las tentaciones de penetración son mayúsculas. Y con ello las amenazas para la vida política y social. Para la vida económica también.
La “compra” de funcionarios, la colusión de servidores públicos y el financiamiento de candidatos son problemas tan grandes como posibles por las monumentales cantidades de recursos que se manejan en las actividades relacionadas con el crimen organizado y con el narcotráfico. Diputados federales del PAN, PRD y PRI aseguran que de cara a las elecciones presidenciales de 2012, es necesario vigilar y transparentar los recursos de partidos políticos y sus campañas, para evitar la entrada de dinero de parte del crimen organizado. Pero ojalá y que el problema acabara en eso. Como lo refirió ayer Vidal Helgesen, el secretario general del Instituto Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral: “La penetración de la política por el crimen organizado se está convirtiendo en un fenómeno global”. Porque hace tiempo que dejó de ser local. Por la simple y sencilla razón de que el problema del narcotráfico es un tema de la descomposición del imperialismo de la globalización.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
04/diciembre/2009
*Los peligros son mayúsculos
*Del financiamiento hasta el poder
Es tan grande el riesgo de las narcocampañas para el país, como urgente prender todas las alarmas para impedir el ascenso de los narcopolíticos en cualquiera de los espacios de poder y, no se diga, de llegar hasta el peligro extremo de construir un narcoEstado. Y tal riesgo está latente. No únicamente en tiempos de campañas políticas, porque la delincuencia está ganando espacios a pasos agigantados en todo momento, y comprando o coludiendo personas de todos los niveles —empresariales o del campo— y/o estratos sociales.
La infiltración de las actividades ilícitas penetra más fácilmente en una sociedad lastimada por la crisis económica. Y resentida con un gobierno que de plano los abandona, porque no plantea salidas. En el campo, los hombres, jóvenes, mujeres y niños son cooptados para la siembra en sus tierras y para la cosecha de enervantes; para el procesamiento, cuidado y vigilancia de todo lo relacionado con las drogas. En las ciudades, desde los niños que peligran dentro y fuera de las escuelas, y los jóvenes que son introducidos al consumo que deriva en dependencia, hasta aquellos adultos que son inducidos al negocio, sucio y peligroso, pero de dinero fácil.
Por las tentaciones del dinero, por la dependencia que genera el consumo de las drogas y por la falta de los apoyos del Estado con programas económicos-sociales-culturales para todas las edades, como alternativas de solución a los problemas de la vida cotidiana, es que el narcotráfico penetra las estructuras sociales. La vida social y la vida económica de los pueblos. Y la amenaza creciente: de llegar hasta el control de instancias de poder, o de espacios para la toma de decisiones en gobierno. Amenaza que crece por la corrupción y la impunidad prevalecientes que impiden enfrentar aquellos casos, tan pronto hacen acto de presencia. Máxime cuando la justicia se ejerce de manera parcial y selectiva.
Por eso, no resulta tan alarmante cuando se menciona que, a estas alturas, un número muy elevado de municipios del país están ya bajo la influencia del narcotráfico. Porque eso significa que todos los niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— no están haciendo lo suficiente tanto para resolver los problemas en la célula de la República (el municipio), como para contener dicha penetración en otras escalas.
Recuérdese como desde el mes de junio del año pasado, el asesor de Naciones Unidas, Edgardo Buscaglia, advertía cómo entre el 50 y el 60 por ciento de los gobiernos municipales en el país habían sido “capturados o feudalizados” por el narcotráfico. Y agregaba: “Los altos niveles de corrupción y delincuencia organizada sólo pueden ser sostenibles cuando los estados no gozan de niveles aceptables de gobernabilidad, entonces se dan alianzas tácticas o explícitas entre actores políticos y empresas privadas con organizaciones criminales”. Eso se da en China y Rusia. “Y no me llamaría la atención que también ocurra en México”.
Pero el problema no para ahí, porque “todos los países —advertía Buscaglia— sufren la infiltración de la delincuencia organizada, primero entran mediante relaciones personales, sobornos o extorsiones; luego feudalizan, cuando el personaje al que financian se transforma en diputado, alcalde o gobernador”… Indagatorias en varios estados de la República arrojan la conclusión de que “a escala municipal México está sufriendo una feudalización de su sistema político (además) del ámbito municipal se está yendo hacia las gubernaturas.” Y remata: El caso de Mario Villanueva no debe verse como el último.
En otras palabras, se está ante un problema de muchas y peligrosas aristas. Y el riesgo no está sólo en “las campañas”, como les ocupa en estos días a los actores políticos —incluido el presidente—; ni es un problema únicamente de los partidos. Es una amenaza para el país, como lo es en el mundo. El peligro está en sus actividades vitales para México: políticas, sociales y económicas.
Dejar de lado la miopía ayudará a mirar el problema en toda su dimensión. Para ello, es importante elaborar una propuesta con la meta de redefinir la política y replantearse la vida de la República. Esto, bajo la mira de refrendar la institucionalidad en todas las actividades relacionadas con la vida política y de gobierno. A fin de renovar la gobernabilidad dentro de marco constitucional y bajo preceptos democráticos. Eso ayudaría, de paso, a encontrar alternativas a los grades temas de fondo. También a problemas transitorios como la crisis económica y, desde luego a otros como la inseguridad que lacera y trastoca la vida social de los mexicanos.
No sirve mirar nada más el tema del financiamiento a los partidos, y lo relativo a las campañas políticas. Los cañonazos de 50 mil pesos quedaron para la historia. Por allá en los tiempos de Álvaro Obregón. Ahora las tentaciones de penetración son mayúsculas. Y con ello las amenazas para la vida política y social. Para la vida económica también.
