Responsabilidad de Ulises Ruiz

IN-SEGURIDAD
19 de octubre de 2009

*Omisión, en hechos violentos 2006-2007
*Señalamientos de la SCJN exoneran a Fox

Es verdad, como ha dicho el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto magisterial, social y político, ocurrido entre el 1 de mayo del 2006 y enero de 2007, “no tiene efectos vinculatorios” y por ello no va a dejar el cargo.
Es cierto también que la opinión de la Corte no lo obliga a nada, renunciar entre otras cosas, pero al menos sí lo señala como el principal responsable y le resta calidad moral. Lo que vendría después, en un país con un mínimo de ejercicio democrático de la justicia y del equilibrio de los poderes, sería que desde el Congreso de la Unión se desaforara a Ulises, se le sometiera a investigación y un juez dictaminara las responsabilidades y castigo correspondientes.
Pero no va a ocurrir así. Vivimos en un país de contubernio e impunidad, donde las autoridades —electas, y como tales “servidores públicos”; para servir y no para “servirse” del poder tras una elección— se colocan por encima de las leyes. Lo menos es que no son sujetos de responsabilidad alguna, porque los poderes judiciales de igual forma obedecen a intereses del gobernante en turno —figura del todavía heredado “cacique” o “jefe máximo”, que no del “tlatoani” cuya figura está revestida de sinrazones “modernas”—, como en este caso, e infringen sin rubor la ley.
No sólo eso. Ocurre que en el caso de Ulises Ruiz, para proceder el desafuero como debiera esperarse en este caso, por las flagrantes violaciones ocurridas durante el conflicto de la capital del estado donde también participó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), hubo oaxaqueños muertos —no se olvida que entre los cuatro baleados el 28 de octubre de ese año, cayeron además del periodista de EU, Bradley Ronald Will, el maestro Emilio Alonso Fabián—, cacería de militantes e injustificado encierro de liderazgos —como el de Flavio Sosa, y más en diversas cárceles—, entre otras linduras a manos del gobernador, el principal denostado e impugnado por las movilizaciones.
Ya desde entonces se pedía su renuncia (de Ulises), por su negativa a reconocer las demandas laborales y salariales de los maestros de la sección 22 del SNTE. Un problema que pudo definirse pronto, pero desbordó (lo dejaron crecer todos, entre ellos la propia líder del sindicato, Elba Esther Gordillo) al grado de “papa caliente” y resolver sólo por la vía de la represión, con el uso de las fuerzas policiacas locales, las Policías Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Ahora, para desaforar a Ulises se requiere del aval de su partido, el Revolucionario Institucional, y eso no va a ocurrir. Sucede que la lideresa Beatriz Paredes ha dado el clásico espaldarazo al gobernador. Nada más ha dicho que el PRI apoyará el resolutivo del congreso local. Y los diputados estatales, pese a lo cuestionado que están por el abstencionismo de la elección de agosto de 2007, son totalmente favorables al gobernador. También el coordinador del PRI en San Lázaro, Francisco Rojas, ha declarado: “Evidentemente el gobernador de Oaxaca tiene la solidaridad de nuestra fracción y estoy seguro de que también todos los priistas”. Y sin el PRI no hay desafuero.
Y si los priistas protegieron a Ulises en el pasado durante el problema, principalmente por no ceder a la débil presión del entonces presidente Vicente Fox (quien por cierto fueron exonerados él y su gabinete por la Corte por esto), lo mismo harán ahora. Porque vivimos en el país del encubrimiento, de la protección de los unos por los otros. Máxime estando tan seguros, los priistas, de ganar en la próxima elección del 5 de julio de 2010, con todo y la anunciada alianza entre panistas y los perredistas para quitarle el control al PRI. Un elemento más para Ulises Ruiz, de seguir impune.
No importa que la SCJN haya determinado que el gobernador de Oaxaca es responsable por omisión de la violación grave de las garantías individuales durante el conflicto. Tampoco garantizó la paz social ni cuidó el orden público; al contrario, se violaron los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal y a la vida. Además que se violentaron las garantías a la libertad, y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento, expresión, de educación, de propiedad, a la paz y al acceso a la información. Es el “desorden generalizado” y la “afectación a los derechos humanos”, a que se refirió el magistrado presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, hace unos días durante sesión de la SCJN.
Corolario de violaciones por las cuales el principal responsable del resguardo de tales derechos era, precisamente el gobernador Ulises. Pero igualmente fueron señalados otros funcionarios oaxaqueños, como el director general de seguridad estatal, José Manuel Vera Salinas, el director de la policía ministerial, José Moreno Rivas; y de la policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.
Pero estamos en el país donde no pasa nada. No se enjuicia al Presidente en turno por mucho que violente la Constitución, tampoco autoridades menores aunque juramenten el cumplimiento del cargo.
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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.