Impunidad vs. periodistas

INSEGURIDAD
07/marzo/2010

*México, país de alto riesgo en 2009
*Los atentados involucran autoridades

En los últimos años el ejercicio periodístico en México padece la sacudida de un estado en guerra. Como consecuencia de ello, el país se ha ganado el muy lamentable primer lugar mundial por el peligro que hoy representa la labor de informar. No obstante que el derecho a la información es una prioridad elemental para cualquier sociedad, cuyo Estado se jacta de adoptar a la democracia como mecanismo, medio y fin de la gobernabilidad y la solución de los conflictos, es el Estado mexicano de los últimos tiempos el que está fallando tanto en garantizar el ejercicio libre de dicha labor, como en proteger los derechos humanos de los profesionales del ramo.
Y hay que ubicar bien el problema, porque de lo contrario caemos en un falso debate. Así, por ejemplo, al respecto, el Presidente Felipe Calderón ha dicho: “Hoy sí, la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a los periodistas son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y que no toleran ningún señalamiento y ninguna crítica. Son los criminales, con sus acciones violentas, los que ahora censuran, los que ahora amenazan, los que ahora limitan la labor de los comunicadores”.
Pero no. Y el problema se tiene que ver en su justa dimensión para no pisar en falso y buscar culpables en donde no los hay, por una parte, y para no eludir responsabilidades por el otro. Porque, o bien Felipe Calderón está mal informado (craso error), o se justifica en el deslinde como titular del Poder Ejecutivo por no hacer lo suficiente para evitar así como las agresiones, la impunidad que prevalece en las investigaciones de tales violaciones que se cometen contra los informadores.
El caso es que, según datos revelados por Raúl Plascencia, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el viernes 5 con motivo del informe 2009 de dicha institución, el año pasado ha sido el de mayor número de agravios contra comunicadores con 79 casos, y otros 26 perpetrados a los defensores de los derechos humanos.
Pero hasta los datos de Plascencia se quedan cortos; que no debiera por tratarse de la instancia defensora de los derechos humanos, y porque eso tiende a minimizar el problema. Es decir que no fueron 79 sino 183 casos de agresiones los documentados (19 contra medios de comunicación y 13 comunicadores asesinados), según la atención puntual que del problema tiene el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), que se dio a conocer el 23 de febrero en su “Informe anual 2009”. O sea, que “el saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23% más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes”.
Dice el Centro en su informe: “Entre los 140 incidentes conocidos por el CEPET (los cuales arrojaron la cifra de 183 informadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó 17 casos (12.14%); Veracruz, 15 (10.71%) y Chihuahua, 15 casos (10.71%); es decir, que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico”. Los demás en el resto del país. Y de los 13 periodistas asesinados, “de acuerdo con los reportes de las propias autoridades, hay elementos para presumir que siete de ellos tendrían relación con su trabajo, y al menos cinco habrían sido perpetrados por el crimen organizado”.
Ahí figuran los casos de: 1) Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo en Gómez Palacio, Durango; 2) Juan Daniel Martínez Gil, periodista del Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco el 27 de julio; 3) Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre; 4) Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en Durango, Durango; 5) José Luis Romero, reportero de policiaca del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa. Encontrado el 16 de enero, pero con datos de ser ultimado 15 días antes.
Valoración aparte. “Para el CEPET es especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien siguen sin tenerse más datos a más de cien día de ausencia”. De todos, aquí comienza lo lamentable, “sólo el crimen de Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, pudo resolverse y actualmente hay cinco implicados en la cárcel acusados por su asesinato”. ¡Sólo un caso resuelto!
No en balde Plascencia señala el nivel de incumplimiento de los derechos humanos como un indicador de la gobernabilidad, de la democracia y del Estado de derecho, reconoce que una de las tres recomendaciones emitidas por la dependencia derivó de las agresiones a periodistas, “y la impunidad prevaleciente”. Y en este sentido apunta el CEPET que: “La muerte violenta de periodistas y el rezago en la investigación de los registrados en lo que va de este sexenio evidencian la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en combatir la impunidad y cumplir con su obligación de acceso a la justicia y protección al derecho de libre información”.
Aparte de los irresueltos, “peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado —policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles—, las señaladas como responsables de las agresiones”. Y son uno de cada tres, los ataques contra periodistas que involucran autoridades. “En comparación, sólo en 12 de las agresiones se presume la participación del crimen organizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las entidades” del país, concluye el CEPET.
Funcionarios de todos los niveles escudándose en el narcotráfico para efectuar las agresiones y culpar a narcos. Atropellos que permanecen en la impunidad y trastocan el derecho de la sociedad de estar informada; labor que se cumple a pesar de la nula protección por parte del Estado a garantizarla. De ahí también los señalamientos de organismos internacionales a las autoridades mexicanas por la falta de resultados. De ahí la impunidad que contribuye a clasificar a México como el país más peligroso para el ejercicio periodístico.

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