La “compra” de funcionarios, la colusión de servidores públicos y el financiamiento de candidatos son problemas tan grandes como posibles por las monumentales cantidades de recursos que se manejan en las actividades relacionadas con el crimen organizado y con el narcotráfico. Diputados federales del PAN, PRD y PRI aseguran que de cara a las elecciones presidenciales de 2012, es necesario vigilar y transparentar los recursos de partidos políticos y sus campañas, para evitar la entrada de dinero de parte del crimen organizado. Pero ojalá y que el problema acabara en eso. Como lo refirió ayer Vidal Helgesen, el secretario general del Instituto Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral: “La penetración de la política por el crimen organizado se está convirtiendo en un fenómeno global”. Porque hace tiempo que dejó de ser local. Por la simple y sencilla razón de que el problema del narcotráfico es un tema de la descomposición del imperialismo de la globalización.
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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
La SCJN estrena ministros
INSEGURIDAD
03/diciembre/2009
*Compromisos de los relevos
*Atender la demanda ciudadana
Una vez electos, por lo menos que no queden en promesas de campaña, como se da siempre entre los candidatos a puestos de elección popular, las propuestas de “aire fresco” que traerán —porque lo requiere— a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los recién nombrados nuevos ministros, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María Aguilar Morales.
Surgidos de las respectivas ternas para suplir a los ministros en retirada, Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel, ambos candidatos fueron votados por arriba de la mayoría calificada necesaria, por el Senado hace dos días, el martes 1 de diciembre. La suspicacia sobre nombramiento y proceso es de origen. No es ninguna novedad. Forma parte, incluso, de las fallas del procedimiento vigente. Por la simple y sencilla razón de que las “ternas” son presentadas para el análisis senatorial correspondiente —digamos que “preseleccionados”—, por el Presidente de la República en turno. En este caso, Felipe Calderón Hinojosa. Como sucede con la titularidad de otros órganos y, por ejemplo, se dio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando recién se cambió al presidente. Y queda pendiente, todavía, la designación del titular del Banco de México.
Incluso la votación del Senado que decide, depende de los acuerdos previos entre el Presidente y los partidos, o al interior de los propios partidos, y los que se dan entre los dirigentes partidistas y los candidatos. Ya sean compromisos abiertos o “bajo el agua”, los que se dan previos a la decisión legislativa de emitir el voto. En otras palabras, son los cotos de poder los que deciden, y no la elección entre los mejores del área —en este caso la lectura e interpretación constitucional—, como debería ocurrir en una democracia que avanza con causes claramente institucionales, o con una visión de Estado.
Por eso se dice, de este proceso, que ha sido el amarre entre los partidos PRI y PAN, el que se ha impuesto al elegir ministros. Incluso, que la vertiente de derecha panista es la que ha prevalecido y triunfado en el relevo de Góngora y Azuela, con los nombramientos de Zaldívar y Aguilar. Pero también se presume que son los mejores de entre las propuestas que llegaron al Senado.
Los compromisos de los dos nuevos ministros son, ciertamente importantes. Por un lado, en sendos discursos Zaldívar y Aguilar coincidieron en que la Corte no puede ignorar los reclamos reiterados de justicia de la sociedad y el evolucionar hacia el fortalecimiento y la transparencia en la rendición de cuentas para ganar legitimidad. Zaldívar, graduado de la Escuela Libre de Derecho —de donde salió también Calderón; ¿favoritismo?—, sacó una agenda de 10 puntos porque “los mexicanos queremos justicia, un reclamo añejo pero vigente, que el máximo tribunal debe proporcionar con imparcialidad, congruencia y transparencia”. Y Aguilar —consejero de la Judicatura Federal—, se dice comprometido “con una visión de Estado, basada en la norma fundamental”, dispuesto a “lo que mejor sabe hacer para ser útil a los demás”, por “toda una vida consagrada a la impartición de la justicia constitucional”.
Zaldívar se declara por otros temas, como: una actividad más intensa en la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales; no privilegiar la resolución de conflictos entre poderes; criterios y prácticas judiciales propios de un mayor acceso a la justicia constitucional; acabar con la justicia elitista, que vemos todos los días y trata de manera diferente a quienes tienen dinero y a los que no; una Corte que funde su actuación en una ética de la responsabilidad. Una Corte que se comprometa “con la austeridad y la rendición de cuentas”, algo que esperan los mexicanos de la SCJN.
Aguilar ofrece “no ignorar los reclamos de justica del pueblo mexicano”; decidir mejor sobre la protección de los derechos humanos; un “compromiso decidido con las mujeres” y actuar contra la discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros; actuar con valentía “contra la corrupción, cualquiera que sea su cara”, para “asegurar el cumplimiento de la garantía sustancial, patrimonio de todos, contenida en el Artículo 17 constitucional, que mandata una justicia pronta, completa, expedita y gratuita”. Una parte, de lo mejor que sabe hacer, “para ser útil a los demás”.
Así pues, las promesas de los dos nuevos ministros, tan indispensables de llevarse a cabo, como “abrir las ventanas de la Corte para que entre aire fresco”, como dijo Zaldívar, porque en los últimos años el máximo órgano regulador de la justicia constitucional en México se ha encargado de atender, ciertamente, los conflictos entre los otros dos poderes —Ejecutivo y Legislativo— con atinado juicio y celeridad, pero ha descuidado algunas de sus funciones.
Cumpliendo la encomienda que le asignó la reforma de 1994 donde goza de mayor autonomía, la SCJN ha contribuido, ciertamente, a bajar el “humo” a las tensiones políticas y encontrar salida pacífica a los conflictos en temas importantes de la vida política del país, pero ve más hacia arriba —hacia el poder— que hacia abajo —la sociedad—, y por lo mismo despreciando temas importantes. Algunos de los cuales que han sido mencionadas por los nuevos ministros. Como la mayor protección que la ciudadanía demanda.
Porque en la práctica nadie vela por el ciudadano, con todo y que teóricamente goza de muchos derechos conforme a la Constitución, hay una total desprotección de parte de las autoridades, sin instancia alguna que lo defienda. Quizá porque a la SCJN le hace falta, más que promesas, otra reforma para actualizar sus funciones conforme a eso: a las demandas ciudadanas.
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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
03/diciembre/2009
*Compromisos de los relevos
*Atender la demanda ciudadana
Una vez electos, por lo menos que no queden en promesas de campaña, como se da siempre entre los candidatos a puestos de elección popular, las propuestas de “aire fresco” que traerán —porque lo requiere— a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los recién nombrados nuevos ministros, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María Aguilar Morales.
