Derechos humanos e inseguridad

INSEGURIDAD
24/enero/2010

*La doble amputación social
*El gobierno desoye la realidad

La sociedad es azotada a dos bandas. No se diga con la inseguridad donde el gobierno practica la política del avestruz: todo el mundo se da cuenta de la realidad menos él. O ellos: los hombres del gabinete. Los responsables de área. Como si la realidad no existiera y tampoco el diagnóstico; o los funcionarios (aquellos que toman las decisiones) vivieran en otro ambiente porque no reconocen los errores. O como si negar la susodicha fuera la mejor manera de afrontarla y hasta resolverla. Más bien, como si nada interesara. Mientras el ambiente se calienta y la sociedad demanda seguridad en sus vidas. También repudia la violación a sus derechos humanos.
Pruebas de esa negación hay muchas. Como los datos de la inseguridad, por ejemplo, en todas sus modalidades durante los últimos años. Estados del país, ciudades y regiones involucradas, colonias, calles. Los escenarios del crimen que crecen. En todos lados daña el producto del activismo del narcotráfico. Pero también por la impunidad. Por la corrupción y el involucramiento de muchos, en el proteccionismo de las actividades ilícitas. Como el lavado de dinero que atañe al propio sistema financiero mexicano, y a muchas empresas implicadas. Inseguridad que avanza por las fallas en el combate al crimen organizado.
Pero la realidad es terca. Y siempre se sale con la suya. No importa que sean gobiernos; presidentes, gabinetes (funcionarios) y hasta legisladores o políticos quienes traten de manipularla. El caso es que por todos lados brinca también la violación a los derechos humanos. Hay cifras que respaldan a los argumentos y a la crítica. Es lo que disgusta al gobierno. También lo que lastima a la sociedad. Como el reciente Informe de Human Rights Watch (HRW) que retrata la situación de las violaciones a los derechos humanos.
Y las omisiones que no faltan, como las del encargado de la seguridad pública, Genaro García Luna, durante su reciente comparecencia ante la Permanente del Congreso. Como tratando de ocultar las cifras, o de interpretar los datos a modo. Para que no le peguen al gobierno. A él mismo. Para no asumir la responsabilidad de la derrota en una estrategia fallida.
Pero se imponen los datos, la cifras. De los asaltos, de los secuestrados, de los detenidos, de los vejados en sus derechos. No se diga de los muertos en Ciudad Juárez. Por diversas causas. Es la realidad para los que pisan la calle. No para los que planean desde el escritorio. Protegidos por un cuerpo de seguridad impresionante. Como los cordones de seguridad que resguardan al presidente y otros funcionarios; gobernadores también. Escoltas que actúan con lujo de prepotencia.
Mientras tanto la violencia trastoca la paz social. Y la incertidumbre causa zozobra entre la población. El peligro está latente en las calles de aquellas ciudades acosadas por la delincuencia organizada. Como el riesgo de viajar a la frontera para los migrantes. La proliferación de puntos de venta de droga; desde las narcotiendas en el DF. Lo que no significa que, como dice el titular de la SSP, el incremento en los índices de violencia esté legado al mayor número de adictos, y por el control del mercado de las drogas. Mentiras con verdades a medias. A modo para confundir. Por eso el rechazo a los argumentos del funcionario tratado como “engañabobos”. Como queriendo ver las cosas al revés.
Por eso García Luna no respondió a los datos recientes del por qué no se hace algo en contra del lavado de dinero. Simplemente las cifras que le echó en cara el senador Ricardo Monreal. Durante los últimos tres años hubo 141 mil reportes de movimientos “inusuales” en instituciones financieras, según Hacienda. Registrados 49 mil en 2009. Unos 649 movimientos “preocupantes”. Del total, sólo se investigan 20. Cero respuestas. Como tampoco la ley del cajón que duerme el sueño de los justos: la Ley de Extinción de Dominio.
Ejemplo. El lavado de dinero no se combate. Del propio reporte de la PGR, septiembre 2008 a julio 2009, se decomisaron 2.9 millones de dólares, y cuatro millones de pesos mediante procesos judiciales. Cuando los ingresos que genera el narcotráfico son superiores a los 20 mil millones de dólares anuales, según datos de la comisión de Seguridad de la Cámara que recoge el diario Reforma. Una estrategia a medias, que no garantiza la seguridad.
Como las reacciones contrarias, que no faltaron, al informe de HRW. El informe del organismo arremete en contra de las fuerzas armadas por las graves violaciones a los derechos humanos. Sextuplicaron las denuncias al Ejército entre 2006 y 2008, llegando a 559 al primer semestre de 2009. Denuncia el sistema de justicia penal, por la tortura y el maltrato. La sobrepoblación en las cárceles, entre otras muestras; riñas que dejan muertos y nada pasa. Los pendientes no resueltos por el Estado mexicano de la “guerra sucia”, ocurrida entre las décadas 60 y 80. Las más de 600 desapariciones.
El acoso a la libertad de expresión por los atentados, hostigamiento y agresiones a periodistas. Los ejemplos son lamentables y siguen impunes. El acoso a los defensores de los derechos humanos, 128 casos documentados desde 2006, 27 durante los primeros seis meses de 2009 e incluye los asesinatos. Los abusos en contra de las mujeres y las niñas, que protege la Constitución y son objeto de violencia doméstica y abuso sexual. Los atropellos a los derechos laborales de los trabajadores. Entre otras demandas permanentes que son desdeñadas por el Estado pero que reporta HRW.
Ni en materia de seguridad, ni en el respeto a los derechos humanos como parte de la estrategia en contra del crimen organizado, sale librado el Estado mexicano. Con las cifras. Esas que siempre brincan para desmentir los dichos. Son los innegables hechos. Una sociedad doblemente lastimada.

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