Sospechas por la protección

INSEGURIDAD
12/enero/2010

*Actividades ilícitas al cobijo del poder
*La impunidad, para seguir coludidos

Una de las múltiples líneas de investigación que deben seguirse, pero que no siempre continúan porque corresponden a los posibles nexos con los negocios ilícitos cuyas denuncias engrosan la fila de expedientes de la impunidad en este país, es la relación de los delincuentes con los hombres del poder o ligados a él, y sin importar cargos ni jerarquías. Porque cualquiera puede caer en la tentación de recibir aportaciones millonarias —los cañonazos de 50 mil pesos de Álvaro Obregón quedaron para la historia— sin mayores complicaciones que cuidarse de no ser descubierto, denunciado (¿juzgado?, ¡con suerte y nunca!) y también saberse impune.
No se olvide que una buena parte de la proliferación del tipo de actividades relacionadas con la delincuencia organizada en nuestro país —asaltos bancarios, secuestros a importantes empresarios, plagio exprés que sucede últimamente con gran frecuencia, el tráfico de personas y de órganos, venta de niños y redes de prostitución y pornografía, entre otros—, desde los años 80 del siglo anterior a la fecha, sucede por la protección que se brinda a los que delinquen mediante la filtración de información sobre posibles operativos o presuntas investigaciones.
Contubernio desde la autoridad, en otras palabras, con la delincuencia organizada. Porque la protección es un instrumento para la proliferación y extensión territorial de las actividades ilícitas, muy aparte de los millones de dólares que representan los “negocios” y por ello muy tentador el involucramiento. Cuando no son organizados o protegidos desde el poder mismo. Como sucedió, recuérdese, con el arribo de Jorge Carrillo Olea a la gubernatura de Morelos que proliferaron el secuestro y los asaltos en la entidad. Y luego fueron relacionados con células de ex colaboradores del propio Olea, en los tiempos en que fue Coordinador General para la Atención contra los Delitos de la Salud de la Procuraduría General de la República (PGR).
Pero no es nuevo que la suspicacia aparezca por la puerta principal, en instancias relacionadas con el gobierno. Así ha ocurrido en casos como los siguientes. Ejemplo 1. Desde la más elevada jerarquía, las sospechas no han abandonado el sexenio de Carlos Salinas. “Los grupos de narcotraficantes fueron atacados con firmeza durante mi gobierno”, dijo el ex presidente en carta reivindicatoria de su gestión, firmada el 3 de diciembre de 1995, para deslindarse de la debacle y culpar al sucesor, Ernesto Zedillo, por el “error de diciembre”. Pero, de acuerdo con el análisis de Miguel Ángel Granados Chapa titulado ¡Escuche, Carlos Salinas! (Océano, 1996), “no pocas interrogaciones saltan cuanto más de cerca se examina la actividad gubernamental en esa materia durante ese periodo”.
Para combatir el narcotráfico desde la PGR, Salinas nombró a Enrique Álvarez del Castillo, ex gobernador de Jalisco, entidad donde floreció el negocio de las drogas en su tiempo y ocurrió el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Y el segundo de a bordo en la PGR era, ni más ni menos que, Javier Coello Trejo. Este último, célebre porque sus escoltas participaron en el caso “las violadas del sur”. Pero además, “su relación con el narcotráfico era una verdad repetida en voz baja en varios ámbitos”, dice Granados Chapa. Más tarde, ambos personajes quedaron en entredicho. En los informes policiacos de EU, apareció el nombre de Coello, cuando se fundamentó la acusación en contra de Juan García Ábrego. Y Del Castillo también fue puesto bajo sospecha por EU.
Ejemplo 2. El caso de Mario Villanueva Madrid, El Chueco, ex gobernador de Quintana Roo (al igual que otros gobernadores señalados, más no procesados) fue emblemático. No sólo porque al concluir su periodo como gobernador en 1999 salió a oscuras y por la puerta de atrás del palacio de gobierno, sin entregar la estafeta al sucesor, Joaquín Hendricks Díaz. También porque fue juzgado por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, con todo y fue capturado varios años después. Tiempo en que se mantuvo prófugo de la justicia.
En su momento (3/III/2000), un informe de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), reveló sospechas con el vecino, el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco. Dijo: “En los estados de Yucatán y Campeche, hay evidencias de que narcotraficantes, empresarios y algunos políticos mantienen relaciones directas e indirectas con los cárteles de la droga”. Siempre se supuso también, que Cervera ayudó a Mario Villanueva a huir y a esconderse en alguna parte, hasta que fue capturado en el poblado de Alfredo V. Bonfil, por agentes de la DEA y la PGR.
Tras permanecer en la cárcel y los intentos de ser extraditado a EU —liberado en 2007 del penal del Altiplano, ser reaprendido por la PGR, y llevado al Reclusorio Norte—, el 4 de junio de 2008 el Segundo Tribunal Unitario del Estado de México lo condenó a 36 años y 9 meses de prisión por el cargo de narcotráfico.
Ejemplo 3. Muy sonado resulta el caso del general de división del Ejército, Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado y sentenciado igualmente por mantener vínculos con el ya fallecido fundador del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Rebollo, detenido en 1997 y preso en La Palma, era el comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Apenas en 2007 un juez le dictó sentencia por 40 años por proteger a El Señor de los Cielos.
Apenas en la revista Proceso que circula esta semana, se revela parte de la declaración ministerial de Vicente Carrillo Leyva, El Vicentillo, hijo del mencionado Amado Carrillo y acusado de lavar dinero del narco, la evidencia de que el cártel de Juárez ha contado siempre con la protección de efectivos del Ejército, y de las policías estatales y federales.
¿Cuántos más son perseguidos, o andan impunes?

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