Surgidos de las respectivas ternas para suplir a los ministros en retirada, Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel, ambos candidatos fueron votados por arriba de la mayoría calificada necesaria, por el Senado hace dos días, el martes 1 de diciembre. La suspicacia sobre nombramiento y proceso es de origen. No es ninguna novedad. Forma parte, incluso, de las fallas del procedimiento vigente. Por la simple y sencilla razón de que las “ternas” son presentadas para el análisis senatorial correspondiente —digamos que “preseleccionados”—, por el Presidente de la República en turno. En este caso, Felipe Calderón Hinojosa. Como sucede con la titularidad de otros órganos y, por ejemplo, se dio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando recién se cambió al presidente. Y queda pendiente, todavía, la designación del titular del Banco de México.
Incluso la votación del Senado que decide, depende de los acuerdos previos entre el Presidente y los partidos, o al interior de los propios partidos, y los que se dan entre los dirigentes partidistas y los candidatos. Ya sean compromisos abiertos o “bajo el agua”, los que se dan previos a la decisión legislativa de emitir el voto. En otras palabras, son los cotos de poder los que deciden, y no la elección entre los mejores del área —en este caso la lectura e interpretación constitucional—, como debería ocurrir en una democracia que avanza con causes claramente institucionales, o con una visión de Estado.
Por eso se dice, de este proceso, que ha sido el amarre entre los partidos PRI y PAN, el que se ha impuesto al elegir ministros. Incluso, que la vertiente de derecha panista es la que ha prevalecido y triunfado en el relevo de Góngora y Azuela, con los nombramientos de Zaldívar y Aguilar. Pero también se presume que son los mejores de entre las propuestas que llegaron al Senado.
Los compromisos de los dos nuevos ministros son, ciertamente importantes. Por un lado, en sendos discursos Zaldívar y Aguilar coincidieron en que la Corte no puede ignorar los reclamos reiterados de justicia de la sociedad y el evolucionar hacia el fortalecimiento y la transparencia en la rendición de cuentas para ganar legitimidad. Zaldívar, graduado de la Escuela Libre de Derecho —de donde salió también Calderón; ¿favoritismo?—, sacó una agenda de 10 puntos porque “los mexicanos queremos justicia, un reclamo añejo pero vigente, que el máximo tribunal debe proporcionar con imparcialidad, congruencia y transparencia”. Y Aguilar —consejero de la Judicatura Federal—, se dice comprometido “con una visión de Estado, basada en la norma fundamental”, dispuesto a “lo que mejor sabe hacer para ser útil a los demás”, por “toda una vida consagrada a la impartición de la justicia constitucional”.
Zaldívar se declara por otros temas, como: una actividad más intensa en la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales; no privilegiar la resolución de conflictos entre poderes; criterios y prácticas judiciales propios de un mayor acceso a la justicia constitucional; acabar con la justicia elitista, que vemos todos los días y trata de manera diferente a quienes tienen dinero y a los que no; una Corte que funde su actuación en una ética de la responsabilidad. Una Corte que se comprometa “con la austeridad y la rendición de cuentas”, algo que esperan los mexicanos de la SCJN.
Aguilar ofrece “no ignorar los reclamos de justica del pueblo mexicano”; decidir mejor sobre la protección de los derechos humanos; un “compromiso decidido con las mujeres” y actuar contra la discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros; actuar con valentía “contra la corrupción, cualquiera que sea su cara”, para “asegurar el cumplimiento de la garantía sustancial, patrimonio de todos, contenida en el Artículo 17 constitucional, que mandata una justicia pronta, completa, expedita y gratuita”. Una parte, de lo mejor que sabe hacer, “para ser útil a los demás”.
Así pues, las promesas de los dos nuevos ministros, tan indispensables de llevarse a cabo, como “abrir las ventanas de la Corte para que entre aire fresco”, como dijo Zaldívar, porque en los últimos años el máximo órgano regulador de la justicia constitucional en México se ha encargado de atender, ciertamente, los conflictos entre los otros dos poderes —Ejecutivo y Legislativo— con atinado juicio y celeridad, pero ha descuidado algunas de sus funciones.
Cumpliendo la encomienda que le asignó la reforma de 1994 donde goza de mayor autonomía, la SCJN ha contribuido, ciertamente, a bajar el “humo” a las tensiones políticas y encontrar salida pacífica a los conflictos en temas importantes de la vida política del país, pero ve más hacia arriba —hacia el poder— que hacia abajo —la sociedad—, y por lo mismo despreciando temas importantes. Algunos de los cuales que han sido mencionadas por los nuevos ministros. Como la mayor protección que la ciudadanía demanda.
Porque en la práctica nadie vela por el ciudadano, con todo y que teóricamente goza de muchos derechos conforme a la Constitución, hay una total desprotección de parte de las autoridades, sin instancia alguna que lo defienda. Quizá porque a la SCJN le hace falta, más que promesas, otra reforma para actualizar sus funciones conforme a eso: a las demandas ciudadanas.
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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
El riesgo de la injerencia
INSEGURIDAD
02/diciembre/2009
*Cuantiosa, la cifra de narcoasesinados
*Sin plan, peligra la seguridad nacional
Los datos no cesan. Se actualizan día con día. La estadística suma 16 mil .Son parte del recuento. No del gobierno. Sí de la sociedad civil y de los medios de comunicación. La sangre corre por las plazas del país. Chihuahua se erige, lamentablemente, como la entidad donde se da el mayor número de crímenes (34 por ciento). El origen: los narcoasesinatos, o la disputa territorial entre bandas. Otros estados también lo padecen. Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, concentran el 82.9 de ejecutados junto con Chihuahua. Panorama nada halagador.
