Bodas gay, puritanismo del PAN

INSEGURIDAD
13/enero/2010

*Las reacciones de la Iglesia católica
*Panistas deben defender el Estado laico

Dice la vox pópuli que discutir de política y de religión es como el cuento de nunca acabar. Trátese de reuniones privadas o abiertas. Claro que esto es verdad, cuando se “confrontan” opiniones. No se diga si desbordan las pasiones y se trata de imponer, a cómo de lugar, argumentos. No, si el caso es conciliar puntos de vista o intereses diferentes. Pero en un ambiente de convivencia, grupal o social, debe prevalecer el respeto a los demás. Como sucedía en el ágora (“mercado”), espacio abierto y público donde se discutían las ideas de las ciudades-estado griegas, y se conciliaban los intereses de los ciudadanos hasta llegar a los consensos necesarios. Ese es el origen y ejemplo de la democracia, desde los griegos hasta nuestros días.
Siendo así, cada quién es digno de creer en el sistema político que quiera, o en el Dios que sus necesidades anímicas o espirituales le demandan. El único principio es que no se afecte a los demás. Es el límite de la libertad individual, dentro del concepto del Estado moderno. Por eso los sistemas políticos autoritarios no prevalecen. Por eso también hay muchos dioses, porque entre otras cosas las religiones no convencen.
En pocas palabras, se trata de la prevalencia de la tolerancia, como parte y sustento de la democracia misma en cualquier sociedad del mundo. Y un Estado puesto y presto a salvaguardar la convivencia entre los ciudadanos. Como la libertad de expresión, que es fruto de un escenario democrático, de la discusión abierta, plural y de respeto, de los temas de interés general. Así sean ideas políticas o religiosas.
El preámbulo es porque el tema de las reformas al Código Civil del Distrito Federal, donde se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal —la primera ciudad en hacerlo en Latinoamérica—, los últimos días de diciembre del 2009, ha levantado agitaciones y descalificativos por parte de voceros y representantes de la Iglesia católica en el país. Comenzando por el más alto jerarca, el cardenal Norberto Ribera Carrera, y otros obispos como el de Aguascalientes o Morelia.
Con el grito en el cielo, Norberto calificó de “inmoral, inadmisible y condenable”, los cambios de la ALDF. “Sin referéndum”, porque es la unión entre dos personas hombre-mujer, lo que instituye la doctrina. “Se aprobó una ley inmoral —dijo—, que golpea en su estructura más intima a las familias mexicanas, sobre la cual nuestro país ha construido su rica historia, sus valores y su espiritualidad”. Por eso califica de “aberración”, equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio. “Ni siquiera perros hacen sexo con perros de su mismo sexo”, arremetió José María de la Torre Martín. “Antinatural”, dijo el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda. Reacción misógina y discriminatoria.
“Debemos recordarles a nuestros legisladores que la unión conyugal entre un hombre y una mujer es la única capaz de procrear, y que esto no es cuestión de concepciones religiosas, sino de una realidad”. Además, “la propia naturaleza humana ha dictado las bases de la institución del matrimonio heterosexual, para bien de los contrayentes, para la generación y educación de los hijos, y para la formación sana y adecuada de la sociedad”. Es decir, no tienen derecho a la convivencia y a legalizarla con la figura legal del matrimonio. (Yo tengo un punto de vista sobre la adopción de infantes).
Pero para no abundar, porque las declaraciones del cardenal son todas en el mismo tono de soberbia —el lector las tiene presentes—, sólo hay que decir a la Iglesia católica que ni siquiera como institución tiene la calidad moral suficiente para “corregir” estos asuntos a su modo. Mucho menos impedirlos, porque es un tema atendible dentro del Estado laico.
Por ello, compete a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, parar las declaraciones del cardenal —y no a la ALDF ni al PRD siquiera, mucho menos a los implicados—, porque estamos parados frente a un tema legislativo dentro del Estado laico moderno del siglo XXI. Eso, y no en un Estado confesional, porque no hay adherencia a religión alguna, ni en un Estado teocrático. Y porque al Estado mexicano le costó sangre deshacerse del control de la iglesia desde las leyes de Reforma de Juárez. Más la lucha que eso ha significado. Por eso ahora es el Estado quien debe dar la cara para defender la libertad, así sea la de unos cuantos. Tan sólo porque tienen el derecho a no ser discriminados por género, raza o preferencia sexual.
No sólo eso. Tampoco la iglesia tiene la calidad ética frente a la sociedad, porque nunca ha hecho nada en contra de los pederastas, por ejemplo —porque las tropelías y las ofensas orquestadas por los católicos se cuentan por montones—. Aquellos sacerdotes (¿como “perros”?) que atentan la vida de muchos jóvenes de ambos sexos, y son abiertamente encubiertos.
Seguramente con la campaña del “derecho a la vida”, el cardenal Rivera está contento, porque ya son 18 entidades donde se avala la “ley antiaborto”. Una norma que atenta contra la vida de las mujeres, porque les niega el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, al penalizar la interrupción del embarazo. Un asunto condenado, incluso, por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), donde mil 500 científicos mexicanos acusan de “regresivo” y “vergonzante”, que en esos 18 estados se esté limitando el derecho de las mujeres a decidir en el caso de un aborto. Que se esté en “el avance de visiones fundamentalistas sobre los derechos individuales de la mujer”.
Las reformas aprobadas por la ALDF fueron publicadas en la Gaceta Oficial el 29 de diciembre por el gobierno del DF, y entrarán en vigor el 4 de marzo. Revés al puritanismo religioso de los panistas, que nada hacen por defender el Estado laico frente a la iglesia. Al contrario, intentan una controversia constitucional contra estas reformas.

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