SME-LyFC-Gobernación

INSEGURIDAD
09/diciembre/2009

*Mientras haya decreto, no hay solución
*”Notables” y huelga de hambre, fallidas

Puras largas, con una buena dosis de encrespamiento. El conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el gobierno, se le complica al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, y a todos los que andan atrás del negocio de la fibra óptica, del triple play. Pero se imponen.
La indignación por el método aplicado para “desaparecer” a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y de refilón echar a la calle a los 34 mil trabajadores sindicalizados (la agrupación más antigua y de las más combativas de México), obligan a mantener la resistencia. Amén del apoyo de otras tantas organizaciones sociales y sindicales que se han solidarizado con la lucha del SME, y de muchos ciudadanos que padecen molestos la ineptitud en la prestación del servicio en el Valle de México y estados aledaños, por parte de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hasta no hace mucho, el titular del Trabajo aparecía en público o en conferencia de prensa, sólo para mostrar desdén por las demandas laborales argumentando que, como quiera que le hagan, no hay vuelta de hoja al asunto del SME. Es más, incluso resultaron falsas las promesas de recontratación de trabajadores, una vez cobrado el finiquito —los pocos que han acudido, y bien se entiende que es por la necesidad—, han denunciado que las únicas propuestas son que inviertan su dinero en negocios tipo Oxxo, que se maneja como franquicia. El argumento del lado de la autoridad es: aquellos que han solicitado su reingreso, ahora bajo el mando de los ingenieros de CFE, no han pasado los exámenes.
Pero además, lo grave del caso es que ninguno de los argumentos plasmados en el decreto de extinción de LyFC presentado por Felipe Calderón el domingo 11 de octubre (al día siguiente del sabadazo, cuando la Policía Federal ocupó las instalaciones de la citada compañía de luz), justificaron —bueno, ni siquiera con razones menos con argumentos jurídicos; el procedimiento como tal es juicio aparte— la desaparición de la prestadora del servicio de luz en el centro del país.
Así, pese a que tanto en la forma como en el fondo, el decreto del presidente Calderón resultó violatorio de la Constitución —a criterio elemental y de muchos juristas constitucionalistas; salvo opinión contraria de muchos “empleados” serviciales al gobierno—, en su oportunidad ni los partidos ni el Congreso de la Unión dictaminaron procedente la revisión del caso. Y mucho menos, el inicio de la controversia constitucional. Legalmente esa fue la estocada que le dieron los poderes establecidos al SME. Porque sin la demanda de dicha controversia constitucional, no podía haber (como no la hubo) revisión de la Suprema Corte.
Así las cosas, y con el sabadazo aplicado por todos los poderes del Estado al SME y a favor de la extinción de LyFC, llegó la negativa de la juez. O mejor dicho el aplazamiento. La titular del Juzgado 1 de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata, aplazó la resolución sobre si otorga o no la suspensión definitiva al SME contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dictó el comunicado de prensa. Y no se ve por dónde apoye dicha juez. Pero, aunque pueda porque está entre sus facultades, no comprará el boleto porque en ello se juega el hueso.
Dos puntos más. Uno. Con todo y que los personajes son dignos de todo el respeto. El involucramiento de los “cinco notables”, suena más a tomadura de pelo que a otra cosa. A darle largas al asunto del SME. Porque la principal demanda del líder, Martín Esparza Flores —a quien la autoridad se esmera en desconocer a como dé lugar—, de sentarse a negociar con el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no dará resultado alguno. Ya se dialogaron una vez y no hubo avances. Esparza calificó de “simulación”, la reunión del 11 de octubre en la casona de Covián, con su principal inquilino. Porque el gobierno no retrocederá en el decreto, que es el motor del conflicto. Y tampoco habrá la recuperación del empleo, que es lo que demandan los electricistas.
Hay voluntad política de intervenir, por parte de las personalidades, y analizan la conformación de una posible comisión de intermediación, en tanto “escuchen a las partes”. Están el rector de la UNAM, José Narro, el director del IPN, Enrique Villa; y los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el senado, Manlio Fabio, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, respectivamente. Pero de poco servirá. Largas al asunto. No habrá solución porque no está en sus manos.
Dos. El otro tema tiene que ver con la huelga de hambre de las 10 mujeres y los 5 hombres electricistas, que lleva más de dos semanas en la esquina de Reforma e Insurgentes, en el DF. Demandan la solución del conflicto y el retorno a sus empleos. La huelga no parará —con todo y que Gobernación ya ofreció extender el servicio del IMSS a los trabajadores por un año más—, hasta en tanto “se instale la mesa de negociación con el gobierno federal”. La mera instalación no rendirá frutos.
Lo escribimos en este espacio el mismo día del decreto: el gobierno juega con fuego en este caso. Lo reconoció ayer el propio senador Carlos Navarrete. “Nuestra concepción y nuestra idea es que las cosas se están complicando mucho y este conflicto corre el riesgo de desbordamientos si no se encuentran vías transitables para todos…” Pero, a estas alturas, el apoyo desde el Senado llega más que retrasado. Por encima de todo y de todos, se impone a toda costa el negocio del triple play. Legalmente, al SME ya no le queda más que acudir a los tribunales internacionales…

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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.