Durante los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón, escandaliza el saldo de la declarada “guerra contra el narcotráfico”, que comenzó el 1 de diciembre de 2006 bajo la “Operación Conjunta Michoacán”, al desplegar 5 mil efectivos de las Fuerzas Armadas. Por primera vez, y con el fin de blindar, “sellar” costas y carreteras, para evitar el tráfico de enervantes en el estado; además, erradicar plantíos, instalar puestos de control, realizar cateos y ejecutar órdenes de aprehensión. Así como desmantelar puntos de venta de droga. De ahí, el operativo pasó a otros estados. Pero la violencia no para. Y la inseguridad tampoco.
Ha sido una “guerra” que llegó al escenario del país como reacción inmediata; más como un arranque del propio Calderón, que como parte de una estrategia diseñada, consensuada, planeada y con la participación de la sociedad, para combatir al crimen desde adentro. Y no actuar persiguiendo delincuentes en las calles, husmeando el rastro al estilo caricaturesco de Sherlock Holmes. Sin operaciones de inteligencia. Dejando intocable su estructura financiera, sus inversiones, transacciones, lavado de dinero, depósitos, etcétera.
Felipe Calderón había creído que puede solo, pero a estas alturas se ha dado cuenta que no, que su “guerra” ha fallado. Por eso ha llegado al colmo de sugerir a empresarios que contraten exmilitares, principalmente del exterior, para combatir a los narcotraficantes. “Tal fue la propuesta —según lo recoge el último número de Milenio Semanal— realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón, a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario sugirió contratar servicios de seguridad (privada) formados por exmilitares, de referencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar”.
El riesgo es que de ese modo se estaría “privatizando” la guerra contra el narcotráfico. Y, con eso el peligro es mayor: estaría atentando contra la seguridad nacional —con las consecuencias derivadas de ello— al contratar “mercenarios” para trabajar aquí. Según el concepto que de las llamadas Empresas para Operaciones de Paz (Peace Operation Companies), que se dedican a esas actividades, tienen la ONU y la Cruz Roja Internacional.
Sin embargo, Sascha Forst vocero de una de estas empresas, Jax Desmond Worldwide (DJW), revela en entrevista. “En este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”. Es más, Forst se defiende: JDW “no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”.
Y dice tener todo para acabar con Los Zetas, porque el gobierno no puede solo. “Es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, presume. Lo que hace falta es que si realmente quieren ayuda, empresas y ciudadanos mexicanos, “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.
Se deja entrever, incluso, que por la vía del Plan Mérida, está operando en el país uno de esos equipos mercenarios. Uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo: PMC Blackwater USA, empresa que cambió su nombre a Xe Services, por el involucramiento en tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. “La quinta columna del Ejército estadounidense” según palabras de su dueño, Erik Prince.
Se han documentado dos casos: “El de Global Risk, vinculada a la capacitación de la policía de León, Guanajuato, y Sky Coleman Co., que junto con la ahora Xe Services, fueron denunciadas en agosto de 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en Veracruz”. Lo que confirmaría el dicho de Forst, sobre “el número de autoridades que consideran oportuna esa operación”.
En otras palabras. De autorizar la privatización de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad a empresas extranjeras, no sería una más de las decisiones desmedidas del gobierno de Felipe Calderón. Se estarían abriendo las puertas para atentar desde adentro en contra de la seguridad nacional. Peor aún que se hiciera a la sombra del Plan Mérida que proyectan los Estados Unidos como programa regional, por la sumatoria de intereses que cobija.
Amén de la derrota de su guerra, el presidente Calderón estaría asumiendo su impotencia para resolver con recursos propios un problema interno. Siendo que una de sus principales metas sexenales es proporcionar seguridad a los mexicanos. Fracaso de fracasos, si no recompone la estrategia.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
02/diciembre/2009
*Cuantiosa, la cifra de narcoasesinados
*Sin plan, peligra la seguridad nacional
Los datos no cesan. Se actualizan día con día. La estadística suma 16 mil .Son parte del recuento. No del gobierno. Sí de la sociedad civil y de los medios de comunicación. La sangre corre por las plazas del país. Chihuahua se erige, lamentablemente, como la entidad donde se da el mayor número de crímenes (34 por ciento). El origen: los narcoasesinatos, o la disputa territorial entre bandas. Otros estados también lo padecen. Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, concentran el 82.9 de ejecutados junto con Chihuahua. Panorama nada halagador.
Durante los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón, escandaliza el saldo de la declarada “guerra contra el narcotráfico”, que comenzó el 1 de diciembre de 2006 bajo la “Operación Conjunta Michoacán”, al desplegar 5 mil efectivos de las Fuerzas Armadas. Por primera vez, y con el fin de blindar, “sellar” costas y carreteras, para evitar el tráfico de enervantes en el estado; además, erradicar plantíos, instalar puestos de control, realizar cateos y ejecutar órdenes de aprehensión. Así como desmantelar puntos de venta de droga. De ahí, el operativo pasó a otros estados. Pero la violencia no para. Y la inseguridad tampoco.
Ha sido una “guerra” que llegó al escenario del país como reacción inmediata; más como un arranque del propio Calderón, que como parte de una estrategia diseñada, consensuada, planeada y con la participación de la sociedad, para combatir al crimen desde adentro. Y no actuar persiguiendo delincuentes en las calles, husmeando el rastro al estilo caricaturesco de Sherlock Holmes. Sin operaciones de inteligencia. Dejando intocable su estructura financiera, sus inversiones, transacciones, lavado de dinero, depósitos, etcétera.
Felipe Calderón había creído que puede solo, pero a estas alturas se ha dado cuenta que no, que su “guerra” ha fallado. Por eso ha llegado al colmo de sugerir a empresarios que contraten exmilitares, principalmente del exterior, para combatir a los narcotraficantes. “Tal fue la propuesta —según lo recoge el último número de Milenio Semanal— realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón, a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario sugirió contratar servicios de seguridad (privada) formados por exmilitares, de referencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar”.
El riesgo es que de ese modo se estaría “privatizando” la guerra contra el narcotráfico. Y, con eso el peligro es mayor: estaría atentando contra la seguridad nacional —con las consecuencias derivadas de ello— al contratar “mercenarios” para trabajar aquí. Según el concepto que de las llamadas Empresas para Operaciones de Paz (Peace Operation Companies), que se dedican a esas actividades, tienen la ONU y la Cruz Roja Internacional.
