Tras el negocio de la fibra

IN-SEGURIDAD
28/octubre/2009

*Las licitaciones, a la orden del día
*Hay elementos contra el decretazo

¡Que no nos vengan con cuentos! Está comprobado ya, por los anuncios tanto de la Secretaría de Energía (Sener), como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que el principal argumento del decretazo del pasado 11 de octubre de Felipe Calderón para desaparecer la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y de paso golpear a la más antigua organización de trabajadores, el Sindicato Mexicanos de Electricistas (SME), más que justificado resultó un burdo pretexto.
Se trata del millonario negocio del triple play, la transmisión de voz, imagen y datos, por la tecnología de la fibra óptica. Y son los mil 100 kilómetros (sólo de la región central del país) de ese sistema, moderno para las telecomunicaciones y el internet, la causa del arrebato. Es lo que asoma tras el golpe de facto presidencial a la otrora empresa del Estado.
¿Qué más da que el negocio de las telecomunicaciones lo manejara la propia LyFC (y no, como se dijo en algún momento, que quien lo pidió fue el SME; solicitud del 30 de junio de la empresa a SCT), frente a otros prestadores del servicio, como la monopólica Televisa, y el prestanombres Carlos Slim que maneja Telmex, o la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE)? Pero no.
Porque es mejor apropiarse de los bienes públicos para pasarlos a manos de particulares. Y es mejor beneficiar a los “amigos” empresarios, o a las empresas de los amigos de la derecha española (ávida de la reconquista financiera, como lo está haciendo con sus bancos en toda Latinoamérica, y México como su bastión principal), que a una empresa pública todavía en manos del Estado, de las que casi ya no existen porque las mejores se han privatizado desde los tiempos de Miguel de la Madrid dixit para acá.
Abiertamente se sabe que son los españoles de WL Comunicaciones, quienes andan mosqueando, socios de los exoperadores foxistas, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond. Ya el líder de los trabajadores del SME, Martín Esparza, ha dicho que le hará llegar al Congreso las carpetas con los documentos de carácter público, donde constan los convenios entre el gobierno y la citada empresa como los próximos beneficiarios.
El primero, que data del 23 de agosto de 2005, celebrado entre LyFC y WLCOM para arrendamiento de infraestructura con espacio para colocar cable de fibra óptica en 312 kilómetros en postes y torres y 13.11 km en ductos subterráneos. Sin efecto, no obstante, por las reformas a la Ley Federal de Derechos de enero 2007. En diciembre de 2007 se modificó el convenio pero por incumplimiento de WLCOM, se rescindió en agosto de 2009. Con todo y que el argumento es que en ningún momento se contemplaba la entrega de fibra óptica, sino sólo “ciertas fibras”. Pero las dudas se disiparán con la documentación que entregue Esparza. Más lo que falta.
Pero al negocio le atiza el fuego. Y arranca más pronto que tarde. Todos andan acelerados. El gobierno que asegura estar desbaratando al SME, porque ya son miles los “ex” trabajadores que han cobrado su liquidación —y de inmediato serán recontratados; bajo nuevas condiciones laborales y sin los beneficios del sindicalismo, claro— y la CFE, que está urgida de ofertar sus redes para el negociazo de la fibra óptica.
Así, es a través de la SCT que se anunció ya la licitación del cableado, de los miles del tendido nacional, pero es claro que van tras el Valle de México, donde prestaba sus servicios el SME a través de LyFC. Cualquiera comprende que una red nacional concesionada, como la que está ofertando con toda urgencia la SCT, no operaría completa ni eficientemente sin estar conectada al centro del país. El ombligo de la actividad económica y política nacional. El área que atendía LyFC, y comprende los estados de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal. Por eso andan tan aprisa, prestos a comenzar ya.
Así lo dio a conocer apenas la subsecretaria de la propia SCT, Gabriela Hernández. Dijo que las “prebases” están a consideración de todos los interesados. Se trata de licitar “tres rutas de fibra óptica por un total de 21 mil 386 kilómetros”, por un periodo de 20 años y con el 49 por ciento de capital privado. Las tres rutas corresponden a las regiones Pacífico, Centro y Golfo. Por ahora.
La licitación será en este mes y ya en enero de 2010 se estará otorgando la red, lista para las “inversiones” que crearán los “empleos” que le debe el “presidente del empleo” a los mexicanos. Faltaba más. Así de rápido. Es como resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos, el estilo de Vicente Fox, el antecesor de Calderón.
Por eso es que hay elementos para tirar por la borda el decreto del presidente Felipe Calderón, porque significa un atropello contra los mexicanos, contra el sindicato de electricistas, contra las leyes de este país por los errores de procedimiento, y porque esconce el auténtico interés: el de la privatización de un servicio público para la explotación a manos de particulares, sin importar el posible beneficio para los usuarios.
El PRI en el Congreso debe repensar su falta de apoya a la controversia constitucional contra el decreto. Con su negativa cargará el costo político del aumento a los precios del servicio. Ebrard deberá repensar también, para no sólo enviar a un “observador” sino apoyar la lucha del SME. La falta de solidaridad de ambos, PRI y Jefe de Gobierno, les traerá consecuencias. El decreto es a todas luces anticonstitucional; el negocio del triple play multimillonario. Pero la empresa LyFC es del Estado, no del gobierno de Felipe Calderón.
__
Correos: sgb33@hotmail.com, sglezbriceo@gmail.com
(*) Sociólogo. Exdirector del periódico El Día.