SCJN, IMSS y ABC

INSEGURIDAD
03/marzo/2010

*Molinar y Bours, entre los responsables
*El informe preliminar de la Comisión

Preliminar, pero contundente. Lento pero preciso. Así resulta el informe de la Comisión Especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitido apenas sobre el tema de las guarderías a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el país, con especial énfasis en la guardería ABC de Hermosillo, en el estado de Sonora. Lugar en donde se registró el incendio que provocó la muerte lamentable de los 49 niños y los otros 75 que resultaron lesionados, el pasado 5 de junio de 2009.
La imputación de violaciones graves, aunque no tenga carácter vinculante, es clara: entre las 19 autoridades federales responsables y locales, por el incendio en ABC, están los dos exfuncionarios de más alto rango en este caso: los otrora gobernador del estado, Eduardo Bours Castelo, y el anterior director de la institución de seguridad del Estado (el IMSS), Juan Molinar Horcasitas (el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes).
Por comisión, el primero —por los intereses familiares que están (¿o estaban?) de por medio—; por omisión, el segundo —por no revisar la normatividad de operación de dichas guarderías y hacer las modificaciones legales pertinentes—. El caso es que ambos tienen su parte, de acuerdo con este informe de la Corte elaborado exprofeso para determinar los grados de responsabilidad de todos los involucrados.
Cierto que a los principales afectados, los padres de los hoy pequeños occisos organizados en el “Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio”, ninguna investigación de la SCJN u otra instancia los dejará satisfechos. Porque nada podrá hacer, siquiera una sentencia, para devolverles a sus hijos. Eso es entendible. Pero su lucha desde el día del accidente a la fecha está obteniendo resultados, a pesar de las afrentas del camino y a la negligencia con la que se han topado desde entonces.
Pero lo de la Corte es un logro importante. Claro que es el pozo que se tapa después del niño ahogado. Pero es un avance el que se hayan señalado responsables. Eso, de entrada, cambiará la normatividad. Es lo menos que la sociedad en su conjunto, indignada por el caso de la ABC, espera. Y el castigo, en su caso, de los involucrados cuando, en su momento, se concluyan las investigaciones, se tenga el resultado final de la propia SCJN en el dictamen (cuya responsabilidad recae en el ministro Fernando Franco González Salas) y se proceda conforme a derecho. O, como esperan los mismos padres: que el veredicto final sobre el caso resuelva que sí se cometieron violaciones a las garantías individuales de los niños y de sus familias. Y que por eso haya castigo.
La calificación que está recibiendo el IMSS, por un lado; es decir, la implicación de los operadores de ese sistema. Y el mecanismo de subrogación, o del otorgamiento de licencias a las guarderías que ahora están en cuestión, y son el fruto del contubernio o del nepotismo, por el otro lado. Porque, sencillamente, “los contratos de prestación de servicios que otorga en instituto a particulares que prestan el servicio de guarderías están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”, dice a la letra el estudio.
Peor aún, cuando se trata de la entrega de prebendas a los cuates del mismo partido, como ocurre en este caso con el PAN donde, en ese beneficio de administrar guarderías, hay una cantidad importante de militantes de ese instituto político (que tampoco es el único partido), receptores de las cuotas del instituto por cada niño, que en sumatoria resultan cuantiosas.
El documento de los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Rozón Sevilla, determina las causas por las que murieron los niños: “es posible afirmar que el incendio ocurrido en la guardería ABC fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del gobierno del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo”.
Pero además, el IMSS ha incurrido en la ilegalidad durante tres décadas, porque “ha otorgado contratos para guarderías subrogadas sin tener las atribuciones”. Es más, incumple su responsabilidad, en cuanto a la operación y vigilancia de las instancias infantiles, porque hay un “desorden generalizado”. Y, en “sólo 14 contratos de prestación de servicios, de un total de mil 480, se otorgan habiendo quedado satisfechos todos los requisitos legales. Once contratos se regularizaron después de la suscripción”. La irregularidad es la pauta, pues en general, sólo “un 0.3 por ciento de las guarderías cumplen cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento”. De ahí deriva la irresponsabilidad de autoridades federales.
El incendio fue provocado a raíz de “un cortocircuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler”, en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda estatal tenía almacenadas grandes cantidades de documentos. Pero en las instalaciones de la guardería no había las mínimas previsiones de protección civil, como ocurrió con los extinguidores. Un “49 por ciento de los prestadores de servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo 407 tienen el visto bueno de bomberos vigente”, dice la Comisión en su informe. Eso se sabía, pero confirma la falta de supervisión de las autoridades locales competentes. Como tampoco hubo la certificación técnica del inmueble en donde se instaló la guardería ABC.
De estas y otras omisiones específicas en el caso de la guardería de Hermosillo, es que se deriva el señalamiento de responsabilidad para las autoridades locales. De aquí sigue el castigo a los responsables. La impunidad no tiene por qué gozar de toda la libertad para ejercer, por las consecuencias que trae para la sociedad. O, como en este caso, por el respeto de la vida y el derecho a la justicia que merecen los padres de los niños que perecieron por la absoluta negligencia en la guardería ABC.
No importa el grado de la autoridad implicada, las imputaciones surgirán en todo caso de la aplicación de la ley correspondiente.

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