Sin embargo, Sascha Forst vocero de una de estas empresas, Jax Desmond Worldwide (DJW), revela en entrevista. “En este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”. Es más, Forst se defiende: JDW “no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”.
Y dice tener todo para acabar con Los Zetas, porque el gobierno no puede solo. “Es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, presume. Lo que hace falta es que si realmente quieren ayuda, empresas y ciudadanos mexicanos, “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.
Se deja entrever, incluso, que por la vía del Plan Mérida, está operando en el país uno de esos equipos mercenarios. Uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo: PMC Blackwater USA, empresa que cambió su nombre a Xe Services, por el involucramiento en tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. “La quinta columna del Ejército estadounidense” según palabras de su dueño, Erik Prince.
Se han documentado dos casos: “El de Global Risk, vinculada a la capacitación de la policía de León, Guanajuato, y Sky Coleman Co., que junto con la ahora Xe Services, fueron denunciadas en agosto de 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en Veracruz”. Lo que confirmaría el dicho de Forst, sobre “el número de autoridades que consideran oportuna esa operación”.
En otras palabras. De autorizar la privatización de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad a empresas extranjeras, no sería una más de las decisiones desmedidas del gobierno de Felipe Calderón. Se estarían abriendo las puertas para atentar desde adentro en contra de la seguridad nacional. Peor aún que se hiciera a la sombra del Plan Mérida que proyectan los Estados Unidos como programa regional, por la sumatoria de intereses que cobija.
Amén de la derrota de su guerra, el presidente Calderón estaría asumiendo su impotencia para resolver con recursos propios un problema interno. Siendo que una de sus principales metas sexenales es proporcionar seguridad a los mexicanos. Fracaso de fracasos, si no recompone la estrategia.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
Honduras, el abstencionismo
INSEGURIDAD
1/diciembre/2009
*Revés para EU y Micheletti
*Complicada situación política
Amenaza creciente para la democracia continental, tras las elecciones del domingo en Honduras, ese pequeño país centroamericano y bajo el claro aval de los Estados Unidos. Pero Roberto Micheletti, como dice el dicho, en el pecado lleva la penitencia. Porque el presidente de facto de Honduras, no logrará legitimar su gobierno, y corolario que lo acompaña tras la farsa del domingo que vivió el repudio de la población.
El abstencionismo —de al menos el 65 por ciento; para el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, está entre el 65 y el 70 por ciento— fue el signo claro de que los ciudadanos de ese país rechazan a los golpistas, entre los que destacan las elites políticas y económicas, los miliares y los representantes del poder legislativo que colocaron el cetro a Roberto Micheletti hace cinco meses, luego de la expulsión de Manuel Zelaya de la presidencia por la fuerza. Todos, particularmente de, o afines a, la derecha usurpadora. Alentados, queda claro ahora más que nunca, por el gobierno de los Estados Unidos que encabeza el presidente Barack Obama, su secretaria de Estado Hillary Clinton, y el embajador Hugo Llorens. Presionados todos por la poderosa derecha estadounidense que detesta a los gobiernos progresistas en la región, considerada todavía como el “traspatio” de su país.
Micheletti había llamado a la población a votar. “No tengamos miedo, porque hay garantías de las Fuerzas Armadas, los reservistas y los policías”. Porque se habían apostado unos 16 mil militares, 14 mil policías y cinco mil reservistas, en torno a las urnas. Pero ¿de quién había de tener miedo el ciudadano al acudir a emitir su voto? Evidentemente que de nadie más que los militares agazapados en torno a los centros de votación para “garantizar” la pretendida legitimidad del inminente fraude electoral a como diera lugar, así sea por la fuerza. Como sucedió, el mismo domingo, en por lo menos la ciudad norteña de San Pedro Sula, donde ciudadanos fueron reprimidos con gases lacrimógenos lanzados por las policías.
Y por las condiciones de la elección fue es que Manuel Zelaya había hecho un llamado: “Como presidente de los hondureños, declaro este proceso ilegítimo y debe ser anulado y reprogramado en un estado de derecho”. No obstante, la gente dio machetazo al caballo de espadas, no asistiendo a emitir su voto. Deslegitimando así la intentona del gobierno de facto de aposentarse en el gobierno sin tener que restituir a Zelaya, el presidente constitucional depuesto, como fue suscrito el 30 de octubre después del retorno clandestino, la acogida en la embajada brasileña y el respaldo popular multitudinario manifiesto de sus seguidores.
Así, tras la elección del 29, entonces el panorama se descompone y complica todavía más la situación en Honduras. Está claro que ahora, pese al rechazo de la población, el gobierno de facto michelettiano y gringo darán por “buenos” los resultados, y tomarán protesta a Porfirio Lobo. Tratando así de continuar la ilegalidad desconociendo a Zelaya y seguir trastocando todavía más el orden constitucional.
Los candidatos con mayores posibilidades, participando en campaña tanto Lobo del Partido Nacional, como Elvin Santos, principal opositor —ambos de derecha—, nunca exigieron cumplir primero con el restablecimiento de la institucionalidad, como lo prometía el usurpador. Porque, ni más ni menos que ambos candidatos estarían coludidos con el gobierno en turno; por no decir títeres de aquél. No hay otra explicación.
Por eso, y porque un gobierno ilegal no puede garantizar una elección democrática, es que ni el proceso electoral ni el resultado del mismo tiene el aval de los hondureños, como tampoco de la mayoría de los gobiernos Latinoamericanos. Y cualquier intento de tomar posesión al candidato “ganador” de este proceso ilegítimo, será alentar una etapa más como consecuencia del golpe del 28 de junio que derribó a Zelaya. En otras palabras. Si no se echa abajo la elección, la situación se complicará peligrosamente. Y con ella los agravios a los hondureños por parte de los orquestadores, y a los latinoamericanos de manos de los Estados Unidos.
