Durango, lucha territorial

INSEGURIDAD
22/enero/2010

*No cesan los enfrentamientos
*Escenario de narcotraficantes

Secuelas de la disputa territorial entre las bandas del narcotráfico, es —al parecer— lo que explica la reyerta registrada en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, de la capital del estado en Durango que dejó como secuela 24 reos muertos (23 primero, más uno después) y 20 (¿o más?) lesionados. Todos por arma blanca preparada por los propios reos en los talleres del penal, el pasado martes por la mañana.
El diario Contexto de Durango cabeceó así en su edición digital: “Tragedia en el Cereso 1 de Durango, 23 decesos por riña”. Y en el cuerpo de la nota agregó: “Aproximadamente a las 6:30 (no a las 7, como se manejó después) de la mañana la esposa de un reo del área de control recibió la llamada de su esposo internado y le dijo que los estaban atacando, que pidiera auxilio. Después que la esposa quiso volver a comunicarse ya le fue imposible... en cuanto se activó el código rojo acudieron las distintas corporaciones: 14 municipales, 7 estatales, 2 PFP (será PF), 22 de la DEI, 4 ambulancias de la Cruz Roja, 2 unidades del Semefo y 14 Unidades del Ejército militar”.
El fenómeno no es nuevo. Ni siquiera del estado de Durango. Porque los “centros para la readaptación” son extensiones de las rivalidades de la calle; de las disputas entre las bandas, como en este caso, de los narcotraficantes que pelean por los “mercados” o las “plazas” para la comercialización y venta de drogas, terrenos propios para otro tipo de actividades delincuenciales, como sucede en Durango, Chihuahua y otros estados del país. El tema de la sobrepoblación es discusión aparte, que no encuentra solución con ninguna autoridad; por eso el hacinamiento en las cárceles del país; por eso también la disputa interna por los espacios físicos y otro tipo de “servicios”.
Pero como exigió la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): hacer una investigación profunda, porque ya van 71 muertos en los penales de Durango. Pero antes, en el Cereso número 2, en agosto de 2009 otros 19 reclusos habían sido asesinados también en riñas internas. Y un mes antes, en julio, como se informó el día 18, hubo dos riñas en menos de 24 horas, en el mismo Cereso. Se registraron seis muertos y un herido.
El fenómeno ocurre con frecuencia. Como si en aquellos estados en disputa, los ceresos fueran escenarios donde la rivalidad se resuelve con la muerte. Los datos de la SSP federal (tomados de La jornada) revelan que entre el mes de septiembre de 2008 y diciembre de 2009, “los incidentes de cárceles en el país dejaron un saldo de 200 muertos, 507 heridos y 142 reos fugados”. Situación, esta última, que no es novedad desde la fuga del intocable Joaquín El Chapo Guzmán, de Puente Grande en Jalisco.
Nadie puede tapar el sol con un dedo. Como tampoco ocultar lo que resulta a todas luces inocultable. Territorios en disputa. Recuérdese la revelación del arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, en abril de 2009 cuando dijo en conferencia de prensa que en la entidad todos saben que El Chapo vive más adelante, en el municipio de Guanaceví. El grupo de la denominada Familia Michoacana tiene presencia en los municipios del sur de Durango, colindantes con Zacatecas, mientras que en el norte existen otros grupos.
Lo describió con todas sus letras el arzobispo duranguense: “En todos los pueblos de la franja que van desde San Andrés del Teul, en Chalchihuites, Súchil, Vicente Guerrero, Villa Unión, Ramón Corona, Cuauhtémoc, Allende, Victoria, toda esa franja”, es territorio de la Familia. Y, agregó: “Y también otro grupo que anda por el norte, en San Bernabé, Santa María del Oro, Guanaceví, ahí están asentados de plano, está más delante de Guanaceví, por ahí está El Chapo, por ahí vive, pero bueno, todos sabemos, menos la autoridad”. (Diario Reforma, 17/IV/09). Agregó, además, el peligro para los sacerdotes en territorio zacatecano, porque ahí anda la Familia Michoacana.
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, también en mayo del año pasado aceptó (como lo recogió el diario El Economista) que el grupo delictivo Los Zetas y gente del prófugo de la justicia, El Chapo, se disputan el territorio del estado de Durango. Aunque aseguró que la delincuencia se haya desbordado en la entidad al grado de afectar las actividades económicas en el estado. “Son diferentes bandas, dijo el gobernador, que están luchando por el territorio, que están identificadas unas con Los Zetas y otras por supuesto con la gente de El Chapo Guzmán, según información que se nos ha ofrecido por parte de investigaciones federales”, remató.
Y en efecto. Territorialmente todos los estados del país cuentan con sus respectivos “dominios”, según las bandas asentadas en cada lugar. Pero hay estados donde la presencia regional de más de una banda, genera la disputa por la “plaza” y brota la violencia. Y en el caso de la riña más reciente ocurrida el pasado martes en el Cereso 2 de Durango, los rivales fueron identificados como pertenecientes a ambos grupos delictivos presentes en el estado.
Pero como señaló en su “Segundo informe de labores” la Sedena en septiembre de 2008, que la expansión del narcotráfico obedece a la conformación de poderosas organizaciones, con gran capacidad operativa, logística y financiera... Los cárteles han construido una base social amplia, expresada en redes de protección, consumidores, productores, distribuidores, operadores, sicarios y lavadores de dinero”. Nada nuevo, pero es cierto. Sin embargo, como explica el analista Luis Astorga: “El tráfico de drogas tuvo sus orígenes con el gobernador Esteban Cantú, a inicios del siglo XX, para la década de 1970, con la policía política (la Dirección Federal de Seguridad), era muy difícil para los traficantes jugar con otras reglas que no fueran las que imponía el gobierno”. De pequeñas islas, hoy afecta al país entero.

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