Apostarle al desgaste del SME

INSEGURIDAD
13/noviembre/2009

*Falsas justificaciones, en pie
*Avanzan las liquidaciones

Resulta que aún ahora el gobierno de Felipe Calderón, su titular de Gobernación Fernando Gómez Mont, de Hacienda Agustín Carstens, de Economía Gerardo Ruiz Mateos y el secretario del Trabajo, Javier Lozano —y todos los empresarios que rondan atrás del negocio de la fibra óptica, y esperan para ir tras el jugoso mercado que representa el centro del país—, le siguen apostando al uso permanente de la fuerza y a la arbitrariedad para imponer su ley, y seguir por la ruta de privatizar el sector eléctrico por la utilidad descubierta en materia de telecomunicaciones para el servicio del triple play.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, a todas luces anticonstitucional del 11 de octubre emitido por el presidente Calderón, dio por terminada a la empresa y lanzó a la calle a los más de 40 mil empleados de la hasta entonces prestadora del servicio de luz para la zona centro del país, que comprende el DF, municipios del Edomex, Hidalgo, Morelos y Puebla.
Los argumentos sobre la situación financiera, ofrecidos como justificación fueron manipulados. Que de no (ejercer el uso de la fuerza para) tomar las instalaciones de LyFC, se dijo, durante esta administración se habrían transferido recursos por más de 300 mil millones de pesos. O tan sólo durante 2009, por casi 42 mil millones, equiparable a los fondos del programa Oportunidades que se “utiliza” para el combate a la pobreza. Pero eran únicamente 41 mil 345 millones de pesos; en tanto para la Comisión Federal de Electricidad son 76 mil 785 millones.
Pero no sólo eso. El alto monto de los subsidios se debía a que en tanto LyFC cobraba en 1.42 pesos el kilowatt-hora, la CFE a 1.18 pesos. Es decir, que la Comisión vendía a LyFC un 15 por ciento más cara la luz del valor de mercado, lo que a su vez amarraba cualquier posible aumento de recuperación con la venta a precios controlados. De ahí los levados montos en subsidios.
Las pérdidas por robo de energía, otro de los argumentos del decretazo, no consideran que en CFE se pierden 26 mil 968 millones de pesos; sólo que en LyFC el robo era equivalente al 32.49 porcentual, con 16 mil 476 millones de pesos anuales. Y los derechos laborales en jubilación, que hacían insostenible que los retirados percibieran 3.3 veces el salario conforme al contrato colectivo de trabajo en LyFC, representaban casi 240 mil millones de pesos. Pero en CFE hay un mayor número de jubilaciones, con un monto también por 209 mil 989 millones de pesos. Sin mencionar las entidades y particulares que no pagan por el servicio. Eso es un asunto todavía irresuelto.
Y en materia de productividad, los trabajadores de LyFC cumplieron en un 93.8 porcentual, según datos corroborados por la Secretaría de la Función Pública, de los valores suscritos en el Convenio de Productividad 2008-2012. Pero nada vale. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer resolvió improcedente la solicitud de Martín Esparza, sobre la creación de una comisión especial que investigue —como se hizo en los casos de Atenco, guardería ABC y conflicto en Oaxaca— las violaciones cometidas con el decreto de extinción de LyFC.
Y el mismo martes 10, en voz del ministro José Ramón Cossío, la SCJN descartó la solicitud de controversia promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra del presidente Calderón. Con esto, ahora el único recurso que le queda al SME es que un juez decrete favorable el juicio de amparo que podría resolverse —su procedencia o no— en unos días (el 24 de noviembre), por parte de la juez Guillermina Coutiño Mata.
Por eso, el gobierno le sigue apostando al desgaste, en por lo menos dos sentidos: 1) que presionados por la necesidad de ingreso, la mayoría de trabajadores de LyFC acudan a cobrar la liquidación ofrecida; dice Lozano que ya es el 54.2 por ciento del total, o 24 mil 149 extrabajadores, y 2) a que la sola presencia en las calles con las marchas, mítines y manifestaciones, el movimiento sindical que encabeza Martín Esparza gane el repudio (¡con su venia, señora televisión!) y con ello pierda respaldo social. Pero juega con fuego, porque se olvida que la CFE no ha podido resolver los problemas del suministro en los terrenos del otrora SME.
Y no se hace eco en los medios para aparentar que todo anda bien con el suministro. Pero tan sólo los recortes de los últimos días, han afectado diversas colonias del Distrito Federal. Así en Coyoacán son11 las afectadas, y en Benito Juárez (4), Cuauhtémoc (3), Iztacalco (2), Migue Hidalgo (3), Milpa Alta (1), Xochimilco (1), Tlalpan (2), Magdalena Contreras (1), Iztapalapa (1), Álvaro Obregón (2), G. A. Madero (1). En varios municipios del Estado de México las fallas han sido frecuentes. En Atizapán (Las Arboledas, Mayorazgos, Benito Juárez, Pirules), el Tlalnepantla (Valle Dorado), Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Toluca (Juan H. Albarrán, San Buenaventura), Xonacatlán (Sta. María Zolotepec), Huehuetoca (San Antón, Lomas de San Antón), Tepotzotlán y Huixquilucan. Y tan sólo por las afectaciones en el suministro, los ciudadanos estarán prestos al apoyo.
Mientras tanto, la movilización del miércoles fue amplia. Pero ahora el gobierno denuncia violencia y arbitrariedades. Y algunos medios denuncian la conservación de los privilegios en el SME. Se olvida no sólo que la privatización del sector es un hecho; que irá a manos externas y esos son los verdaderos privilegios que se protegen. También que es urgente un pacto social para cambiar a este país, como lo adelantó el SME.
Porque es, precisamente, desde el poder que se hace todo lo posible para violentar el orden social. Con la represión, todo el peso de la ley (arbitraria) y la condena dirigida desde los medios masivos de comunicación para tratar de justificar lo injustificable. Y no al revés. Porque las personas tienen el derecho a defender su fuente de trabajo, más cuando se trata de apropiarse una riqueza que, si bien es manejada por el Estado, tiene un origen social y ese debe ser su fin. Más no para otorgarla a intereses privados.
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(*) Sociólogo. Exdirector de El Día.