Con todo y que las banderas del “ganador”, Porfirio Lobo, sean las de un “gobierno de unidad nacional” o de un “gobierno de reconciliación nacional” sin exclusiones. Se olvida que no se puede reconciliar lo inconciliable de origen. Lo que nace viciado y levanta ofensas no puede erigirse en signo de unidad nacional. Ese es el caso de Porfirio Lobo, declarado ganador por el Tribunal Supremo Electoral con un 55.9 por ciento de los sufragios, toda vez que el escrutinio alcanzaba el 61.89 por ciento del total.
Por eso la mayoría de los países de la región desconocen la legitimidad del proceso electoral hondureño. Así se han pronunciado, entre tantos más, México y Brasil. Por mucho que Micheletti quiera legitimarse, y los EU también acabar con el problema y deshacerse de Zelaya, el proceso electoral de Honduras resultó un fraude más de la derecha continental, que la deja mal parada ante la demanda y el avance de la democracia en la región. Por eso sorprendió, en otro frente y con un proceso distinto, el Frente Amplio que lanzó al candidato de izquierda, José Pepe Mujica, en Uruguay, quien ganó la elección en su país también para la sucesión presidencial.
Porque la democracia camina, merced al avance y el empuje de los pueblos, y no cede fácilmente ante la presión de títeres golpistas de derecha —sean locales o externos—, es que resulta indispensable la denuncia. El repudio a procesos electorales viciados en cualquier parte que se den, es parte de la demanda de limpiar procesos para legitimar gobiernos. Y no las imposiciones de las cuales, ni siquiera en México, estamos exentos.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
1/diciembre/2009
*Revés para EU y Micheletti
*Complicada situación política
Amenaza creciente para la democracia continental, tras las elecciones del domingo en Honduras, ese pequeño país centroamericano y bajo el claro aval de los Estados Unidos. Pero Roberto Micheletti, como dice el dicho, en el pecado lleva la penitencia. Porque el presidente de facto de Honduras, no logrará legitimar su gobierno, y corolario que lo acompaña tras la farsa del domingo que vivió el repudio de la población.
El abstencionismo —de al menos el 65 por ciento; para el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, está entre el 65 y el 70 por ciento— fue el signo claro de que los ciudadanos de ese país rechazan a los golpistas, entre los que destacan las elites políticas y económicas, los miliares y los representantes del poder legislativo que colocaron el cetro a Roberto Micheletti hace cinco meses, luego de la expulsión de Manuel Zelaya de la presidencia por la fuerza. Todos, particularmente de, o afines a, la derecha usurpadora. Alentados, queda claro ahora más que nunca, por el gobierno de los Estados Unidos que encabeza el presidente Barack Obama, su secretaria de Estado Hillary Clinton, y el embajador Hugo Llorens. Presionados todos por la poderosa derecha estadounidense que detesta a los gobiernos progresistas en la región, considerada todavía como el “traspatio” de su país.
Micheletti había llamado a la población a votar. “No tengamos miedo, porque hay garantías de las Fuerzas Armadas, los reservistas y los policías”. Porque se habían apostado unos 16 mil militares, 14 mil policías y cinco mil reservistas, en torno a las urnas. Pero ¿de quién había de tener miedo el ciudadano al acudir a emitir su voto? Evidentemente que de nadie más que los militares agazapados en torno a los centros de votación para “garantizar” la pretendida legitimidad del inminente fraude electoral a como diera lugar, así sea por la fuerza. Como sucedió, el mismo domingo, en por lo menos la ciudad norteña de San Pedro Sula, donde ciudadanos fueron reprimidos con gases lacrimógenos lanzados por las policías.
Y por las condiciones de la elección fue es que Manuel Zelaya había hecho un llamado: “Como presidente de los hondureños, declaro este proceso ilegítimo y debe ser anulado y reprogramado en un estado de derecho”. No obstante, la gente dio machetazo al caballo de espadas, no asistiendo a emitir su voto. Deslegitimando así la intentona del gobierno de facto de aposentarse en el gobierno sin tener que restituir a Zelaya, el presidente constitucional depuesto, como fue suscrito el 30 de octubre después del retorno clandestino, la acogida en la embajada brasileña y el respaldo popular multitudinario manifiesto de sus seguidores.
Así, tras la elección del 29, entonces el panorama se descompone y complica todavía más la situación en Honduras. Está claro que ahora, pese al rechazo de la población, el gobierno de facto michelettiano y gringo darán por “buenos” los resultados, y tomarán protesta a Porfirio Lobo. Tratando así de continuar la ilegalidad desconociendo a Zelaya y seguir trastocando todavía más el orden constitucional.
Los candidatos con mayores posibilidades, participando en campaña tanto Lobo del Partido Nacional, como Elvin Santos, principal opositor —ambos de derecha—, nunca exigieron cumplir primero con el restablecimiento de la institucionalidad, como lo prometía el usurpador. Porque, ni más ni menos que ambos candidatos estarían coludidos con el gobierno en turno; por no decir títeres de aquél. No hay otra explicación.
Por eso, y porque un gobierno ilegal no puede garantizar una elección democrática, es que ni el proceso electoral ni el resultado del mismo tiene el aval de los hondureños, como tampoco de la mayoría de los gobiernos Latinoamericanos. Y cualquier intento de tomar posesión al candidato “ganador” de este proceso ilegítimo, será alentar una etapa más como consecuencia del golpe del 28 de junio que derribó a Zelaya. En otras palabras. Si no se echa abajo la elección, la situación se complicará peligrosamente. Y con ella los agravios a los hondureños por parte de los orquestadores, y a los latinoamericanos de manos de los Estados Unidos.
Con todo y que las banderas del “ganador”, Porfirio Lobo, sean las de un “gobierno de unidad nacional” o de un “gobierno de reconciliación nacional” sin exclusiones. Se olvida que no se puede reconciliar lo inconciliable de origen. Lo que nace viciado y levanta ofensas no puede erigirse en signo de unidad nacional. Ese es el caso de Porfirio Lobo, declarado ganador por el Tribunal Supremo Electoral con un 55.9 por ciento de los sufragios, toda vez que el escrutinio alcanzaba el 61.89 por ciento del total.
