El riesgo de la injerencia

INSEGURIDAD
02/diciembre/2009

*Cuantiosa, la cifra de narcoasesinados
*Sin plan, peligra la seguridad nacional

Los datos no cesan. Se actualizan día con día. La estadística suma 16 mil .Son parte del recuento. No del gobierno. Sí de la sociedad civil y de los medios de comunicación. La sangre corre por las plazas del país. Chihuahua se erige, lamentablemente, como la entidad donde se da el mayor número de crímenes (34 por ciento). El origen: los narcoasesinatos, o la disputa territorial entre bandas. Otros estados también lo padecen. Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, concentran el 82.9 de ejecutados junto con Chihuahua. Panorama nada halagador.
Durante los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón, escandaliza el saldo de la declarada “guerra contra el narcotráfico”, que comenzó el 1 de diciembre de 2006 bajo la “Operación Conjunta Michoacán”, al desplegar 5 mil efectivos de las Fuerzas Armadas. Por primera vez, y con el fin de blindar, “sellar” costas y carreteras, para evitar el tráfico de enervantes en el estado; además, erradicar plantíos, instalar puestos de control, realizar cateos y ejecutar órdenes de aprehensión. Así como desmantelar puntos de venta de droga. De ahí, el operativo pasó a otros estados. Pero la violencia no para. Y la inseguridad tampoco.
Ha sido una “guerra” que llegó al escenario del país como reacción inmediata; más como un arranque del propio Calderón, que como parte de una estrategia diseñada, consensuada, planeada y con la participación de la sociedad, para combatir al crimen desde adentro. Y no actuar persiguiendo delincuentes en las calles, husmeando el rastro al estilo caricaturesco de Sherlock Holmes. Sin operaciones de inteligencia. Dejando intocable su estructura financiera, sus inversiones, transacciones, lavado de dinero, depósitos, etcétera.
Felipe Calderón había creído que puede solo, pero a estas alturas se ha dado cuenta que no, que su “guerra” ha fallado. Por eso ha llegado al colmo de sugerir a empresarios que contraten exmilitares, principalmente del exterior, para combatir a los narcotraficantes. “Tal fue la propuesta —según lo recoge el último número de Milenio Semanal— realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón, a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario sugirió contratar servicios de seguridad (privada) formados por exmilitares, de referencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar”.
El riesgo es que de ese modo se estaría “privatizando” la guerra contra el narcotráfico. Y, con eso el peligro es mayor: estaría atentando contra la seguridad nacional —con las consecuencias derivadas de ello— al contratar “mercenarios” para trabajar aquí. Según el concepto que de las llamadas Empresas para Operaciones de Paz (Peace Operation Companies), que se dedican a esas actividades, tienen la ONU y la Cruz Roja Internacional.
Sin embargo, Sascha Forst vocero de una de estas empresas, Jax Desmond Worldwide (DJW), revela en entrevista. “En este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”. Es más, Forst se defiende: JDW “no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”.
Y dice tener todo para acabar con Los Zetas, porque el gobierno no puede solo. “Es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, presume. Lo que hace falta es que si realmente quieren ayuda, empresas y ciudadanos mexicanos, “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.
Se deja entrever, incluso, que por la vía del Plan Mérida, está operando en el país uno de esos equipos mercenarios. Uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo: PMC Blackwater USA, empresa que cambió su nombre a Xe Services, por el involucramiento en tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. “La quinta columna del Ejército estadounidense” según palabras de su dueño, Erik Prince.
Se han documentado dos casos: “El de Global Risk, vinculada a la capacitación de la policía de León, Guanajuato, y Sky Coleman Co., que junto con la ahora Xe Services, fueron denunciadas en agosto de 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en Veracruz”. Lo que confirmaría el dicho de Forst, sobre “el número de autoridades que consideran oportuna esa operación”.
En otras palabras. De autorizar la privatización de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad a empresas extranjeras, no sería una más de las decisiones desmedidas del gobierno de Felipe Calderón. Se estarían abriendo las puertas para atentar desde adentro en contra de la seguridad nacional. Peor aún que se hiciera a la sombra del Plan Mérida que proyectan los Estados Unidos como programa regional, por la sumatoria de intereses que cobija.
Amén de la derrota de su guerra, el presidente Calderón estaría asumiendo su impotencia para resolver con recursos propios un problema interno. Siendo que una de sus principales metas sexenales es proporcionar seguridad a los mexicanos. Fracaso de fracasos, si no recompone la estrategia.

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Correo: sgb33@hotmail.com, blog: http://lavidaespoesa.blogspot.com.
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.