Alianza ciudadana vs. la inseguridad

SEGURIDAD
12/noviembre/2009

*Las fallas del gobierno de Felipe Calderón
*La inclusión de las ONG contra el crimen

Está claro que no habrá superación del problema de la inseguridad que irrumpe la paz social en cada rincón del país, sin la autoinclusión y la presión ciudadana y una participación comprometida —crítica, objetiva y veraz— de los medios de comunicación. Será sólo bajo las propuestas de la sociedad organizada que la delincuencia, en las modalidades de crimen organizado y narcotráfico, pueda contenerse para luego eliminarse.
¿Por qué no será de otra manera? Porque si bien el Estado, en el marco del derecho, es el principal responsable de otorgar seguridad a la sociedad, la misma no se conseguirá por todas las ineficiencias que está mostrando el gobierno en el combate “desorganizado” a los actores que la generan.
Con todo y que el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón, presume cotidianamente en espot de radio y Tv, ir ganando la batalla ofreciendo datos sobre los delincuentes detenidos, la cantidad de droga incautada y el número de bandas del secuestro desarticuladas, está claro que la guerra “declarada” la perderá de aquí a cuando intente ponerle fin o se vaya de la silla presidencial. Eso sí. Ni siquiera la cantidad de sangre derramada —ya sea por la pugna entre las bandas de criminales, los militares caídos o por los inocentes e incautos que han sido víctimas también— justifica los números que se exhiben, como tampoco es una muestra de triunfo al final del túnel.
Ocurre así, porque la estrategia es fallida. Y sin un plan de largo alcance, no habrá táctica que funcione. Ya lo reconoció ayer mismo el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, al concluir el foro “Ciudadanía y medios: acción conjunta”, que se llevó a cabo en Veracruz, organizado por la Asociación Nacional de Consejeros de Participación Cívica, de Marcos Fastlich.
“Si las estrategias —dijo el procurador— contra la delincuencia fallan, es necesario pensar en alternativas orgánicas y funcionales que permitan alcanzar resultados, e incluso sería necesario promover cambios legislativos”. Y agregó: “Hoy se enfrenta (el gobierno, claro, porque es su responsabilidad) el reto de renovar el sistema de seguridad y justicia y generar condiciones de paz, certeza, seguridad jurídica, prosperidad y justicia para todos. La inseguridad afecta, indudablemente, la calidad de vida de los ciudadanos, limita el desarrollo, destruye el capital social y significa una carga especialmente onerosa para los que menos tienen”.
Una parte de los retos que tiene enfrente el aparato gubernamental, como la PGR, encargado de proporcionar la seguridad que la sociedad demanda. Así lo admite el procurador: “Es irrenunciable la tarea de las instancias del Estado en la lucha contra el delito”. Pero el gobierno no puede ni debe olvidar su compromiso, razón por la cual está en tiempo para rectificar una estrategia. Al menos por ahora, en voz de la misma PGR, el gobierno admite la posibilidad de la derrota, por “si las estrategias fallan…”.
En el mismo sentido lo señaló el organizador del Congreso, el señor Fastlich. “Encomiamos” las medidas del presidente Calderón, junto con su gabinete, “hemos observado importantes avances y resultados significativos, pero aún son insuficientes”. Porque “en materia de seguridad ningún avance ha sido suficiente, de hecho la seguridad pública es desde hace tiempo una preocupación”.
Fenómeno multifactorial, en su impotencia el gobierno reconoce ahora que es “necesaria e indispensable la participación ciudadana”. “Porque es una de las claves con las que se cuenta para mirar con esperanza el futuro, porque la fuerza de la sociedad organizada es capaz de derribar los obstáculos más difíciles”, admite Chávez Chávez. Pero también se debe reconocer que no necesariamente el gobierno debe esperar que la sociedad civil se someta a los designios del Estado, sino todo lo contrario. Porque eso impulsará una estrategia viable para que la sociedad coadyuve en las tareas.
En otras palabras. La sociedad civil no está sólo para “denunciar”. Con todo y el portal “Somos más, no te dejes”. No. A la sociedad le toca señalar los males que atañen a la inoperancia del Estado, y a sus operadores. Para comenzar, el gobierno debe admitir que con el Ejército no ganará la batalla. Las Fuerzas Armadas son una institución digna del rescate, pero no sirve para combatir el narcotráfico. Calderón no admite eso y se empecina en mantenerlo en las calles.
Es cierto también que, para armar la estrategia de largo plazo, sociedad civil organizada y los medios de comunicación deben convocar los especialistas del tema y a los investigadores de las universidades. Así como a todas aquellas organizaciones dispuestas, para presionar al gobierno y poder legislativo a tomar las medidas pertinentes. Comenzando por la corrupción y las impunidades, ampliamente enraizadas. Porque gran parte del éxito del crimen organizado radica en la infiltración de las estructuras de gobierno, cuando no son los ocupantes de los puestos públicos.
El gobierno tiene que comenzar por limpiar la propia casa. A los medios les corresponde informar con objetividad y claridad sobre los avances. Hay muchos diagnósticos. Muy poca voluntad política de muchos implicados por la red de negocios que implica el tema. Contra eso tienen que competir los aliados naturales: sociedad civil y medios de comunicación. Por eso resulta improbable la colaboración incondicional al Estado. Todo lo contrario.
Mientras tanto, vale el avance del Congreso Nacional que concluyó ayer en Veracruz, con la firma de los 20 puntos de la “Carta Boca del Río”, suscrita entre autoridades federales, estatales, ONG y algunos medios de comunicación.
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*) Sociólogo. Exdirector de El Día.