Por eso la mayoría de los países de la región desconocen la legitimidad del proceso electoral hondureño. Así se han pronunciado, entre tantos más, México y Brasil. Por mucho que Micheletti quiera legitimarse, y los EU también acabar con el problema y deshacerse de Zelaya, el proceso electoral de Honduras resultó un fraude más de la derecha continental, que la deja mal parada ante la demanda y el avance de la democracia en la región. Por eso sorprendió, en otro frente y con un proceso distinto, el Frente Amplio que lanzó al candidato de izquierda, José Pepe Mujica, en Uruguay, quien ganó la elección en su país también para la sucesión presidencial.
Porque la democracia camina, merced al avance y el empuje de los pueblos, y no cede fácilmente ante la presión de títeres golpistas de derecha —sean locales o externos—, es que resulta indispensable la denuncia. El repudio a procesos electorales viciados en cualquier parte que se den, es parte de la demanda de limpiar procesos para legitimar gobiernos. Y no las imposiciones de las cuales, ni siquiera en México, estamos exentos.
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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
A tres años de gobierno
INSEGURIDAD
30/noviembre/2009
*Calderón, ya tu tiempo que se acabó
*Compromiso, pese a la adversidad
Tiempo de balances. A tres años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cumplidos mañana, los festejos no podían faltar. Lo celebra el presidente con el gabinete legal y ampliado (y todos los amigos invitados del Estado), no con resultados —porque no los tiene— sino con un video como otra expresión más de las tantas a las que tiene acostumbrados a los mexicanos, porque cree que las cosas se resuelven con discursos desde la televisión.
Dijo Calderón ayer por la mañana en Palacio Nacional: “Estoy cumpliendo apenas tres años, y tengo toda la voluntad y el empeño y no pienso pasar, así como un Presidente más”. Antes de eso refirió los logros en materia de inseguridad. Los planteó como una acción que fortalece al Estado y debilita a los enemigos. “Libera a la sociedad”. Acota al crimen organizado y a los narcotraficantes. Porque la lucha contra la delincuencia seguirá los mismos pasos de ahora; con el Ejército en la calles.
No pregunta por los resultados del flagelo, los cuestiona. Como hicieron los gobernadores, todos, durante la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con los datos del reporte delictivo que presentó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC. Así, sólo el mismo gobierno se la cree, que la estrategia es la adecuada, para darle la seguridad que la sociedad demanda. Pero que el gobierno no atina corregir y los hombres padecen en las calles.
Calderón olvida que los problemas de un país no se resuelven con buenas intenciones: “con toda la voluntad y el empeño”. Que no bastan las declaraciones más que las acciones adecuadas, consensuadas dentro de un proyecto de nación. Un rumbo de país que ni el PAN, ni Vicente Fox ni el propio Calderón han sabido construir. Y en tres años no lo harán, porque su tiempo ya pasó. A la vuelta de dos sexenios de conservar el poder, no han mostrado resultados. Ni lo mínimo esperado por la sociedad. Porque promesas van y vienen, pero avances no los hay.
La propuesta es endeble porque, con todo y que el anuncio presidencial vaya en el sentido de “una reforma a la estructura política del país que vaya más allá de la fiscal”, para resolver las cosas de lo que se trata no es de pequeñas reformas sino de grandes cambios en el sentido de una auténtica Refundación Republicana. Pero eso no se logra sin el consenso nacional. Incluyente y necesario; donde todos los sectores de la sociedad sean escuchados. Se cuente con el apoyo de toda organización política, y no sólo partidista.
Un proyecto de nación, con todas las voces y propuestas. Una suerte de Pacto Nacional para redefinir todo lo caduco y disfuncional. Aún a costa del trastrocamiento de intereses de aquellos sectores que se sienten intocables. Con todo y que a los hombres poderosos de este país no les convenga lo que se deba hacer. Pero se tenga que emprender incluso por su bien. Tan sólo véase los ejemplos de Brasil y Chile, para no ir muy lejos. Para no ser tan radicales como Hugo Chávez, en Venezuela. Un gobierno que por algo tiene sus ventajas. Chávez muestra logros para beneficio de la gente; no de gratis mantiene el apoyo popular. No en vano está alentando propuestas, junto a otros gobiernos, para coadyuvar a resolver el atraso milenario de muchos pueblos de la América Latina. Para eso cuenta con el petróleo que la da la proyección de tipo internacional requerida. No todo anda tan mal en Venezuela, aunque la reacción local y la derecha estadounidense pronuncien lo contrario.
Pero tampoco se trata de copiar modelos, sino de crearse el propio. Con fines y medios propios. Lograr consensos al estilo español. Un modelo que no únicamente restauró la democracia después de las largas horas de la noche del franquismo, sino que rescató a la economía del ostracismo, de las bajas tasas al crecimiento. Un consenso que proyectó hacia el futuro a España, de modo que replanteó al país en el escenario europeo, como también (para mal, por cierto; una especie de reconquista, pero ahora de los mercados) latinoamericano. Pero también salió con un proyecto propio. Y ejemplos otros hay, como los países asiáticos, China e India.
Con todo y se trastoquen los intereses de todos quienes tienen las manos metidas vía los poderes fácticos. Pero para cambiar de fondo se debe modificar lo necesario para el avance democrático; incluso a los mismos partidos, porque los esquemas de representatividad ya no funcionan. Los ciudadanos han perdido el encanto. Hoy rechazan la partidocracia.
Replantear, desde luego, los lineamientos del modelo de desarrollo: la política económica y las estructuras mismas del gobierno, como el funcionamiento de todas las dependencias. Redefinir el papel del Banxico para que se convierta en promotor del desarrollo y no sólo en guardián de la inflación. Reglas para el sistema financiero. Replantearse las políticas al campo y la política social. Lejos de eso que Felipe Calderón llama su decálogo que presentó el pasado 2 de septiembre y ayer propuso retomar.
