¿Desequilibrio de poderes?

INSEGURIDAD
11/marzo/2010

*¿En dónde está el Congreso de la Unión?
*¿Hasta cuándo va a mejorar la seguridad?

Gracias a la tradición autoritaria y al presidencialismo que rige la vida institucional de México —donde la sociedad queda como receptora de las decisiones que se toman desde arriba, no obstante ser la fuente del poder otorgado, comenzando incluso por el Presidente en turno—, además de todos los reclamos que se le puedan hacer al titular del poder Ejecutivo por la falta de decisiones, la aplicación de políticas públicas equivocadas o pésima conducción del Estado, en el escalafón de la responsabilidad la siguiente instancia es el Congreso de la Unión.
Y no sólo porque al poder Legislativo le compete el equilibrio para los otros dos poderes del Estado —el Ejecutivo y el Judicial—, sino sobre todo porque se trata de los representantes populares y son la voz cantante (o eso deberían ser) del ciudadano que los elige para la elaboración, actualización y en su caso anulación, de aquellas leyes generales y políticas públicas que son indispensables para el buen funcionamiento de la vida pública —económica, política y social—, de una República como la nuestra: “democrática, representativa y popular”.
Bajo esa premisa general, es justamente al Congreso a quien le corresponde enmendarle la plana, como se dice, al Presidente en turno. Es el caso de todo aquello que devenga fallido o improcedente, falso o escabroso y tendencioso; ya se hable de las políticas públicas aplicadas, como ocurre en nuestra vida política con los llamados planes sexenales, o en todos aquellos programas de gobierno (como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos) o de estrategias así sean parciales, o que estén encaminadas a la persecución de objetivos de bienestar social, o simplemente de estabilidad de los implicados como ahora ocurre con la sociedad mexicana.
Cualquier postura del Congreso de la Unión, que refiera poner oídos sordos al llamado interés general, o de la sociedad en su conjunto, nos habla de por lo menos cuatro prácticas que corroen la función de todo representante popular: 1) Una falta de preparación para cumplir con la encomienda de legislador, o una completa ignorancia del papel que se tiene como parte de un órgano colegiado, como Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. 2) O, que los legisladores han traicionado su compromiso de origen; el que adquieren con el ciudadano que les otorgó la confianza para representarlo con el voto derivado en un proceso electoral. 3) Los legisladores se han vuelto cómplices de las dirigencias partidistas que luchan por perseguir sus propios intereses, y actuando en forma de bloques, desvían el objetivo principal de la representatividad y de la legislación como tal. Y, por último: 4) Se dejan manipular, convencer o hasta seducir por intereses ajenos, trátese de otro grupo o de otro poder; como se da con la impostación tendenciosa y mayoritaria, aunque la misma se aleje del interés general y resulte a beneficio de unos cuantos. Así esos pocos representan a otro poder establecido, o incluso correspondan a poderes ajenos como los fácticos que por todos lados hacen componendas sin importar el costo ni el desprestigio que esté de por medio.
Un ejemplo de este último punto sería, digamos, el de la aprobación camaral de la llamada Ley Televisa, que responde a muchos intereses —incluidos los presidenciales—, pero en perjuicio de la sociedad y a beneficio de unos pocos con mucho poder. La preocupación es que, cualquiera de estas omisiones señaladas distorsionan, limitan o denigran la función legislativa, y con ello perjudican el interés —o mejor decir— el bienestar de la población en general.
O sea, que del titular del poder Ejecutivo podrá decirse que abusa de las atribuciones mismas que le brinda el cargo presidencial, pero depende de los otros dos poderes que lo dejen avanzar en un contexto de equilibrio de dichos poderes. Igual podrá quedarse corto, el Presidente en turno, con el cumplimiento de las principales demandas ciudadanas en el país. En todas aquellas materias que implican enfrentar y resolver los problemas fundamentales, como son los económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera, hasta llegar a la seguridad (o la seguridad pública como tal).
Por esos y otros motivos no se explica por qué el Congreso de la Unión, o los legisladores de todos los partidos políticos, no le enmiendan hoy la plana al presidente Calderón en materia de inseguridad. ¿Qué no basta la insistencia desde todos los sectores de la sociedad, para que se revise la estrategia antinarco que emprendió Calderón hace tres años y a estas alturas, además de zozobra y violencia generalizada, no ofrece los resultados prometidos?
Y tantas interrogantes más: ¿Acaso no ha quedado claro que resulta a todas luces insuficiente la confrontación de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico con la Fuerzas Armadas del país, haciendo funciones de policía que no le competen?
¿O qué los reclamos de la sociedad juarense, por ejemplo, que es un eco de una demanda nacional, resultan aún insuficientes para que el Congreso tome cartas en el asunto? Nadie quiere que no se combata a los criminales. Todos demandamos SEGURIDAD. Pero no se aplica ninguna otra de las medidas llevadas a cabo con éxito en otros países para combatir al flagelo del narcotráfico. La estructura financiera, por ejemplo, está intocable. No hay policía investigadora, que es la demanda última del titular de Sedena, Guillermo Galván Galván. Tampoco se hace partícipe a la sociedad.
¿Acaso se tiene que esperar a que corra más sangre de tantos mexicanos inocentes, en esa guerra fratricida donde el Congreso sólo se cruza de brazos (envuelto en las rebatingas partidistas de las alianzas o coaliciones electorales; otro de los intereses meramente partidarios), toda vez que Calderón insiste en hacer más de lo mismo? Galván quiere de los partidos aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad de Calderón de abril pasado, para que el Ejército tenga mayores atribuciones sobre todo policiacas, como lo ha reiterado con senadores del PRI hace una semana y ayer con los del PRD. Galván anda en busca de una salida digna. ¿Pero acaso el Congreso no ve la tentación autoritaria del actual gobierno, de mantener indefinidamente al Ejército en las calles? ¿Quién juzgará a quién por tantos errores y omisiones? La sociedad está de pie.

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