Malabarismo de Calderón

IN-SEGURIDAD
17 de octubre de 2009

*Las contradicciones con LyFC
*Fin que no justifica los medios

El gobierno de Felipe Calderón le hace al malabarista, jugando con fuego con el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la extinción por decreto del 11 de octubre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que administraba el servicio para unas 20 o 22 millones de personas del centro del país.
No ven, ni el presidente mexicano ni sus secretarios de Energía, de CFE, del Trabajo, de Gobernación y de Hacienda, que lanzar a la calle a 44 mil trabajadores no sólo no resuelve el problema de acabar con el “desfalco” que representa la transferencia de recursos federales a LyFC, sino que se echará encima a los ciudadanos que requieren del servicio. Y que en el momento de las fallas del suministro de luz, donde sea del Edomex, Morelos, Puebla, Pachuca o Toluca, la gente seguirá manifestándose en la calles como mejor la plazca. Cerrando la circulación hasta de carreteras, como ocurrió ya con la toma de la México-Toluca, el pasado 14 de octubre por vecinos de la comunidad de Salazar —aproximadamente unos 5 mil habitantes—, causando una fila de autotransportes de al menos dos kilómetros.
El titular de Hacienda, Agustín Carstens le apuesta a que los ofrecimientos millonarios puestos sobre la mesa a los trabajadores del SME, sean un imán para que la mayoría se acerque a recibir una liquidación y recontratarlos. Pero ahora bajo otras condiciones laborales alejadas del Contrato Colectivo vigente hasta el día del golpe de timón.
Al igual que el secretario del Trabajo, Javier Lozano confía en que, si a tan sólo dos días del ofrecimiento del pastel, acudieron a firmar aceptando los montos de liquidación ofrecidos, al menos mil 405 trabajadores; entonces, en el plazo fijado al 14 de noviembre, el total de los trabajadores habrán recibido su liquidación correspondiente.
Los responsables de Energía, Georgina Kessel, como el de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayub, confían en que la medida decretada por el presidente Calderón sea acertada, porque para la funcionaria, el SME incumplió con el acuerdo firmado de mejorar la productividad y, al contrario de avanzar, se había convertido en una traba para abrir nuevos negocios por no prestar el servicio de conexión. Y para el titular de CFE, el servicio está garantizado porque el “parecido” de la Ciudad de México con Guadalajara, les permitirá resolver sin problemas el servicio en el centro del país.
El caso es que, si los ingenieros de la Comisión están bien preparados, por qué el propio gobierno está tan urgido de que los mismos empleados de LyFC se apresuren a cobrar sus finiquitos para ser recontratados. Es decir, eran o no un problema los trabajadores, ¿por qué la contradicción de liquidarlos para luego readmitirlos en los centros de trabajo? Si, como dicen Ayub y Kessel, el servicio está garantizado, pero los trabajadores incumplían con las metas de productividad, ¿para que los quieren de retorno? Y no porque no les den empleo, desde luego que no, porque hay un presidente del empleo. Pero las contradicciones están fincadas desde el propio gobierno.
Otra más. El gobierno de Felipe Calderón alude el problema económico, como base y fundamento del decreto de extinción de LyFC. Las transferencias presupuestarias son elevadas, porque del 2001 al 2008 aumentaron en más de 200 por ciento, para el orden de 41 mil 945 millones de pesos en este 2009. Los ingresos por ventas, entre 2003 y 2008, por 235 mil 738 millones de pesos, contra los 433 mil 290 millones de costo el mismo periodo. Que el pasivo laboral es por 240 millones, de los cuales 160 millones son de jubilados. Esto último es, ¿acaso, porque lo que pretende el gobierno es descobijar al pensionado? Librarse de él; pero ¿qué será de tantos?
También, alude el decreto, que la pérdida de energía era excesiva; de caso tres veces la de CFE. A junio de 2009 perdió 30.6 por ciento, contra el 10.9 de la CFE. En 2008 el desfalco fue del orden de 32.5 por ciento, para un valor de 25 millones de pesos; el 52 por ciento de los ingresos.
Lo que no dice el decreto de Calderón, es que si bien en 2008 LyFC vendió 48 mil millones de pesos, a CFE le pagó 56.6 millones de pesos por la energía que le compró; es decir, 8.6 mil millones de pesos más, porque la energía se le vende más cara de lo que se cobra al consumidor.
Pero okey. Si estas fueron las razones para liquidar LyFC, ¿por qué el gobierno no asume su parte? ¿Por qué cargar sólo la responsabilidad a los trabajadores? Perseguir a quienes roban la luz no es responsabilidad ni de LyFC ni del SME. Pero además no se han otorgado los cables blindados tantas veces solicitados por el SME para evitar los robos. ¿Por qué no se admite que gran parte de las pérdidas señaladas están en muchas dependencias que no pagan su consumo?
Pero no sólo eso, por qué ocultar que detrás de la desaparición de LyFC están los intereses privados mexicanos y españoles, para “modernizar” el servicio para el triple play (voz, banda ancha y televisión)? Porque no les conviene.
Entre tanto, a las protestas de los 44 mil trabajadores del SME, el gobierno debe sumar el descontento cuando el desabasto siga haciendo cortocircuito en las casas, las colonias, los pueblos, las ciudades. Ya se vio el apoyo generalizado en la marcha convocada en la ciudad de México por el SME. Por eso es que Calderón juega con fuego en este conflicto. Un fin que no se justifica.
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(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.