En fin. El país demanda una redefinición que ni el presidente ni el PAN saben cómo elaborar. Aparte, que no tienen otra visión que conservar el poder dentro de tres años. Olvidan que el 2012 es una elección perdida para el PAN, desde la intermedia el 6 de julio 2009, cuando el PRI le arrebató las mayorías en el Congreso. Pero si Calderón no quiere pasar “como un Presidente más”, bien puede intentar sentar las bases del cambio para la refundación de la nación. Para eso sí le quedaría tiempo. Los mexicanos se lo agradecerán. A ver si lo aprovecha, con las ventajas que da el control presidencial. Que sirvan de algo los balances.
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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.
30/noviembre/2009
*Calderón, ya tu tiempo que se acabó
*Compromiso, pese a la adversidad
Tiempo de balances. A tres años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cumplidos mañana, los festejos no podían faltar. Lo celebra el presidente con el gabinete legal y ampliado (y todos los amigos invitados del Estado), no con resultados —porque no los tiene— sino con un video como otra expresión más de las tantas a las que tiene acostumbrados a los mexicanos, porque cree que las cosas se resuelven con discursos desde la televisión.
Dijo Calderón ayer por la mañana en Palacio Nacional: “Estoy cumpliendo apenas tres años, y tengo toda la voluntad y el empeño y no pienso pasar, así como un Presidente más”. Antes de eso refirió los logros en materia de inseguridad. Los planteó como una acción que fortalece al Estado y debilita a los enemigos. “Libera a la sociedad”. Acota al crimen organizado y a los narcotraficantes. Porque la lucha contra la delincuencia seguirá los mismos pasos de ahora; con el Ejército en la calles.
No pregunta por los resultados del flagelo, los cuestiona. Como hicieron los gobernadores, todos, durante la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con los datos del reporte delictivo que presentó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC. Así, sólo el mismo gobierno se la cree, que la estrategia es la adecuada, para darle la seguridad que la sociedad demanda. Pero que el gobierno no atina corregir y los hombres padecen en las calles.
Calderón olvida que los problemas de un país no se resuelven con buenas intenciones: “con toda la voluntad y el empeño”. Que no bastan las declaraciones más que las acciones adecuadas, consensuadas dentro de un proyecto de nación. Un rumbo de país que ni el PAN, ni Vicente Fox ni el propio Calderón han sabido construir. Y en tres años no lo harán, porque su tiempo ya pasó. A la vuelta de dos sexenios de conservar el poder, no han mostrado resultados. Ni lo mínimo esperado por la sociedad. Porque promesas van y vienen, pero avances no los hay.
La propuesta es endeble porque, con todo y que el anuncio presidencial vaya en el sentido de “una reforma a la estructura política del país que vaya más allá de la fiscal”, para resolver las cosas de lo que se trata no es de pequeñas reformas sino de grandes cambios en el sentido de una auténtica Refundación Republicana. Pero eso no se logra sin el consenso nacional. Incluyente y necesario; donde todos los sectores de la sociedad sean escuchados. Se cuente con el apoyo de toda organización política, y no sólo partidista.
Un proyecto de nación, con todas las voces y propuestas. Una suerte de Pacto Nacional para redefinir todo lo caduco y disfuncional. Aún a costa del trastrocamiento de intereses de aquellos sectores que se sienten intocables. Con todo y que a los hombres poderosos de este país no les convenga lo que se deba hacer. Pero se tenga que emprender incluso por su bien. Tan sólo véase los ejemplos de Brasil y Chile, para no ir muy lejos. Para no ser tan radicales como Hugo Chávez, en Venezuela. Un gobierno que por algo tiene sus ventajas. Chávez muestra logros para beneficio de la gente; no de gratis mantiene el apoyo popular. No en vano está alentando propuestas, junto a otros gobiernos, para coadyuvar a resolver el atraso milenario de muchos pueblos de la América Latina. Para eso cuenta con el petróleo que la da la proyección de tipo internacional requerida. No todo anda tan mal en Venezuela, aunque la reacción local y la derecha estadounidense pronuncien lo contrario.
Pero tampoco se trata de copiar modelos, sino de crearse el propio. Con fines y medios propios. Lograr consensos al estilo español. Un modelo que no únicamente restauró la democracia después de las largas horas de la noche del franquismo, sino que rescató a la economía del ostracismo, de las bajas tasas al crecimiento. Un consenso que proyectó hacia el futuro a España, de modo que replanteó al país en el escenario europeo, como también (para mal, por cierto; una especie de reconquista, pero ahora de los mercados) latinoamericano. Pero también salió con un proyecto propio. Y ejemplos otros hay, como los países asiáticos, China e India.
Con todo y se trastoquen los intereses de todos quienes tienen las manos metidas vía los poderes fácticos. Pero para cambiar de fondo se debe modificar lo necesario para el avance democrático; incluso a los mismos partidos, porque los esquemas de representatividad ya no funcionan. Los ciudadanos han perdido el encanto. Hoy rechazan la partidocracia.
Replantear, desde luego, los lineamientos del modelo de desarrollo: la política económica y las estructuras mismas del gobierno, como el funcionamiento de todas las dependencias. Redefinir el papel del Banxico para que se convierta en promotor del desarrollo y no sólo en guardián de la inflación. Reglas para el sistema financiero. Replantearse las políticas al campo y la política social. Lejos de eso que Felipe Calderón llama su decálogo que presentó el pasado 2 de septiembre y ayer propuso retomar.
En fin. El país demanda una redefinición que ni el presidente ni el PAN saben cómo elaborar. Aparte, que no tienen otra visión que conservar el poder dentro de tres años. Olvidan que el 2012 es una elección perdida para el PAN, desde la intermedia el 6 de julio 2009, cuando el PRI le arrebató las mayorías en el Congreso. Pero si Calderón no quiere pasar “como un Presidente más”, bien puede intentar sentar las bases del cambio para la refundación de la nación. Para eso sí le quedaría tiempo. Los mexicanos se lo agradecerán. A ver si lo aprovecha, con las ventajas que da el control presidencial. Que sirvan de algo los balances.
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